Qué ironía: para visibilizar la violencia contra las mujeres, tuvo que ser acosada la presidenta de México. Tuvo que ser ella, Claudia Sheinbaum, para que el país —ese país sordo, misógino y políticamente selectivo— mirara siquiera por un segundo el infierno cotidiano que viven millones de mujeres.
Porque no, no llegamos todas. No llegaron las asesinadas, las desaparecidas, las violentadas, las niñas ultrajadas ni las que se quitaron la vida al no encontrar justicia. No llegaron tampoco las que denunciaron y fueron revictimizadas, ni las que callaron porque sabían que de nada serviría hablar.
Las cifras oficiales son una lápida sobre el discurso triunfalista. Entre enero y agosto de 2025, se registraron 444 feminicidios. Es decir, 1.8 mujeres asesinadas al día solo por ser mujeres. Y eso sin contar las muertes violentas mal clasificadas como “homicidios dolosos” —otras 1,426 en el mismo periodo—, ni las incontables desapariciones, las lesiones, las amenazas y las violaciones que jamás llegan a un expediente.
Más del 90% de las víctimas de violencia sexual entre 1 y 17 años son mujeres. Lo mismo ocurre en la violencia familiar y en el acoso escolar o digital. Es un patrón sistémico, no una suma de tragedias aisladas. Un país que normaliza la violencia desde la infancia no puede pretender civilizarla en la adultez.
Y mientras tanto, los depredadores políticos siguen intocados. Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, sigue en el Senado. Cuauhtémoc Blanco, señalado por violencia contra mujeres, sigue blindado. Guillermo Sesma, acusado de violencia doméstica y sexual contra sus hijos, permanece impune. El sistema judicial no es ciego: elige a quién ver.
La impunidad es política de Estado. El feminicidio, un subproducto de la corrupción. La justicia, un recurso escaso reservado para las mujeres con poder o reflectores. El resto somos estadísticas.
La violencia de género se sostiene por tres pilares: el silencio institucional, la normalización social y la complicidad política. El primero se traduce en carpetas de investigación que no avanzan; el segundo en discursos vacíos que celebran “el avance de las mujeres” mientras se ignora la masacre; y el tercero, en legisladores como Gerardo Fernández Noroña, que comparan una riña en el Senado con una violación. Porque para ellos, el abuso sigue siendo un chiste, una metáfora, una exageración feminista.
Hasta la ONU Mujeres tuvo que recordarlo: no se puede minimizar la violencia. Pero México no necesita recordatorios internacionales; necesita justicia. Lo que hay es hipocresía institucional, maquillada con discursos de equidad y simulacros de sororidad estatal.
Si el acoso a la presidenta sirve de espejo, ojalá se mire completo: no es un hecho aislado, sino el reflejo fiel de un país donde el violador está en cada esquina, en cada despacho, en cada curul y, muchas veces, en el propio gobierno que se dice feminista.
Giro de la Perinola
Si el acoso alcanza a la presidenta, ¿qué destino les espera a las demás?
Si el sistema protege a los violadores cuando visten de guinda, ¿quién nos protege a nosotras?
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