El Gobierno federal analiza posibles cambios en el gabinete antes de que termine el año, con especial atención en la Secretaría de Gobernación, donde se da por inevitable la salida de Rosa Icela Rodríguez, quien podría ser trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una posición que había solicitado durante el proceso de transición en 2024.
La ejecución de Carlos Manzo en Michoacán intensificó las tensiones internas y aceleró los tiempos para una posible reconfiguración del equipo presidencial, ante el creciente desgaste por la protesta social. Dentro del oficialismo, hay consenso en que Gobernación necesita un perfil con mayor capacidad operativa para contener la conflictividad política y social.
Entre los nombres que suenan con fuerza destaca el de Omar García Harfuch, actual funcionario del gabinete de seguridad, quien ha ganado protagonismo y respaldo político. Su eventual llegada a Gobernación es vista como una plataforma para construir un proyecto político rumbo a 2030, con mayor margen para establecer alianzas, impulsar candidaturas estatales y fortalecer el control interno de Morena.
En ese mismo escenario también se ha mencionado a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien ha mejorado su relación con Claudia Sheinbaum y representa una figura con respaldo dentro de diversos grupos del oficialismo.
Cerca del equipo de García Harfuch consideran que Seguridad Pública es un espacio limitado para impulsar una agenda política de largo plazo, especialmente ante escenarios complejos como el de Michoacán. Sin embargo, Washington mantiene una postura contraria al cambio, pues las agencias de seguridad estadounidenses quieren que García Harfuch permanezca en su cargo al menos hasta 2027, con el argumento de que los efectos de la estrategia contra el crimen organizado requieren continuidad.
Dentro del círculo cercano de García Harfuch ya se han manejado posibles nombres para sucederlo en Seguridad, entre ellos Israel Benítez, encargado de Pemex Logística; Héctor Elizalde, subsecretario del ramo; y Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). No obstante, ninguna de estas opciones cuenta con el visto bueno de Washington, que insiste en no modificar la estructura actual de seguridad.
Para las agencias estadounidenses, factores como el aumento en las desapariciones o la percepción de inseguridad detectada por el INEGI no son prioritarios frente al objetivo de sostener una ofensiva constante contra los cárteles.
