En medio de los litigios con empresas y el paro de labores de trabajadores inconformes en el SAT, el caso de Samsung Electronics se ha convertido en un nuevo frente de tensión entre el gobierno mexicano y el capital privado. La multinacional surcoreana enfrenta un litigio con el Servicio de Administración Tributaria por la interpretación del llamado “retorno virtual” dentro del programa IMMEX, un régimen que permite a las compañías importar insumos temporalmente sin pagar impuestos si se destinan a la exportación. El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 8/2025, donde se discute si el SAT puede cobrar nuevamente el IVA a los productos terminados que se venden dentro del país, aun cuando ese impuesto ya fue acreditado en los insumos importados.
La ministra Lenia Batres ha sostenido que este mecanismo se ha utilizado de forma indebida para evadir el pago del impuesto y que su eliminación podría recuperar hasta 250 mil millones de pesos anuales para la hacienda pública. Su contraparte, la ministra Yasmín Esquivel, argumentó que cobrar nuevamente el IVA constituye una doble tributación que viola el principio de legalidad fiscal. “Las cobranzas pretendidas significan una doble cobranza del IVA”, advirtió durante la sesión. La controversia fue retirada del pleno en febrero y nuevamente en octubre, dejando a decenas de empresas exportadoras en un limbo jurídico, sin saber si la Corte confirmará la legalidad del mecanismo o si deberán pagar retroactivamente miles de millones de pesos.
Samsung México, dirigida por Thomas Yun, impugnó un crédito fiscal por 13 mil 500 millones de pesos. Dicho monto está documentado en expedientes judiciales, aunque versiones extraoficiales elevan el posible costo, con intereses y recargos, a más de 300 mil millones, equivalentes a seis años de utilidades de la compañía. La eventual resolución de la Corte podría afectar también a industrias que operan bajo el mismo régimen IMMEX, como la automotriz y la aeroespacial, pilares de la economía exportadora mexicana.
La versión es que Samsung evalúa cerrar sus operaciones en México y trasladarlas a otro país. La empresa mantiene operaciones en Querétaro, Tijuana, Baja California y Tlalnepantla, en el Estado de México, donde emplea a miles de trabajadores, por lo que una retirada inmediata luce poco probable. Sin embargo, en los consejos empresariales se reconoce que la incertidumbre jurídica y el endurecimiento fiscal han puesto a sus consejos directivos a repensar sus inversiones en el país. Aún no hay una decisión tomada, pero sí preocupación sobre el marco fiscal y el Estado de Derecho en México.
El caso Samsung sintetiza el punto de quiebre entre una política fiscal cada vez más agresiva y la estabilidad que las empresas necesitan para seguir invirtiendo. En Palacio Nacional se percibe que muchas corporaciones abusaron del régimen IMMEX durante años; en los corporativos globales, la lectura es la opuesta: que el Estado mexicano está criminalizando la productividad y usando las auditorías del SAT como herramienta de presión recaudatoria. El problema no es solo el monto en disputa, sino la falta de certeza jurídica y las formas de su titular, Antonio Martínez Dagnino, y de ministras como Lenia Batres.
Sea cierta o no la amenaza de cierre, el mensaje político y económico es contundente. México se acerca a un punto de inflexión. Si el Estado no define pronto una política fiscal clara para la manufactura exportadora, empresas como Samsung podrían reconsiderar su permanencia, no por capricho, pero sí por supervivencia contable. Esta historia no trata solo de una firma que se siente acosada; es el modelo del llamado “Plan México” que se tambalea entre la recaudación selectiva y las auditorías coercitivas. Otra mala señal para el sector privado. Una más para el SAT y el pupilo de Andy López Beltrán.
Posdata 1
El asesinato del abogado David Cohen Sacal frente a Ciudad Judicial estremeció a los círculos judiciales y políticos de la capital. Ahora se sabe que Cohen, conocido por litigar casos millonarios y por su cercanía con las más altas esferas del poder judicial, tuvo una reunión previa con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez –su gran amigo–. Tras su encuentro, lo asesinaron a unos metros del edificio donde despacha quien va por su tercera reelección al frente del Poder Judicial de la CDMX; al parecer una señal inequívoca para quienes quieran escucharla.
