Rocío Nahle enfrenta sus horas más críticas desde que asumió la gubernatura de Veracruz. Las inundaciones que devastaron Poza Rica, Papantla y Tihuatlán dejaron a miles de damnificados y una imagen lapidaria: ciudadanos gritando y reclamando en la cara de la presidenta Claudia Sheinbaum la ausencia de apoyo y la ineptitud del gobierno estatal. Nahle inició su mandato con el pie izquierdo y, 10 meses después, ya atraviesa una crisis de la que quizá no pueda recuperarse.
El desastre comenzó con una decisión administrativa. En mayo, la gobernadora canceló la póliza estatal contra desastres naturales que protegía a Veracruz con una cobertura cercana a los 400 millones de pesos, contratada con Seguros Ve por Más (BX+). Esa póliza, vigente hasta el 30 de mayo de 2025, cubría daños por huracanes, inundaciones, sismos, sequías y tormentas. Nahle decidió no renovarla y en su lugar creó por decreto la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), un organismo estatal que supuestamente permitiría ahorrar recursos y depender menos de aseguradoras privadas. La AVSI fue una ficción, porque no tiene capital, ni registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ni personal especializado ni reservas técnicas. Es decir que Veracruz quedó, desde el 1 de junio, completamente desprotegido.
Las lluvias de octubre arrasaron con comunidades enteras, colapsaron carreteras y dejaron sin servicios básicos a decenas de miles de familias. El río Cazones se desbordó y sumergió a Poza Rica en una tragedia que pudo mitigarse si el estado hubiera tenido cobertura activa. La gobernadora tardó en reaccionar, intentó minimizar el desastre y acabó exhibiendo su falta de preparación. Mientras ella aseguraba que el nivel del agua “ya bajaba”, Protección Civil reportaba poblaciones incomunicadas y cientos de viviendas bajo el lodo. Fue el Ejército, la Marina y la ayuda federal los que terminaron haciendo lo que el gobierno estatal no pudo o no quiso hacer.
El costo para Nahle ha sido inmediato. Este domingo, cuando la presidenta Sheinbaum llegó a Poza Rica a supervisar los daños, fue recibida entre reclamos y gritos: “¡Dónde está su gobernadora!”, “¡No hicieron nada!”. Las escenas se viralizaron y dejaron a Nahle expuesta ante su jefa política. Por su culpa, la presidenta fue abucheada en una de sus primeras visitas de emergencia, y Veracruz quedó como ejemplo de descoordinación y falta de liderazgo.
Pero el caos actual no es casualidad. Desde su paso por la Secretaría de Energía, Nahle arrastra acusaciones de corrupción y opacidad. La refinería de Dos Bocas —su proyecto insignia en el gobierno de López Obrador— se convirtió en un monumento al sobrecosto: más de 22 mil millones de dólares gastados y una planta que opera por debajo del 40% de su capacidad. A ello se suman señalamientos por enriquecimiento inexplicable, propiedades en zonas de lujo, favoritismo en contratos y una red de operadores que hoy la acompañan en su gabinete veracruzano. La historia que acompaña a Nahle desde hace varios años es de discrecionalidad, improvisación y un estilo autoritario. Una de sus primeras decisiones al llegar a la gubernatura fue cancelar todo tipo de relaciones con medios. La morenista detesta a los periodistas.
En julio, en plena temporada de lluvias, Nahle ratificó al frente de Protección Civil a Guadalupe Osorno Maldonado, una funcionaria sin formación técnica, licenciada en literatura y antropología, cuya principal credencial era su cercanía política. El resultado se refleja en la nula prevención, cero protocolos de reacción y una dependencia estatal desbordada. Las escenas de caos en el norte de Veracruz no solo reflejan una catástrofe natural, sino una catástrofe institucional provocada por decisiones políticas tomadas desde la soberbia.
Apenas en 10 meses, el gobierno de Nahle ha mostrado todos los síntomas de colapso. La ausencia de planeación, un gabinete sin perfil técnico, redes de corrupción heredadas de Dos Bocas y una gobernadora obsesionada con controlar la comunicación antes que resolver los problemas. Los municipios que hoy piden auxilio quedaron fuera de cualquier programa de reforzamiento hidráulico o drenaje preventivo.
Los veracruzanos votaron por quien se presentaba como ingeniera y gestora eficiente, y encontraron a una política que improvisa, centraliza y castiga la crítica. Lo de Poza Rica es la culminación de una cadena de errores.
Hoy Nahle gobierna entre reclamos, escándalos y descontento. Su relación con Sheinbaum, antes cercana, se resquebraja; su gabinete luce agotado, y los alcaldes morenistas comienzan a marcar distancia de ella. En 10 meses, su gestión acumula muchos tropiezos y va que vuela para superar a su antecesor Cuitláhuac García. Y eso ya es decir mucho. García puede considerarse uno de los peores gobernadores de la historia reciente.
