LOS MERCADOS YA emitieron una postura negativa respecto a las intenciones del Grupo México de comprar a Citi 100% de las acciones de Banamex.
Según trascendió en el entorno de la Secretaría de Hacienda, Germán Larrea, el magnate minero que ayer puso un ultimátum de 10 días para que le contesten, recibirá una postura similar del gobierno federal.
En el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum no ven con buenos ojos la propuesta anunciada desde el viernes pasado, porque el esquema financiero no augura una evolución sana del banco.
De entrada, los asesores económicos ven muy riesgoso que Larrea no tenga bagaje financiero y menos bancario, lo que significa que nunca ha sido responsable de administrar el dinero de los ahorradores.
Aunque las malas experiencias del pasado impusieron candados a la banca de hoy, hay resquemor en la 4T de que con un grupo empresarial diversificado se incurra en los famosos créditos relacionados.
Los mismos argumentos se escuchan entre operadores bursátiles, que vieron en la caída de más de 14% de las acciones del Grupo México, del lunes, un castigo y una alerta del riesgo que implica la operación.
En el terreno político, los impedimentos tienen que ver con la confrontación que el empresario Larrea Mota Velasco mantuvo durante el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador.
Recuerdan que fue él, Larrea, quien decidió cancelar la compra, lo que dejó un amargo sabor de boca en el equipo directivo de Citi y de Jane Fraser, que le dio trato preferencial y exclusivo para comprar.
La toma de un ramal para la Marina que era parte de la concesión de Ferrosur y que el gobierno expropió para el Tren Interoceánico llevó, en 2023, a ambos personajes a la confrontación. “Para qué pagar siete mil millones de dólares por algo (Banamex) que mañana me pueden quitar”.
Antes, Grupo México había dejado tirada la construcción del Tramo Cinco del Tren Maya, porque argumentó que le era imposible cumplir con los plazos establecidos para la entrega del proyecto.
El asunto llevó a demandas entre los firmantes del contrato, además del consorcio minero, Grupo Acciona de España, de José Manuel Entrecanales, y Fonatur. A esto habrá que sumarle que ya hay proyecciones en Palacio Nacional sobre el riesgo sistémico que implicaría Larrea si se hace del quinto banco del sistema.
TOMÁS MILMO SANTOS y Alberto Eugenio Garza Santos, dos destacados primos de las mejores familias de Monterrey, no aprendieron a honrar sus compromisos. Inmobituxa, una empresa inmobiliaria de Tuxpan, Veracruz, les vendió un terreno que los primos neoleoneses se niegan a pagar, no obstante que una porción se la donaron a la Secretaría de Marina, hoy tan vapuleada por actos de por lo menos un par de almirantes.
Ante ello, Inmobituxa demandó en el Juzgado Segundo en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en el expediente 144/2025, para que honraran su palabra, juicio en el que ya se emplazó a las empresas regias de estos primos, Sirius Legado y Catán Energía, el pago de unos ocho millones de dólares de principal e intereses, llamando a juicio a la Secretaría de Marina, que pudiera verse afectada por la sentencia que en el juicio se dicte. El adeudo proviene de la compra de un terreno para una terminal de atraque desde el lejano noviembre de 2019, y que a más de seis años se niegan a cumplir su obligación de pago.
Con esta demanda puede verse afectada tanto la actividad en el puerto de atraque, como otras que dependen de la misma, lo que podría causar un grave perjuicio al erario público y al puerto de Tuxpan, ante la falta de pago de Milmo Santos y Garza Santos.
A MÁS DE un mes de que se renovara el Poder Judicial, en el estado de Coahuila, que gobierna Manolo Jiménez, los impartidores de justicia siguen actuando de manera sesgada y en apoyo a grupos privados. Y es que, al menos, en lo que se refiere al caso del empresario Arturo Gómez Lara, del que le hemos informado en este espacio, la justicia no ha sido ni pronta ni mucho menos expedita.
El juez a cargo, José Samuel Borrego Rodríguez, ha ignorado a la autoridad federal, que desde hace nueve meses giró un exhorto para que enviara el expediente a la CDMX, instrucción que según marca la ley, debió realizarse en un plazo no mayor a cinco días. Asimismo, el Administrador del Centro de Justicia Penal de Torreón, Becquer Rodríguez Gámez, ha bloqueado el acceso al expediente para que otros jueces no puedan enviarlo a las autoridades federales. Hace ya 30 días que se determinó la no vinculación a proceso de Gómez Lara, sin que hasta ahora haya cambiado su situación, ya que sigue privado de su libertad en un penal de Torreón. El tráfico de influencias persiste en los juzgados de Coahuila, y en este sentido un nombre que se menciona es el del ahora exmagistrado Manuel Alberto Flores Hernández, quien ha sido señalado en este caso por favorecer a la parte demandante relacionada con los empresarios laguneros Issa Tafich.
A pesar de que esta situación ha sido expuesta ante la presidenta Claudia Sheinbaum, la opacidad en el proceso sigue y las malas prácticas de los impartidores de justicia se mantienen.
TODO INDICA QUE la dirección que da Citlalli Peraza al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) no es óptima, así lo demuestra el largo retraso que presenta para pagar por los servicios de limpieza que recibió desde marzo. Aunque ni las cláusulas contractuales ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público permiten que el flujo de recursos tarde tanto, la institución no ha respondido a sus compromisos, pese a las insistencias vía correo que realizó la compañía Semalyn, debido a que la proveedora no tenía ninguna respuesta de las autoridades, el caso ya llegó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión Nacional del Agua. ¿Efraín Morales, su titular, estará al tanto de la desorganización? ¿El trasfondo tendrá que ver con falta de dinero para cubrir el adeudo de 2.3 millones de pesos? Mientras la pregunta se responde, sigue en juego la fuente de ingresos para más de 200 familias de afanadores, a seis meses de que concluyeron el aseo.
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