La presidenta Sheinbaum empeñó ayer su palabra ante un Zócalo lleno. Garantizó que la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo no desatará una persecución arbitraria, dictatorial y sin defensa inmediata posible en contra de ciudadanos con supuestos incumplimientos fiscales. Dijo que quienes han encendido la crítica a la reforma son los potentados que quieren seguir abusando de los intersticios legales para no pagar impuestos que tendrían que pagar.
Como sea, lo esencial fue la frase expresada ayer: “La reforma a la Ley de Amparo garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad, eso está totalmente salvaguardado”. La preocupación, que no debe de ser sólo de los “potentados”, es comprensible. Venimos de un sexenio de acoso, amenaza, extorsión y acción alevosa del SAT y la UIF justificada de combate a la defraudación y los manejos económicos y financieros delictivos.
Pero varios de quienes lo sufrieron saben que se trató de terrorismo de Estado para intimidar, doblar y espoliar. Cierto es que esa conducta prácticamente ha desaparecido y que la llegada a la UIF de un profesional riguroso, Omar Reyes Colmenares, permite abrigar la esperanza de justicia y de que esa siniestra persecución política no regresará. La Presidenta empeñó su palabra de que así será.
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