El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) documentó un presunto daño patrimonial por 2 mil 372 millones 867 mil pesos durante el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, de acuerdo con los resultados de la Cuenta Pública 2024 entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso local.
Las irregularidades abarcan a 40 de los 41 entes estatales auditados, así como a municipios y organismos públicos descentralizados. La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, informó que se emitieron mil 584 observaciones de carácter patrimonial, con un monto observado de 830 millones de pesos en dependencias estatales y mil 537 millones en municipios, según información de LatinUs.
Entre las dependencias señaladas están la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (27.7 mdp), la Secretaría de Educación de Veracruz (10.7 mdp), la Secretaría de Desarrollo Social (4.2 mdp), la Secretaría de Medio Ambiente (4.7 mdp) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (15.1 mdp).
También se detectaron irregularidades por 766.7 millones de pesos en 34 organismos descentralizados, entre ellos la Universidad Veracruzana, con un presunto daño de 1.4 millones de pesos, y el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, implicado en diversas obras públicas.
El Orfis señaló sobrecostos, deficiencias en materiales y fallas estructurales en la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente, que acumula un presunto daño de más de 201 millones de pesos. La obra, adjudicada a Grupo AEM México JF, S.A. de C.V., presentó oxidación en barandales, fallas en palcos, filtraciones y precios inflados en mobiliario.
Otros proyectos observados fueron el Aquarium del Puerto de Veracruz, donde se detectaron sobrecostos y deficiencias técnicas, incluyendo más de un millón de pesos por reubicar esculturas de tiburones, y el complejo deportivo Nido del Halcón, también bajo señalamientos.
Hasta ahora solo se han recuperado 54.5 millones de pesos, principalmente mediante reintegros de municipios y entes estatales.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Miguel Guillermo Pintos Guillén, aseguró que el Congreso revisará el informe “sin proteger a nadie” y recordó que el dictamen deberá emitirse antes del 30 de octubre. Por ahora, los hallazgos se mantienen en calidad de presunto daño patrimonial, en espera del resultado del proceso legislativo.
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