El Senado de la República aprobó este martes en fast track la reforma a la Ley de Amparo con 83 votos a favor de Morena y sus aliados, y 38 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El dictamen, que ya había sido modificado en la Cámara de Diputados, fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación.
La discusión se centró en el artículo tercero transitorio, donde se precisa que las etapas procesales concluidas o con derechos adquiridos se regirán por las normas vigentes al inicio del proceso, mientras que las actuaciones posteriores quedarán sujetas a las nuevas disposiciones, las cuales han sido señaladas como restrictivas por la oposición.
El texto asegura que la reforma no tiene efectos retroactivos, al tratarse de una ley procesal, pero legisladores de oposición calificaron el cambio como una simulación. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, denunció que el nuevo transitorio contradice a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en octubre había reconocido que la propuesta original no incluía dicho apartado.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, denominó la nueva legislación como “Ley de Desamparo” y advirtió que limita el juicio de amparo al restringir la suspensión de actos de autoridad y endurecer los criterios para que proceda.
Carolina Viggiano, del PRI, criticó el proceso legislativo exprés y afirmó que las reformas restringen el interés legítimo, lo que afectará directamente a colectivos, comunidades indígenas y personas vulnerables.
Según la legisladora priista, el verdadero trasfondo de la reforma es facilitar el cobro de créditos fiscales pendientes, que representarían más de dos billones de pesos y afectan en su mayoría a microempresas y pequeños comercios, con más de 190 mil casos estimados.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió el dictamen, al sostener que no hay retroactividad ni persecución política, sino una modernización de los procesos judiciales para brindar mayor certeza jurídica.
La reforma fue calificada como regresiva por diversos legisladores y organizaciones, que han advertido sobre la posible vulneración del derecho de acceso a la justicia con la entrada en vigor del nuevo marco legal.
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