Otra tomadura de pelo

Consumatum est! Otra más. Una nueva pieza que se derrumba ante la insaciable sed de poder de la 4T. El tan anunciado “parlamento abierto” sobre la reforma a la Ley de Amparo fue una simulación de libro: tres audiencias exprés, 12 horas de exposición, expertos hablando al vacío y legisladores ausentes. Ni siquiera todos los miembros de las comisiones de Justicia y Hacienda se presentaron. ¿Quién escuchó a los que saben? Nadie. ¿Quién atendió sus recomendaciones? Tampoco.

El propio diputado morenista Leonel Godoy lo admitió sin rubor: su bancada busca “materializar su perspectiva en esta legislación y, si nos equivocamos, el tiempo nos juzgará”. Traducido al español llano: sabemos que está mal, pero igual nos da.

Para ser tan distintos, qué familiares resultaron. De madrugada, con el Pleno semivacío, la Cámara de Diputados aprobó la reforma: 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones —una de ellas la de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, que al menos conservó algo de vergüenza institucional—. A la 01:43 de la mañana, el diputado Hugo Eric Flores presentó una reserva para modificar el artículo tercero transitorio, permitiendo que las nuevas disposiciones se apliquen retroactivamente. Una violación abierta a la Constitución, pero mientras sea “por el bien del pueblo”, todo se justifica…

Ahora la iniciativa se discute en el Senado, donde, salvo milagro, pronto se convertirá en ley. Otro adefesio legal firmado por la autollamada Cuarta Transformación.

Lo más triste —o más grotesco— es que el amparo fue durante décadas un orgullo nacional: el invento jurídico que blindaba al ciudadano frente al abuso de la autoridad. El símbolo de que en México todavía existía una rendija para la justicia. Pero esa rendija acaba de cerrarse. Y lo irónico es que los mismos que hoy lo sepultan fueron beneficiarios del instrumento. Ricardo Monreal usó el Amparo para frenar calumnias en los martes del jaguar; la ministra Yasmín Esquivel lo invocó para que la UNAM no hablara de su tesis; Cuauhtémoc Blanco lo empleó para esquivar acusaciones de corrupción. Una vez a salvo, tiraron la escalera. ¡Vaya que sí!

Con la reforma, desaparece la última defensa real del ciudadano. Se redefine el “interés legítimo”, exigiendo un “beneficio cierto”, lo que en la práctica anula los amparos colectivos. Se eliminan las suspensiones cautelares en áreas clave —como las de la Unidad de Inteligencia Financiera o el sistema financiero— y se alargan los tiempos judiciales. En resumen: menos control al poder, más indefensión para todos.

Prohibir las suspensiones equivale a decirle al ciudadano: “aguante el atropello”, “ya después vemos si era ilegal”. Si la autoridad te congela las cuentas o te clausura el negocio, el juicio puede durar años, pero el daño ya estará hecho. El ministro en retiro Javier Laynez lo explicó sin rodeos: “Cuando no hay suspensión, ya cuando termina el juicio y se obtiene el amparo, no se puede restituir las cosas al estado en que estaban”. Pero eso parece irrelevante para un gobierno que no tolera límites, ni siquiera los legales.

La magnitud del retroceso aún no se asimila. El amparo, piedra angular del Estado de Derecho mexicano, queda mutilado. El ciudadano vuelve a quedarse solo frente al poder. Y todo, una vez más, en nombre del pueblo pero SIN el pueblo.

Sí, el Parlamento abierto fue otra tomadura de pelo. Pero esta vez el engaño tiene consecuencias graves: con esta reforma, México se queda literalmente al desamparo.

Cuando el poder ya no tiene a quién temerle, lo siguiente que desaparece no es la ley, es la libertad.