El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que existe información de inteligencia “creíble” sobre programas de recompensas promovidos por cárteles mexicanos en coordinación con grupos extremistas internos, dirigidos contra personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) desplegados en ciudades como Chicago, dijo el comunicado oficial.
Según el texto, las recompensas incluyen 2,000 dólares por reunir inteligencia o difundir datos personales de agentes, entre 5,000 y 10,000 dólares por secuestrar o agredir de forma no letal, y hasta 50,000 dólares por asesinar a altos cargos. El DHS sostuvo que esas ofertas buscan “incentivar la violencia” contra el personal federal y señaló que el fenómeno se ha detectado también en Portland.
El comunicado añade que, además de cárteles mexicanos, “grupos Antifa han suministrado apoyo logístico”, facilitando material para protestas y tareas de vigilancia o espionaje sobre agentes desplegados en la vía pública. El texto cita detecciones de miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores para reportar posiciones de agentes en tiempo real.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que “nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte”, y el DHS aseguró que ICE ha experimentado un aumento de 1,000% en ataques de diversa índole. En paralelo, el presidente Donald Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones en Chicago, pese a la oposición del gobernador de Illinois y del alcalde de la ciudad.
El comunicado incorporó una explicación sobre la naturaleza descentralizada de Antifa, señalando que, según expertos, es una constelación de grupos anarquistas sin estructura de mando, aunque Washington atribuye a esa red apoyo logístico en las acciones señaladas.
La ofensiva comunicada por el DHS se produce en el contexto de una política estadounidense que ha intensificado la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen organizado; la administración Trump ha usado herramientas como la revocación de visas y la consideración de designaciones como organizaciones terroristas para ampliar su margen de acción.
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