LA CORRUPCIÓN PÚBLICA y privada en las aduanas del país es una amenaza para el T-MEC porque el huachicol de gasolina y el contrabando de China están más fuertes que nunca.
La reforma a la nueva Ley Aduanera está en el limbo y las negociaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump están pausadas, si no que en punto muerto.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, dijo recientemente que el huachicol fiscal genera una pérdida a la hacienda pública por 600 mil millones de pesos cada año.
Sin embargo, los expertos públicos y privados del mercado de hidrocarburos reconocen que el boquete podría rebasar los mil 500 millones de pesos.
Pero si se considera el comercio ilegal de mercancías de China, la defraudación al SAT, que preside Antonio Martínez Dagnino, podría rebasar los tres mil millones de pesos anuales.
Uno de los temas fundamentales en la relación México-Estados Unidos, con Tratado de Libre Comercio o sin él, es la susodicha reforma aduanera que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Lo más importante para el Departamento de Estado que encabeza Marco Rubio es el tráfico de drogas que por actos de corrupción se da de México a Estados Unidos, un tema de seguridad nacional.
Los problemas más comunes en el comercio de mercancías hacia México son: errores en la clasificación arancelaria, corrupción aduanera e importación de productos prohibidos.
Todo es tan o más importante que el propio huachicol gasolinero, sin contar robo de petróleo en altamar, ordeña de ductos de crudo y no pago de impuestos en las gasolineras por venta de producto robado.
El consumo nacional de combustibles cada mes se calcula en 733 mil barriles de gasolinas, de los que casi 60% es importado; es decir, poco más de 400 mil barriles Pemex, que dirige Víctor Rodríguez, compra.
Y seguiremos siendo dependientes porque el sistema nacional de refinación no logró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador incrementar la producción nacional de 337 mil barriles diarios.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos contra México por el combate a los grupos delincuenciales urgieron a que la administración de Sheinbaum modificara la operación aduanera del país.
Pero los cambios apenas inician y de cara a la renegociación del T-MEC falta mucho por recorrer y negociar con nuestro país, siendo la certificación de funcionarios aduanales mexicanos lo más sensible.
Delicado porque la gente de Rubio, así como el Departamento del Tesoro, que comanda Scott Bessent, y la Secretaría de Comercio, que lleva Howard Lutnick, insisten en que las aduanas sean binacionales.
Para frenar la sangría fiscal que genera el huachicol y el contrabando, el gobierno de Sheinbaum emprendió varias acciones como modificar la Ley Aduanera, cuyas enmiendas ya fueron publicadas.
Pero también auditó a los grupos importadores y eliminó a aquellos que tienen vínculos con la delincuencia y suprimió casi todos los permisos de importación.
En el régimen de López Obrador solo 10 permisos controlaban más de 50% de la importación y casi todos estaban relacionados con el primer círculo de la familia presidencial, léase Andrés y Gonzalo López Beltrán.
Se prevé que a fin de mes y antes de que concluya el año, la Secretaría de Energía a cargo de Luz Elena González, empiece a entregar nuevos permisos para importar y distribuir productos derivados del petróleo.
Pero no es suficiente el cambio regulatorio: es necesario relevar a los principales directores de las aduanas de la frontera norte, de puertos y aeropuertos, sin importar que sean marinos, militares o funcionarios públicos de carrera.
