El aumento a los llamados “impuestos saludables” en el Paquete Económico 2026 tiene como trasfondo la creciente presión de la deuda pública, cuyo costo financiero ya supera el presupuesto federal destinado a salud y educación.
En las discusiones con sectores afectados, como las refresqueras, la Secretaría de Hacienda fue clara: no hay espacio fiscal para reducir impuestos, ya que los pagos por intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda absorberán 4.1% del PIB el próximo año, una cifra récord que limita cualquier margen de maniobra presupuestal.
El costo financiero de la deuda —que agrupa intereses, comisiones y amortizaciones— superó por primera vez el 3% del PIB en 2023 y ha escalado de manera continua: 3.3% en 2023, 3.4% en 2024 y 3.8% en 2025. La proyección para 2026 establece un nuevo récord histórico, aunque se prevé una reducción paulatina hasta alcanzar 3.1% del PIB en 2031.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el crecimiento de las pensiones y la caída estructural de los ingresos petroleros son los principales factores detrás del endeudamiento. Ambos han provocado que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcancen niveles históricos, reduciendo la capacidad del gobierno para asignar recursos a otras áreas.
Ante este panorama, el Paquete Económico 2026 no contempla nuevos impuestos, pero sí un aumento en la recaudación, que crecería 4.6% en términos reales, mientras que los ingresos tributarios aumentarían 6.5%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
El mayor incremento provendrá de los llamados “impuestos saludables”, aplicados a bebidas saborizadas, sueros, tabacos, puros artesanales, productos con nicotina, videojuegos violentos y apuestas, que registrarían un alza de 38% interanual.
Actualmente, la deuda pública representa poco más del 50% del PIB, pero al compararla con los ingresos presupuestarios asciende a 230%, y a 347% si se mide contra los ingresos tributarios, según el CIEP.
La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar el paquete fiscal, mientras que el Senado cuenta con plazo hasta el día 31.
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