Javier Duarte, el “rey” del penal

Desde su ingreso al Reclusorio Norte en julio de 2017, tras ser extraditado de Guatemala, Javier Duarte ha vivido una serie de transformaciones, relatadas a esta columna por visitantes del penal.

Sus primeros meses y años fueron sombríos: cayó en depresión, estuvo medicado y en observación, pasaba la mayor parte aislado, bajó de peso, y escribía cartas de despedida. Con el paso del tiempo, el exgobernador de Veracruz cambió su rutina y su rol dentro del penal. Aunque siguió tomando antidepresivos, se rehabilitó y comenzó a ser descrito como el “rey” del penal: hizo amigos, organizaba fiestas, jugaba con otros reclusos, les daba asesoría y solía marcar los días con un plumón rojo en los muros de su celda.

Duarte fue sentenciado en 2018 mediante un procedimiento abreviado acordado con la entonces PGR, en el que aceptó su responsabilidad a cambio de una reducción de pena. La ruta jurídica apunta a que, si no obtiene beneficios ahora, podría alcanzar la libertad anticipada en abril de 2026; sin embargo, la audiencia de este viernes es definitoria, porque el juez José Luis García Benítez resolverá si cumple o no con los requisitos de conducta y reinserción. Si el juez concluye que no hay mala conducta, Duarte podría obtener la libertad de manera inmediata. Pero si la FGR logra acreditar que infringió las reglas internas del penal, el beneficio quedará descartado y deberá continuar en prisión hasta agotar su sentencia o hasta una nueva solicitud en el futuro.

Las últimas audiencias complicaron ese escenario. Un testigo declaró que se le encontraron objetos prohibidos en su celda —latas de alcohol, un Blu-ray, un módem modificado y un teléfono celular— y que realizaba actividades no autorizadas. La FGR asegura que esas conductas invalidan cualquier beneficio. Su abogado afirma que se trata de exageraciones.

El Ministerio Público insiste en que su comportamiento debe evaluarse con rigor, pues la mala conducta interna es causal suficiente para negar la liberación anticipada. La defensa argumenta que no existen sanciones vigentes, que Duarte participa en programas de reinserción y que el expediente disciplinario no respalda las acusaciones.

Los escándalos que lo llevaron a prisión siguen pesando: desvíos millonarios mediante empresas fantasma, triangulación de recursos públicos, adquisiciones simuladas y vínculos indirectos con la red de Odebrecht en Veracruz. Su captura en Guatemala y el proceso de extradición reforzaron el retrato de un gobernador de los más corruptos de la época reciente que desfalcó a su estado.

En el Reclusorio Norte, Duarte compartió estancia con personajes como Juan Collado, Alonso Ancira, Emilio Lozoya y Jorge Luis Lavalle. Abogados, empresarios y políticos que, por distintas causas, coincidieron en el mismo lugar, entre privilegios y el manejo político de sus casos.

Posdata

El empresario Daniel Chávez, propietario de Grupo Vidanta, se reunió conmigo para aclarar que ni él ni sus empresas tienen relación alguna con Kapital Bank ni con las operaciones vinculadas a la compra que realizó esta firma recientemente. Chávez asegura que lo publicado en esta columna el 25 de agosto pasado generó “una confusión innecesaria” que, desde su óptica, lo colocó en un escenario reputacional delicado.

El empresario aseguró en que “no existe vínculo, relación, ni participación de ningún tipo” entre Vidanta, su patrimonio personal o su entorno familiar, y la operación que involucró a Kapital Bank y los activos de Intercam. Dijo que cualquier interpretación distinta es incorrecta y que su reacción —con desplegados y acciones legales— respondió al afán de “proteger la reputación de la compañía”, no de escalar un conflicto con la prensa.

Chávez pidió que esta precisión quede asentada públicamente, en sus palabras, para evitar que “una historia ajena” pudiera asociarse con su grupo empresarial o con su familia. Su petición es que se deje claro que Vidanta y él no tuvieron conocimiento, relación, ni involucramiento alguno con esa operación financiera.

Posdata 2

La promesa de Ricardo Monreal y de la bancada morenista de destrabar la reforma de la jornada laboral de 40 horas antes del 15 de diciembre confirma que el tema avanza, pero con señales encontradas. Aunque en Palacio Nacional se esperaba un dictamen previo al 20 de noviembre, la división legislativa se impuso. La reforma será “gradual” y el impacto sigue sin conocerse del todo.

El 97% de las unidades económicas del país son micro y pequeñas empresas, y más del 70% del empleo formal proviene de ellas. Según cálculos de la Coparmex y del CCE, una reducción inmediata a 40 horas implicaría un aumento de entre 20% y 36% en los costos laborales, dependiendo del sector, además de la necesidad de contratar personal adicional para cubrir turnos.

En este contexto regresa a escena José Medina Mora, presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial. Desde la Coparmex fue una de las voces más firmes contra la reducción inmediata de la jornada laboral, al advertir que “no es el momento” debido al déficit de personal, el encarecimiento de los costos laborales y la falta de condiciones para absorber el impacto. Su llegada al CCE en diciembre fortalecerá el flanco empresarial justo cuando la 4T intenta empujar su reforma laboral más ambiciosa desde la de la prohibición del outsourcing.

Posdata 3

En el mismo contexto laboral, la acción emprendida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Marath Bolaños, contra TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por presuntas irregularidades como la subcontratación ilegal y el impedimento de acceso a sus instalaciones, abre un nuevo frente entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y uno de los grupos mediáticos más relevantes del país.

La compañía ya anunció que presentará un recurso de revisión y un amparo para frenar los efectos del procedimiento, al tiempo que señala que la visita e inspección “no fue debidamente motivada”.

La medida es parte de una ofensiva legal y regulatoria que el gobierno federal despliega contra el Grupo Salinas. Ya existen procedimientos fiscales, regulatorios y judiciales, como el de un adeudo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, sumados al tema laboral, configuran la presión institucional sobre un actor estratégico del sector mediático.

Lo que se pretende hacer pasar como una inspección laboral normal apunta a uno más de los actos de fuerza gubernamental contra el entorno de Salinas Pliego.