LA FISCALÍA GENERAL de la República de Alejandro Gertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera de Omar Reyes Colmenares, investigan a procesadoras de pagos y casinos de la CDMX por presunta evasión fiscal y la posible conformación de una red de lavado de dinero. Se identificó un esquema financiero en el que participan Kushki, que dirige Arón Nathan Schwarzkopf y la SOFOM E.N.R., que dirige Fernando López Lacroix, dedicada al procesamiento de pagos y a la operación de terminales punto de venta (TPV). Esta compañía habría celebrado contratos con la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjeta, para proveer servicios de procesamiento a diversos receptores y agregadores. Sin embargo, parte de estas operaciones se realizarían mediante un producto financiero asociado presuntamente a AlquimiaPay, de Sergio Loredo Foyo, actualmente registrada como Alquimiadigital.mx. Kushki proveería terminales de pago a Alquimia y a casinos, permitiendo que, en operaciones donde los clientes no solicitan factura, los recursos se canalicen directamente hacia cuentas manejadas por Alquimia y otras compañías. Este mecanismo habría facilitado, presuntamente, la omisión del pago de impuestos y el movimiento de fondos hacia negocios fachada sin el cumplimiento de requisitos regulatorios. La presunta estructura operaría, según la investigación, con conocimiento y participación de Sebastián Castro Galnares, cofundador y presidente de Kushki, y de Schwarzkopf, quienes presuntamente habrían sostenido negociaciones directas con Loredo, señalado en diversas denuncias como pieza clave dentro del esquema de lavado de dinero y evasión fiscal. Schwarzkopf y Castro Galnares, de acuerdo con la información disponible, serían de origen ecuatoriano y contarían con ciudadanía estadounidense. Las investigaciones del caso por parte de las autoridades aún continúan.
HOY, EN LA Cámara de Diputados, se votará con excepción de trámites legislativos la Ley de Extorsión, luego de varios cambios tendientes a penalizar más el delito de extorsión. El tema de incluir a los medios de comunicación levantó hasta en Morena preocupaciones, pues se podría prestar a todo tipo de abusos por parte de los ministerios públicos estatales contra comunicadores y dueños de medios. Sería incluso darles más armas a gobernadores que quieren silenciar a medios de comunicación, como lo hemos visto en Campeche con Layda Sansores, o Veracruz con Rocío Nahle. Si bien el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, presentó ajustes para sacar a los “medios de comunicación” de la redacción expresa de la ley, el tema no fue racionado de manera expresa en el dictamen del Senado. Así que se espera que la oposición y quizá el oficialismo den hoy alguna claridad en sus posicionamientos para asegurar que, de los medios de comunicación, directivos y periodistas, no vayan a la cárcel bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Habrá que estar pendientes. Si no se dictamina correctamente el tema, además de que la Ley de Extorsión saldrá “manchada”, podrá haber fuertes reacciones de organismos internacionales en defensa de la libertad de prensa en México y hasta de los Estados Unidos, pues esta regla aplicaría a todos sus medios que operan en México: desde las agencias Reuters, Bloomberg y AP, hasta los medios New York Times y Wall Street Journal, pasando por CNN y FoxNews en la televisión restringida mexicana, y desde luego TelevisaUnivision en materia de contenidos y radiodifusión. Habrá que estar pendientes, incluido de cómo posiciona el tema la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán.
LIBERTAD FINANCIERA CONTINÚA fortaleciendo su compromiso con el desarrollo de las familias y emprendedores de México, consolidándose como una de las sociedades financieras con mejor desempeño en su segmento. Al cierre del tercer trimestre registró una cartera total de ocho mil 400 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 7.4%. En captación, la institución que lleva Silvia Lavalle alcanzó un total de nueve mil 900 millones de pesos, con un índice de capitalización de 138.7%, uno de los niveles más altos dentro de este ecosistema. Este indicador robustece la solidez financiera de la institución y su capacidad para seguir impulsando proyectos productivos a nivel nacional. En lo que va del año ha sumado más de 35 mil nuevos clientes cuyo promedio de cartera individual es de 34 mil pesos y más de 200 mil en el caso de inversión. Un cambio que ha logrado en los últimos años es que cerca de 90% de los trámites de crédito se hacen de forma digital haciendo un proceso más ágil y seguro. En este mismo periodo se sumó a la iniciativa de marca “Hecho en México” y renovó el reconocimiento de Great Place to Work.
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