Posdata 1
El atentado del abogado David Cohen Sacal, ocurrido este lunes frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) en la colonia Doctores, cimbró al poder judicial capitalino y al gremio de los abogados.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó la detención de un joven de 18 años como presunto responsable del ataque. La víctima, de 45 años, recibió un disparo en la cabeza mientras se dirigía a una reunión en las instalaciones donde despacha Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal. El cuerpo de Cohen quedó tendido al inicio de las escaleras que conducen a la oficinas del Tribunal y luego fue trasladado a un hospital. Por la noche, autoridades reportaron que se mantenía con vida, pese a reportes previos que informaron su muerte. Fuentes del TSJCDMX exponen que Cohen tenía acceso directo a la oficina principal del Tribunal y no habría alcanzado a llegar a su cita.
Cohen Sacal se había convertido un personaje clave en la red de litigios millonarios que orbitan alrededor del TSJCDMX. Diversas fuentes lo vinculan también con la jueza Magdalena Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno Civil. Su nombre aparecía en expedientes de gran calado, desde la Cooperativa Cruz Azul —donde representó simultáneamente a Guillermo Álvarez y a su rival Víctor Garcés— hasta casos de fraude y quiebras de empresas.
Cohen había sido acusado públicamente de sobornar magistrados y de recibir información confidencial del Poder Judicial para frenar órdenes de aprehensión. Su nombre también sonó en la prensa por el accidente de un Lamborghini en Polanco en 2017, y por representar a empresas señaladas por evasión y simulación de operaciones financieras.
El atentado de Cohen Sacal exhibe el deterioro de un sistema judicial que sigue sin reformarse en la Ciudad de México. Mientras la reforma judicial federal avanza en el discurso, en el ámbito local permanece congelada, atrapada entre intereses y pactos internos de funcionarios que buscan perpetuarse en el poder.
Posdata 2
El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, informó que 30 agentes aduanales controlaban en la práctica el huachicol fiscal en todo el país, mediante pedimentos irregulares y maniobras de subdeclaración, hasta que diversas acciones administrativas y sanciones permitieron frenar esa concentración. Del universo de 850 agentes revisados, dijo, se han cancelado más de 45 patentes vinculadas con actividades de contrabando de combustibles.
Este lunes, durante su comparecencia ante las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado de la República, Mollinedo dijo que existen 818 carpetas de investigación abiertas contra sujetos implicados en huachicol fiscal, de los cuales más de 300 ya han sido llevados a la etapa judicial. Estas medidas, sumadas al endurecimiento de controles volumétricos, la digitalización de procesos aduanales y el uso de inteligencia fiscal para rastrear patrones de evasión, son parte de una estrategia para restituir la integridad fiscal en el comercio de combustibles.
Marín Mollinedo también destacó que, como resultado del combate al contrabando, la ANAM logró una recaudación histórica superior a 1.3 billones de pesos en 2024, cifra que representa un incremento de casi 11% anual. Añadió que las aduanas de Veracruz, Manzanillo y Nuevo Laredo concentran la mayoría de los casos de irregularidades, y que actualmente se trabaja con Pemex, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar nuevas modalidades de fraude, incluyendo la importación simulada de combustibles y aditivos, así como el uso de facturas falsas para justificar operaciones inexistentes.
El funcionario aseguró que el huachicol fiscal “está detenido definitivamente”, aunque reconoció que persisten intentos de reorganización de redes en puertos y fronteras.
El 8 de octubre pasado, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, reveló que las pérdidas por huachicol fiscal podrían ascender a 600 mil millones de pesos. Dos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum contradijo la cifra, asegurando que “no existe un dato oficial de Hacienda” que la respalde.
Posdata 3
En la Cámara de Diputados planean votar, a más tardar este jueves, la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026 que proyecta nuevos impuestos para las bebidas conocidas como sueros. Los diputados del PVEM y PT, respaldados ahora por Morena, apuntalan una reedición del impuesto a las bebidas azucaradas. La propuesta es que Electrolit, Suerox y marcas similares paguen IVA del 16% y IEPS como refresco, bajo la premisa de que contienen niveles de glucosa altos. La discusión, si es positiva para la industria, podría acabar solamente con la imposición del IEPS.
La lógica del gobierno se apoya en dos argumentos: primero, que algunos electrolitos “comerciales” no tienen letra médica real, sino mercado masivo disfrazado; y segundo, que la recaudación que eso podría generar es de más de 5 mil millones de pesos al año si se les grava como bebidas azucaradas. En el Paquete Económico 2026 ya se propone duplicar la cuota de IEPS para bebidas saborizadas de 1.63 por litro a 3.08, un salto del 89%, y empatar sueros gravados al esquema común.
El Pleno votará antes del jueves para cumplir el plazo fatal del 20 de octubre, y luego el Senado tendrá hasta el 31 para confirmar. Si todo fluye, la medida quedará vigente al arranque de 2026, con transitorios de 90 días para adecuaciones normativas y etiquetado.
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