El crimen ha desatado una ola de sospechas sobre la red de poder que controla el Tribunal, un entramado donde confluyen jueces, magistrados, abogados y políticos ligados al Partido Verde. En el círculo más cercano de Guerra figuran su secretaria particular Karen Nalleyli Miranda Reyes; los jueces Nelly Ivonne Cortés Silva, José Alfredo Sotelo Llamas, Júpiter López Ruiz y Enrique Saldaña Baranda; así como el exfiscal interino Ulises Lara López y su entonces operador en investigación estratégica, Octavio Israel Ceballos Orozco. Alrededor de ellos se mueven figuras políticas como el diputado Jesús Sesma Suárez, su hermano Guillermo Sesma, y el senador Manuel Velasco Coello.
El entramado alcanza además al sector empresarial. Guillermo Voguel Fernández de Castro y su hermano Guillermo Voguel, ligados al acero y a contratos públicos.
En los márgenes de esta red se mueven otros nombres con peso político y judicial: el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, señalado como socio empresarial de algunos operadores del Tribunal, y apoyador de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
Posdata 2
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, enfrenta un escenario complejo dentro de la SEP, no solo por la falta de apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino por el desorden interno que obstaculiza su gestión. Por ejemplo, impusieron a Anselmo Peña como titular de la Unidad de Administración y Finanzas, un exfuncionario del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que trabajó con Delgado cuando este fue secretario de Finanzas capitalino. Desde su llegada, Peña ha dejado claro que responde directamente a la mandataria federal, lo que complicó la resolución de conflictos como el de la CNTE, en el que él fue enviado a negociar sin resultados positivos.
A esta estructura paralela de poder se suma la influencia de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, una colaboradora cercana a la Presidenta desde hace más de dos décadas. Aunque Gómez tiene autoridad sobre los titulares de finanzas en todas las dependencias (los famosos TUAFs), la excepción de Peña ha generado tensiones. En un intento por restablecer control, Gómez designó a Ricardo Largo como director general de Presupuesto. Largo, con un historial de presuntos actos de corrupción y extorsión en áreas administrativas de la Ciudad de México, llegó protegido por Arturo Medina, subsecretario de Gobernación. Su presencia en la SEP ha despertado alertas por presuntas prácticas de soborno hacia proveedores y gobiernos estatales.
Largo administra el programa presupuestario U080, una bolsa destinada a subsidios y programas sociales en estados y municipios, que ahora estaría siendo usada para obtener beneficios personales. El propio Mario Delgado recibió quejas de Oaxaca sobre estos actos, pero no ha podido intervenir debido a la protección política que cubre a Largo. Con funcionarios que presumen sus conexiones y actúan con total impunidad, el secretario enfrenta una dependencia que opera bajo intereses ajenos y que podría convertirse en el próximo escándalo administrativo del gobierno, como ocurrió con Ignacio Ovalle en Segalmex o Adán Augusto López en Tabasco.
Posdata 3
En la reforma a la Ley de Amparo, la retroactividad disfrazada siguió siendo un asunto de preocupación. Basta que un juez interprete los nuevos textos en juicios ya iniciados para que obligaciones hoy inadmisibles se vuelvan exigibles mañana.
El riesgo para los ciudadanos es perder la protección que pensaban segura frente a actos de autoridad, ver erosionado su derecho al amparo en casos ya en trámite, ser obligados a responder por actos del pasado bajo una ley que no existía para ellos, y todo con argumentos de eficiencia o de justicia fiscal como legitimizantes.
El derecho al amparo es la última frontera contra abusos arbitrarios. Debilitarlo no solo significa reducir defensas jurídicas, sino exponer a la población a una autoridad implacable.
Si se permite que esta reforma, aún con sus discursos de moderación, sea interpretada con mirada retroactiva, lo que está en juego es el fundamento mismo de la justicia constitucional.
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