Si en Tijuana, lugar donde nunca faltaba la chamba, hay filas de desempleados esperando una vacante de ensamblador, ¿qué queda para los municipios donde ni siquiera hay maquila? La imagen es clara: cientos de personas haciendo fila, como si la fábrica fuera la última tabla de salvación. Y quizá lo sea. Porque si en una ciudad donde siempre ha habido empleo industrial ya no alcanza para todos, el resto del país está peor de lo que se admite.
Los datos que nos dan desde el gobierno federal no coinciden con la realidad.
La maquiladora no se va, pero tampoco crece. Se está ajustando. Reacomodando. Traducido: contratando menos, apretando más.
Mientras tanto, desde Washington, los congresistas proponen nuevos paneles de resolución de controversias en el TMEC, presionando para que Pemex y CFE dejen de acaparar el mercado energético mexicano. Y no es una pataleta. Ya es una iniciativa de ley. La “Mexican Energy Trade Enforcement Act” quiere obligar a México a jugar limpio. Porque, según los estadounidenses, aquí se juega con dados cargados.
Y mientras llega el panel, lo que sí se va son los capitales. Siete meses consecutivos de salidas, más de 43 mil millones de pesos solo en octubre.
Los inversionistas no necesitan un comunicado oficial para tomar decisiones: simplemente huyen. Porque lo que ven es incertidumbre y simulación.
La respuesta del Gobierno a los reclamos norteamericanos fue predecible: “No discriminamos a nadie”. Pero la omisión lo dice todo. No dijeron si se permite o no la participación de extranjeros en los sectores donde se quejan los legisladores gringos. Lo único que quedó claro es que están “abiertos al diálogo”.
Siempre están abiertos al diálogo. Hasta que se trata de soltar el control.
La Sener se escuda en que la ley mexicana es clara y que el TMEC ya prevé mecanismos para las controversias. Pero también lo hacía en 2022, cuando empezaron las quejas.
Y aquí estamos. Fingiendo que no hay un problema mientras el capital se va y los desempleados hacen fila.
El cuento del nacionalismo energético se sostiene con discursos, pero no con resultados. La inversión no llega. La competencia se frena. La gente pierde empleo. Pero eso sí, seguimos “respetando el tratado”… según nosotros. ¿Y si no lo estamos respetando? ¿Y si, en realidad, lo que defendemos no es la soberanía energética, sino el monopolio de la ineficiencia?
Mientras tanto, el país arde en sus contradicciones. Una economía que presume estabilidad mientras sus capitales huyen. Un gobierno que jura transparencia mientras se cierra a la competencia. Y un modelo de desarrollo que sigue anclado en maquilas, mientras el mundo invierte en chips, inteligencia artificial y cuanta cosa más.
¿Esto es lo que llamamos soberanía? ¿O simplemente quieren el pastel para ellos solos?
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