México está que arde. Asesinatos, ejecuciones, huachicol a manos del Estado, cárteles, crimen organizado, homicidios de policías y políticos, el crimen del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre cuando departía en una plaza pública junto a su familia y gobernados, que ha despertado la indignación y levantado las manifestaciones, y el pobre manejo en la narrativa presidencial sobre esta inseguridad y violencia, representan el contexto en el que la Fiscalía General de la República, para distraer las miradas, el sábado 8 de noviembre de 2025, detuvo en Tijuana, Baja California, a Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado de ser “el segundo tirador” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional.
Un magnicidio cometido hace 31 años, un caso juzgado con un asesino confeso en prisión, Mario Aburto Martínez, pero que por capricho del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue reabierto el expediente por la gracia y obra de sus ideas conspiracionistas. Una indagación que de suyo ha costado mucho a México, no sólo en memoria histórica y social contemporánea, sino en recursos y esfuerzos que involucraron a cuatro fiscales especiales, Miguel Montes, Pablo Chapa, Olga Islas y Luis Raúl González Pérez, el último de los titulares de la investigación que en el año 2000 determinó, con evidencia científica, ministerial, testimonial y de campo, entre muchas, muchas otras pruebas, que no había más responsables del asesinato que Mario Aburto Martínez, quien había confesado en un momento de la investigación, cómo accionó el arma para dar el primer disparo a la cabeza, y cómo sucedió el segundo que acertó en la humanidad del candidato del PRI.
Pero López Obrador veía y ve adversarios, complots y conspiraciones por todos lados, en la vida propia y en la ajena, y poderoso en el presidencialismo que ejerció de 2018 a 2024 como titular del Poder Ejecutivo, entre muchas acciones, reformas, iniciativas, políticas públicas y leyes que promovió a su santa voluntad, también ordenó la reapertura del caso Colosio y continuó lucrando con un pasado trágico para el País.
A conciencia, en muchas de esas acciones personalísimas de López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado seguimiento, acompañamiento y satisfecho los deseos de su antecesor, ahora con la reapertura del caso del crimen de quien fuera candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994.
Al expresidente, a la Presidenta y a la FGR, que se supone es autónoma, no les alcanzó la ocurrencia, la reapertura del caso y el destino de cientos de miles de pesos, de decenas de agentes investigadores y de ministerios públicos federales, viáticos y demás trámites, para sumar a la ecuación de la reapertura de un caso cerrado a la clase política priísta, o panista, de la que tanto reniegan y a la que 31 o 20 o 12 años después siguen culpando de las desgracias que ya les son propias, pero que no reconocen como tales.
Si les alcanzó, pírricamente, para de nuevo detener a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un hombre que en 1994 fue aprehendido y liberado después de que se probó ministerial y científicamente, que no estaba ni en el círculo principal cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y que su presencia en Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994 obedecía a una instrucción oficial del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, hoy aún existente pero “transformado” en el Centro Nacional de Inteligencia, CNI.
El agente del CISEN, Sánchez Ortega, llegó ese día a Lomas Taurinas por instrucciones de su jefe para enviar un informe sobre las condiciones sociopolíticas del mitin que daría el candidato priísta a la Presidencia de la República. Primero fue al aeropuerto a la llegada del priísta y después a la colonia de la concentración masiva. En el ínterin se le atascó el carro en el que viajaba (las lluvias de marzo en Tijuana suelen ser intensas), y como pudo con la ayuda de un anónimo ciudadano salió del brete. Cuando arribó al lugar, fue al baño de una escuela en la inmediación y con hambre, compró y degustó una sopa instantánea. No estuvo cerca del candidato en ningún momento, y de ello dieron cuenta quienes fueron testigos de las acciones narradas aquí mismo y en fojas oficiales.
