Minsa Comercial, S.A. de C.V., empresa propiedad de la familia de Altagracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración de Grupo Minsa y asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, recibió un contrato por 346 millones de pesos del Gobierno federal para la transformación, empaque y suministro de harina de maíz nixtamalizado entre marzo y diciembre de 2025.
El contrato fue otorgado por adjudicación directa por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA), bajo el concepto de “Servicio Integral de Transformación de Maíz de DICONSA en Harina de Maíz Nixtamalizada Marca Propia” como parte del componente “Maíz para Todos” del Programa de Abasto Rural.
El objetivo del programa es abastecer harina de maíz por debajo del precio de mercado a tortillerías en 3,500 localidades de 13 estados con población mayoritariamente indígena y afromexicana. Las reglas de operación del programa para el ejercicio 2025 fueron publicadas el 24 de enero de 2025.
La adjudicación directa se justificó, según el gobierno, por la urgencia del servicio y su enfoque en la atención a población vulnerable, con base en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
Minsa fue seleccionada tras el análisis de cotizaciones y deberá prestar el servicio hasta el 31 de diciembre de 2025. El costo de maquila fijado es de $3,962.96 por unidad, y el de empaque de $249.90, además del flete. El monto total adjudicado, sin IVA, es de $346,175,400.00, con la obligación de entregar una póliza de garantía del 10%, equivalente a $34,617,540.00.
El contrato se dio a conocer mientras campesinos mantienen protestas y bloqueos carreteros en distintos puntos del país para exigir mejores precios por tonelada de maíz blanco y apoyos al campo.
El 24 de noviembre escalaron las movilizaciones en estados como Sinaloa y Jalisco, donde los productores denunciaron que los harineros pagan poco más de 4 pesos por kilo de maíz, mientras que la tortilla se vende hasta en 27 pesos el kilo.
Los manifestantes también han advertido que no iniciarán la siembra otoño-invierno ante la falta de apoyos, los bajos precios y la creciente inseguridad, que habría provocado una caída del 50% en la producción respecto a 2022.
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