EN SAN PEDRO Garza García, Nuevo León, el problema de la inseguridad ha ido en aumento.
El municipio, reconocido como el más rico de América Latina y que alberga a importantes corporativos de empresas nacionales e internacionales, vive hoy inmerso en una crisis de seguridad, focalizada en extorsiones y robo a casa habitación.
Incluso, hay indicios de que el C4 municipal pudiera estar controlado por grupos de la delincuencia organizada, ya que se ha negado a compartir videos con la fiscalía del estado.
Esta situación se viene arrastrando desde que llegó por cuarta ocasión a encabezar el gobierno municipal el recién fallecido Mauricio Fernández Garza.
El comerciante Julio César Luna, en su denuncia presentada ante la fiscalía local, señaló directamente al secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis Kuri, y a su coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar, de encabezar una red dedicada a la extorsión y cobro de piso.
Este último fue denunciado recientemente en la CDMX por abuso sexual. La participación de este tipo de personajes en el gobierno municipal de San Pedro Garza García no es un hecho aislado, pues en marzo pasado se revelaron los antecedentes criminales en Estados Unidos de otro jefe policiaco, Lorenzo de León Pruneda, quien tuvo que ser destituido después de que se hiciera pública la información.
En este contexto, el sector empresarial se pregunta si el alcalde interino, Mauricio Farah, tendrá la voluntad política para corregir el rumbo o mantendrá al secretario Kuri, pese a las acusaciones en su contra.
Mientras tanto, el clima de inversión se sigue deteriorando, y muchos dueños de empresas han preferido mandar a sus familias a los Estados Unidos.
LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica (Cofece), que preside Andrea Marván, acaba de aprobar la operación sobre la adquisición de los activos del ingenio Puga por parte de Altor Capital, con lo que se da certidumbre a la operación que tardó varios años en el proceso y que incluyó estar en concurso mercantil. Altor fue el que ofreció el mejor camino para la exitosa recuperación que se ha tenido. Lo más importante es que se asegura la actividad económica y la protección de empleos en la zona de Tepic, con alrededor de 800 familias beneficiadas, que tras padecer el no tener ingresos con el rescate bien hecho por Altor Capital, de Fernando Aportela, se logró reactivar la economía de toda la región. Si bien es cierto, la Cofece informó de una multa a los involucrados en la operación, porque se notificó una vez que se realizó la transacción, lo cierto es que fue mínima para los compradores. Pero lo que parece olvidó el organismo antimonopolios es que existe una clara contradicción entre la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Federal de Competencia Económica, ya que esta última no contiene disposiciones para cumplir con los plazos fatales que involucra un concurso mercantil. Y es que si se revisan las fechas de la adquisición, se notificó en febrero de 2024… y la resolución se emitió 19 meses después. Si los actores interesados en los activos se hubieran esperado a este plazo, hoy seguramente el ingenio de Puga no existiría y, con ello, cientos de familias se habrían quedado sin sustento. Esto, sin duda, puede ser un dolor de cabeza para evitar la destrucción de empleo y el mantenimiento operativo de diversos negocios que tienen que utilizar la protección de la ley para sostener su viabilidad económica en el mediano plazo. Urge una reforma en la materia en la Cofece, ya que aplicar multas, por pequeñas que sean y no ver que se está rescatando a empresas en problemas, no es una buena medida. Ahora que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo el acierto de proponer a Andrea Marván como presidenta de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio, la eficiente funcionaria tiene la oportunidad de perfeccionar la ley del organismo.
HAY COINCIDENCIA ENTRE las compañías del sector petrolero sobre los errores que tiene el marco legal de los contratos mixtos de Pemex. Y es que, a decir de los empresarios nacionales e internacionales, es una buena noticia que la Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González, y Pemex, al mando de Víctor Rodríguez Padilla, permitan la entrada de capital privado para compensar la declinación de campos maduros y seguir explorando. Sin embargo, los contratos son poco competitivos por la cantidad de restricciones y riesgos que tienen que asumir el privado en materia operativa, financiera, fiscal y medioambiental. Para nadie es un secreto que es urgente comenzar a explorar en aguas profundas, lo que requiere tiempo y una gran cantidad de recursos. Según las compañías operadoras y prestadoras de servicios, es urgente que se corrija el marco legal para que crezca el apetito por el resto de los campos por explorar y explotar mediante otro tipo de asociaciones. Se tiene que aprovechar el espacio de la nueva legislación para operar con otro tipo de contratos, no sólo los mixtos. Ahí están los CSIEE (Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción) o los CIEP (Contratos Integrales de Exploración y Producción) que, sin perder la propiedad de los hidrocarburos, están mejor estructurados como los CIEP de Altamira, Magallanes, Soledad, Tierra Blanca u Olmos, o los CSIEE de Cuitláhuac, Bacab Lum o Coapechaca. Ante este escenario, la gran pregunta es si antes de que termine el año Pemex logrará firmar los primeros 11 contratos mixtos y eliminar las ineficiencias que ocasionan los “esquemas de recuperación de costos” que generan incentivos perversos a las petroleras a gastar de más y al Estado a incurrir en altos costos de supervisión.
Y YA QUE hablamos del sector energético, Engie, la corporación francesa especializada en la industria de la energía y sus servicios asociados, se quedó sin interlocutor con el gobierno del segundo piso de la 4T, tras la salida ya hace unos tres meses de Ana Laura Ludlow. Ahora mismo, la firma que comanda aquí Brice Clemente está en la búsqueda de un profesional que tenga tanto el conocimiento del negocio como relaciones sólidas con autoridades, legisladores y analistas de esta actividad. Y es que Engie, que preside mundialmente Catherine MacGregor, es un jugador relevante en México y en su proceso de transición energética. Tiene presencia en gas natural, energías renovables y generación de electricidad. Ahora mismo está en una reestructuración de negocios con la puesta a la venta de dos plantas de cogeneración en Monterrey y en Pánuco, Tamaulipas. La relación de Engie con la CFE, que dirige Esther Calleja Alor, es fundamental en su operación diaria.
LOS QUE YA están viendo la luz al final del túnel son los de Grupo GICSA. Y es que acaba de informar que firmó una operación para la venta de Paseo Coapa, con la cual espera recibir una contraprestación de aproximadamente 800 millones de pesos pagadera en dos exhibiciones en los próximos meses. En ese contexto, la empresa especializada en el desarrollo, inversión, comercialización y operación de centros comerciales que comandan los hermanos Abraham y Elías Cababie espera efectuar varias amortizaciones parciales anticipadas de principal de los certificados bursátiles GICSA 15, GICSA 17 y GICSA 19 una vez que reciba los recursos.
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