Acabar con redes de protección criminal

Presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como respuesta al asesinato de Carlos Manzo. Habló de que se iban a atacar “las causas de fondo” de la violencia y la inseguridad en Michoacán e hizo muchas propuestas, desde reuniones con grupos sociales y empresariales, hasta se darán cursos de arte en las comunidades.

Pero, al final, lo que termina proponiendo el plan, para el corto plazo, antes de que se platique, se hable y que se den becas y todo lo demás, es que se enviarán más elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, y que se hará lo que se tendría que haber hecho desde el principio: establecer una suerte de mando único, con juntas donde estén todas las autoridades de seguridad del estado, de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, junto con una Fiscalía local (que ha demostrado ser muy ineficiente hasta ahora) que judicialice las investigaciones. No entiendo cómo algo tan elemental, que se tendría que haber hecho desde siempre, se puede presentar como un plan que cambiará las cosas en una de las entidades más castigadas por la violencia y la inseguridad.

Si se quiere atender las causas de fondo, profundas, de la violencia en Michoacán se tienen que tomar otras medidas. Por supuesto, hay que enviar militares y guardias nacionales a enfrentarse con los grupos criminales. Lo vienen haciendo desde hace años. El Ejército (ahora con la Guardia Nacional) es la única institución que desde 2006, en forma ininterrumpida, se ha enfrentado a los criminales. Y lo ha hecho a un costo de vidas de soldados y oficiales muy alto, vidas que, desde el poder político, se suelen ignorar. A los criminales hay que golpearlos en lo único que les duele que son sus propiedades y sus vidas. Pero, además y si se quiere atacar las causas profundas de la violencia y la inseguridad en un estado como Michoacán, se deben atender tres cosas que no están en el plan: la corrupción de las autoridades, el miedo de los funcionarios para actuar y la enorme ineptitud que muchos han mostrado desde las funciones de gobierno. Se tiene que hacer algo tan elemental como quitar los obstáculos políticos que impiden emprender esa lucha.

Por ejemplo, remover al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, un funcionario que no ha hecho nada serio para enfrentar el crimen organizado; que a Manzo no le brindó el más mínimo apoyo, al contrario; que está siendo investigado por Estados Unidos por su relación con el narcotráfico, particularmente con el grupo de Los Viagras; que tiene familiares detenidos en Estados Unidos por narcotráfico y con relaciones familiares con los jefes de los cárteles que desde hace décadas han manejado Aguililla, el epicentro de los grupos criminales, la tierra donde nació El Mencho, el líder del CJNG (que muchas veces se olvida que tiene origen en Michoacán). Lo saben y lo han denunciado autoridades de seguridad dentro y fuera de México. Lo saben, y también lo investigan, autoridades en la Unión Americana. El propio Raúl Morón, a quien le quitaron la candidatura de Morena en 2021 para que quedara Ramírez Bedolla, sabe de esos lazos. También los conocía Carlos Manzo, a cuyo hermano José, Ramírez Bedolla nombró secretario de Gobierno del estado porque quería que compitiera contra Carlos en Uruapan, para dividir sus apoyos y sus votos de cara a 2027.

El Ejército, la Guardia Nacional, pueden hacer muchos esfuerzos, se pueden enviar más elementos, pero lo cierto es que nunca serán suficientes si no se remueven los funcionarios que han demostrado complicidad, miedo e ineficiencia. Es una decisión política que sólo se puede tomar desde una silla en el gobierno federal.

La Sedena, desde 2022 y seguramente desde mucho antes, ha enviado documentos que muestran las relaciones de los políticos locales con los cárteles en Michoacán, pero la decisión de apartar a esos funcionarios no la puede tomar el Ejército, esa decisión política la tiene que tomar la Presidenta de la República. Ése es el capítulo clave si se quiere romper con las redes de complicidades que atenazan el estado, si se quiere atacar las “causas de fondo” de la inseguridad y la violencia. Las becas, los apoyos, los diálogos con comunidades indígenas y empresariales son muy loables, pero no servirán de nada para atacar un problema estructural y con tantos desafíos coyunturales.

Hay que romper las redes políticas de corrupción y protección de los criminales. Eso es lo que no se ha hecho, ni ahora ni en las últimas administraciones y, además, hay que darle continuidad a las políticas de seguridad reales, las que dan resultados, que fue uno de los errores que cometió Peña Nieto y que se acrecentó aún más con López Obrador.

En esta administración ha habido un giro positivo en la estrategia de seguridad, pero hasta que la misma no llegue a las complicidades de la política y el poder, los resultados serán siempre insuficientes. El asesinato de Carlos Manzo es un punto de inflexión, es como un Ayotizinapa: el gobierno de Peña Nieto decidió no tocar a nadie, no pedir la renuncia del gobernador Ángel Heladio Aguirre, lo deslindó de responsabilidades y terminó asumiendo todos los costos. Y así les fue. Dar esa vuelta de tuerca sería el verdadero plan Michoacán por la paz y la seguridad.