Cuando terminó de comer, se dirigió a la concentración a buscar a sus compañeros del CISEN. Entonces observó movimientos inusuales en la muchedumbre que ese día se había dado cita para escuchar, ver y tocar al candidato del PRI a la Presidencia de la República. Para entonces ya le habían disparado al priísta, y lo que Sánchez Ortega observaba desde lejos era el círculo de políticos y de gente cerrarse en torno al candidato fatalmente herido.
Sánchez Ortega como pudo se adentró entre los presentes y llegó hasta donde seguridad y políticos cargaban a Luis Donaldo Colosio, para sacarlo de una camioneta y llevarlo a la ambulancia. Esto sucedió porque, en primera instancia, la ambulancia había quedado atrapada entre vehículos estacionados, los primeros respondientes, personal del Estado Mayor y de la política, subieron al agonizante candidato a una camioneta para llevarlo al Hospital, pero de pronto lograron despejar el camino de la ambulancia, y entonces lo trasladaron a la ambulancia.
Muchas personas fueron testigos de ello, hay incluso imágenes de cuando cargan el cuerpo herido y ensangrentado de Colosio, hay imágenes del momento del disparo, de Mario Aburto entre el gentío y cómo se fue acercado al candidato, cómo burló la seguridad y accionó el revólver que llevaba en sus ropas, para herir de muerte al priísta. En ninguna de las imágenes, tampoco en los videos, mucho menos en los testimonios de aquel día, aparece Jorge Antonio Sánchez Ortega cerca del candidato priísta. Pero cuando se acercó a observar lo que sucedía, cuando vio que cargaban el cuerpo ensangrentado del sonorense, una de las personas, por contacto, le manchó la chamarra que vestía. Esa mancha fue suficiente para cuando se dirigía a subirse en el carro para dirigirse adonde quiera que fuera la ambulancia, policías municipales lo aprehendieran.
Lo que siguió después fue una serie de análisis, pruebas, interrogatorios, exámenes, análisis de evidencias, y la declaración en tres ocasiones de Sánchez Ortega, en 1994, en 1995 y en 1997. Su caso lo investigaron cuatro fiscales especiales, y concluyeron lo mismo: el resultado de la prueba de radizonato en Sánchez Ortega no fue concluyente (había pólvora en sus manos, pero no en su ropa). Sánchez Ortega no aparece en los videos al momento del asesinato ni en los momentos previos. Sánchez Ortega no portaba arma de fuego cuando fue detenido.
No hay, en años de investigación de videos, fotos, interrogatorios, testimoniales, análisis, periciales, una sola prueba que ponga a Sánchez Ortega cerca del candidato, como sí está probada y documentada con pruebas, imágenes y testimoniales, dónde se encontraba y era lejos de la concentración del círculo cercano a Colosio Murrieta.
A la postre, Mario Aburto Martínez confesó el asesinato en una reconstrucción de los hechos en las instalaciones del penal de Almoloya de Juárez, recreó la forma en que sacó la pistola, apuntó a la cabeza del candidato del PRI, disparó, lo hirió y en la reacción masiva a su alrededor, vertió un disparo más. Mario Aburto Martínez ha sido probado y está confeso como el autor de los dos disparos.
Sin embargo, las pruebas científicas y ministeriales poco importan al expresidente, y ahora la Presidenta, o a la FGR que hace lo que desde palacio nacional le ordenan, y reabre un caso, le invierte miles de pesos, de esfuerzos humanos, le dedica espacio y tiempo aun cuando existe un asesino confeso, y lo que concretan es el más inútil y costoso distractor del sexenio: la reapertura el caso Colosio. Pretenden resolver lo que ya está resuelto y que sucedió hace 31 años, en lugar de aclarar las más de 25 mil muertes anuales que se tienen en México en los últimos siete años, que a veces superan las 30 mil, o el asesinato de Carlos Manzo, el Alcalde de Uruapan, o tantos más que permanecen en la impunidad, por lo que poco o nada lograrán con la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega mientras en el país los tentáculos del crimen tengan a la sociedad en vilo.
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