La economía mexicana está anémica. De 2018 a la fecha, el país ha experimentado un crecimiento notablemente bajo, reduciéndose a menos de la mitad del promedio anual de 2 por ciento registrado durante los tiempos que el oficialismo llama la “oscura noche del neoliberalismo”.
Es un desempeño insuficiente para una nación con las necesidades demográficas y de desarrollo de México. La consecuencia más cruda de esta inercia es que el PIB per cápita se encuentra actualmente por debajo de los niveles de 2018, lo que significa que, en términos reales y, a pesar de la retórica, el bienestar promedio de cada mexicano ha retrocedido.
Esto no es casualidad, sino resultado directo de la erosión de la confianza. Una sombra de incertidumbre económica planea sobre el país, alimentada por decisiones gubernamentales que han socavado la seguridad jurídica y la previsibilidad. El ejemplo paradigmático de este desatino fue la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco, una acción que, más allá del impacto directo en la infraestructura y las finanzas públicas, fue una señal inequívoca al capital nacional y extranjero: las reglas del juego pueden cambiar de la noche a la mañana por voluntad política, sin costo-beneficio que lo justifique. La inversión, el verdadero motor del crecimiento sostenido, se ha resentido de manera profunda y la ausencia de un crecimiento vigoroso se ha convertido en el principal lastre para el desarrollo. La confianza, una vez rota, es lo más difícil de restaurar en la economía.
El panorama futuro, lejos de ser alentador, augura una crisis de suficiencia para el Estado. Si las proyecciones más conservadoras se cumplen, y México crece este año entre 0.5 y 1.0 por ciento, y apenas por encima de 1 por ciento en 2026, será cada vez más complicado dotar al Estado de los recursos que necesita para cumplir con sus obligaciones y con las necesidades apremiantes de la población. Esta situación de escasez presupuestal se acentúa, aun cuando el SAT continúe apretando la tuerca a los contribuyentes cautivos y recurriendo a esquemas fiscales que, en los hechos, son nuevos impuestos, aunque se evite llamarlos así para mantener la promesa de no aumentar la carga fiscal.
La rigidez del gasto público es alarmante y compromete seriamente la viabilidad financiera del país. Para 2026, el gasto en pensiones y el servicio de la deuda absorberán un apabullante 75% de los ingresos del gobierno federal, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos. Esto implica que el margen de maniobra para atender asuntos prioritarios como la salud, la educación y la seguridad –pilares de cualquier sociedad funcional– se reduce dramáticamente.
De acuerdo con datos de la organización México Evalúa, en 2026, cada mexicano pagará en promedio 48 mil 732 pesos para cubrir los gastos de pensiones, intereses de la deuda y las aportaciones y participaciones a estados y municipios, los llamados gastos obligatorios. En contraste, apenas 17 mil 195 pesos por habitante se destinarán a financiar rubros clave como salud, educación, cuidados y seguridad.
Ante estas cifras, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó con el crecimiento económico? La respuesta es simple y contundente: no se puede gastar lo que no se genera. Como bien dijo el exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, para que haya una buena hacienda tiene que haber una buena economía. Las finanzas públicas no son un ente independiente, sino reflejo inexorable de la salud de la actividad económica y la capacidad productiva.
Mientras el gobierno sigue financiando su agenda a golpe de endeudamiento estructural y de una presión fiscal creciente, la falta de una política clara y consistente para fomentar la inversión productiva y la confianza empresarial condena al país a un estancamiento prolongado. El bajo crecimiento no es sólo una cifra macroeconómica en un informe: es la limitación palpable para mejorar hospitales, escuelas, carreteras y garantizar la seguridad. Es el factor que, de seguir así, hará insostenible la promesa de un Estado de bienestar, pues el Estado simplemente carecerá de los medios para financiar su propia existencia digna y funcional.
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