Primer año de gobierno, entre escándalos y mentiras

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó a su primer año de gobierno en medio de tormentas, tempestades, escándalos de corrupción que implican a personajes del primer círculo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se asegura que pasa la mayor parte del tiempo en “La Chingada” –su rancho en Palenque, Chiapas –pero eventualmente realiza viajes a la Ciudad de México para reunirse con senadores, diputados y gente del Gabinete actual.

A Sheinbaum le ha estallado todo en doce meses: El tráfico ilegal de combustibles operado por políticos, marinos y empresarios; la corrupción en las aduanas, perforadas por la corrupción; el lavado de dinero de que se acusa a Alfonso Romo, titular de la financiera Vector, quien fuera flamante jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Romo hizo múltiples negocios al amparo del poder que le otorgó López Obrador: colocó sus piezas en el SAT, en Hacienda y a través de Vector, de acuerdo con la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presuntamente lavó millones de dólares provenientes del huachicol fiscal, del tráfico de fentanilo por parte del grupo criminal “Los Chapitos” y de algunos testaferros de Genaro García Luna. La Financiera también sirvió como instrumento de financiamiento de campañas políticas, pues en esa empresa se cambiaban millones de dólares a pesos mexicanos previo a la elección intermedia del año 2021.

Los escándalos del huachicol fiscal se comenzaron a investigar en México por las presiones de Estados Unidos, aunque el martes 30 la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, al comparecer ante el Congreso por la glosa del primer informe de gobierno, dijo que no habrá impunidad en estos casos y que las investigaciones se iniciaron en México –y no en la Unión Americana –por parte de la Fiscalía General de la República.

Cabe señalar que el caso del huachicol fiscal ya había sido denunciado desde el 2019 y 2020 por varios personajes, entre otros, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca –actualmente instalado en Estados Unidos debido a que en México tiene una orden de aprehensión –luego de que su gobierno interpuso denuncias contra criminales del combustible y, según a denunciado públicamente, le entregó al presidente López Obrador una lista de delincuentes ligados a ese negocio para que fueran detenidos y nunca se hizo nada.

De esta manera, todo indica que la FGR, presuntamente por indicaciones de Palacio Nacional, no quiso entrarle al desmantelamiento de la red de huachicol que encabezaba el empresario Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021 en Nuevo León.

Este personaje dejó una amplia red de complicidades relacionadas con ese negocio, entre otros, a su hermano Julio Carmona, quien fue titular de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, así como decenas de agentes aduanales, actualmente en la picota, que se ligaron a ese negocio de la delincuencia organizada.

Su nombramiento fue realizado por Ricardo Peralta, primer titular de aduanas al iniciar el gobierno de López Obrador. Tras la muerte de Sergio, se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se incorporó al programa de testigos protegidos.

En varios de sus testimonios ha dicho que su hermano Sergio Carmona le pagaba dos millones de dólares mensuales a Peralta por permitirle el paso de combustible de dudosa procedencia a México, a través de las aduanas.

Con las ganancias obtenidas por Carmona se financiaron varias campañas de candidatos de Morena en la elección intermedia de 2021. Uno de los amigos y presuntos socios de Carmona era Mario Delgado, entonces dirigente del partido gobernante.

A la par del escándalo del huachicol fiscal, a MORENA y a la estructura gubernamental le tronó otro asunto no menos grave: la acusación contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador de la República.

Y junto con ello, salieron a flote decenas de escándalos sobre secuestros, extorsiones, robo de combustible, tráfico de migrantes, entre otros delitos, que se le atribuyen a la organización criminal conocida como La Barredora, dirigida por Bermúdez Requena y protegida por Adán Augusto López.

Muchos de los ingresos obtenidos ilegalmente por este grupo delincuencial –con presencia en una decena de entidades federativas –se canalizaba a la compra de propiedades, según han revelado las primeras investigaciones.

López Hernández, a quien López Obrador llama “mi hermano” ha negado cualquier vínculo con el grupo criminal, pero ahora ha salido a la superficie que recibió 79 millones de pesos en los últimos veinticuatro meses por prestación de servicios profesionales: asesoría a empresas, negocios particulares, venta de ganado y su actividad como notario. Ésta última debió quedar suspendida en tanto se desempeñaba como servidor público, de ahí que actualmente se cuestione que el tabasqueño incurrió en conflicto de intereses.

A todo esto se suma el problema del desabasto de medicamentos, problema que prevalece; el desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex, que aún no se recupera; las presiones de Donald Trump contra grupos criminales, ya considerados como terroristas, que siguen generando violencia y la presunta vinculación de gobernadores y gobernadoras con el crimen organizado.

No es todo: También al tema del huachicol y delincuencia organizada se engarzan los hijos de Andrés Manuel López Obrador –José Ramón, Andrés Manuel, Gonzalo Alfonso y Jesús Ernesto –a quienes han captado en hoteles de lujo en Tokio, Europa, Estados Unidos y en tiendas como Prada realizando compras.

Los herederos del llamado adalid de la democracia, de la anticorrupción y del cambio, han estado en el ojo del huracán, sobre todo por el tema del huachicol, por ello recientemente aparecieron los dos primeros relacionados en un amparo –que por cierto nunca anularon –en el que solicitaban la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

El llamado Andy López Beltrán, secretario de organización de MORENA, negó haber solicitado el amparo de la justicia, pero nunca dijo que había renunciado a ese recurso, tal cual lo ofreció públicamente, por lo que la suspensión solicitada se otorgó.

Así, en medio de escándalos por corrupción –el tema que se propuso abatir como presidente López Obrador –es el más grave junto con el robo al erario con el huachicol fiscal. Por esa actividad criminal operada desde el poder político las arcas del país dejaron de percibir unos 154 mil millones de pesos sólo por concepto de IEPS, sin contar el IVA.

En su comparecencia del martes 30, la Secretaría de Gobernación dijo que en el gobierno hay un golpe de timón y que irán a fondo en las investigaciones por huachicol fiscal; ofreció que no habrá impunidad para nadie.

A ver si es cierto, o bien resulta más de lo mismo, es decir, otra mentira más para intentar calmar el mar embravecido por donde navega la llamada Cuarta Transformación.