Y luego preguntan por qué las empresas no quieren invertir, por qué se habla de la falta de Estado de derecho y de la indefensión ante la violación de derechos humanos tan básicos como el derecho al trabajo digno. Otro autogol —uno más— del gobierno contra los trabajadores del transporte público y los turistas, justo a meses del Mundial.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que los servicios brindados por empresas de aplicación como Uber y otras no cuentan con la autorización expedida por la Secretaría para operar en los aeropuertos del país.
Según la dependencia, el amparo (suspensión definitiva) otorgado por la jueza 13ª de Distrito en materia administrativa solo impide que la Guardia Nacional realice detenciones a los conductores que trabajen mediante la app, pero no les concede autorización formal para operar en aeropuertos.
En pocas palabras: el gobierno se pasa los amparos por el arco del triunfo. Una vez más, el “no me vengan con que la ley es la ley” se impone, y ya sabemos lo que eso significa: decisiones discrecionales que impactan negativamente en la industria nacional, en la competencia y en los usuarios.
Con este desacato, pierden todos: las empresas, el libre mercado y los ciudadanos. La SICT, de manera reiterada, se niega a otorgar permisos para que los conductores de Uber puedan recoger y dejar pasajeros en los aproximadamente 70 aeropuertos mexicanos. ¿Por qué? Todo indica que prefiere mantener los privilegios de los grupos concesionados tradicionales, con estructuras poco transparentes que durante años han operado sin competencia real.
El gobierno que se autoproclama “el más democrático y libre del mundo” demuestra, con esta decisión, su aversión a la libertad: la de elegir transporte, la de trabajar dignamente y la de competir en igualdad de condiciones. Todo mientras pisotea el Estado de derecho. Y eso, en términos prácticos, significa que la justicia está perdida, incluso antes de los cambios a la Ley de Amparo y con jueces “renovados” a modo.
De poco sirvió que la jueza otorgara la suspensión definitiva a favor de Uber, permitiéndole evitar operativos arbitrarios. La SICT simplemente ignoró el espíritu de esa resolución, dejando en la incertidumbre a los conductores y a millones de usuarios que demandan alternativas de movilidad seguras y competitivas.
La cerrazón del gobierno es, cuando menos, contraria a la lógica legal y económica. Porque no se atreve ni siquiera a justificar su postura bajo los clásicos pretextos de “seguridad” o “orden”. No. Ni eso. No ofrecen razón alguna. Solo un silencio conveniente, una barrera invisible que desalienta la inversión y perpetúa monopolios en beneficio de unos cuantos.
En resumen: la negativa de la SICT es una muestra de autoritarismo regulatorio que protege intereses opacos. Quienes se dicen de izquierda defienden, en los hechos, a los monopolios más abusivos del país: los de los taxis aeroportuarios, que imponen tarifas desproporcionadas y operan bajo esquemas poco fiscalizados.
Qué manera de lastimar a los conductores de Uber —gente que solo busca ganarse la vida de manera honesta— y de insultar el concepto de justicia social.
Decirse “socialistas” mientras se defienden privilegios y moches es una ofensa a los trabajadores. Pareciera que su lema oficial es: prohibido competir sin sobornar.
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