Tiene razón. ¡Queremos pruebas! Y no solo al respecto del Fonden —lo que la tiene fácil, pues cuenta entre sus filas a José María Tapia, quien fue director del Fondo y puede mostrarle “de memoria” su casa en The Woodlands, Texas (valuada en más de un millón de dólares) y su departamento en Miami que compró por 6.5 millones de pesos (esto último ya como flamante militante de la 4T, en 2023).

Ah, ¿que no es morenista? Dice Luisa María Alcalde que es del Verde. ¿Pero que no fue candidato de la coalición oficialista (Morena-Verde-PT) a la alcaldía de Querétaro el año pasado? Así que, mire, presidenta, muy sencillita tiene también la “prueba” de que se aceptan corruptos en la cuarta transformación.

Usted, muy ufana, declaró que “ya no le toca” lo que pasa en Morena, pero que le da gusto que haya una comisión para investigar a sus candidatos. Pues mire lo que son las cosas: la prueba de que antes no los investigaban también está servida. Y quiero recordarle que el dirigente de Morena —además de su inspirador en jefe, AMLO— fue Mario Delgado, su hoy secretario de Educación Pública. ¡Aguas, presidenta! No sea que el señor Delgado meta a la SEP a pedófilos, ladrones, corruptos e ignorantes consumados porque, otra vez, no les aplicó las pruebas necesarias antes de contratarlos.

Queremos pruebas, y como el buen juez por su casa empieza, queremos las de Rocío Nahle, cuando aseguró que “no se conocía la fuerza de las lluvias”, pese a que existían desde 2023 estudios sobre la vulnerabilidad de Poza Rica y las zonas inundables de Veracruz. No hablemos de las que se emitieron días y horas antes de ocurrir la peor parte de la desgracia.

¿Sabe qué? Queremos pruebas de que María Elena Álvarez-Buylla será realmente investigada por su gestión en el Conacyt: los ventiladores que nunca aparecieron, la vacuna “Patria” que jamás se concluyó, el museo que inauguró pero sigue cerrado… y la adjudicación a esa mismísima empresa que fue la que remodeló su casa (pura coincidencia, claro).

Queremos pruebas de que este gobierno realmente va contra la corrupción y de que llegará “hasta el fondo” del huachicol fiscal. Así caigan el exsecretario de Marina —ese que solo “cae” a comer en restaurantes caros—, o autoridades que despachan en SU gobierno y que siguen oliendo a gasolina robada.

Queremos pruebas de que, aunque mande callar a su secretario de Salud y le prohíba decir “municipios afectados”, sabremos la magnitud de la desgracia y no maquillarán las cifras, como ya es costumbre.

Y entrados en gastos, queremos pruebas de que el Fonden no era necesario. Difícil tarea, cuando ese fondo existía precisamente porque los desastres naturales superan la capacidad financiera de los estados. Prueba complicada de sostener, sobre todo cuando gobernadores —sin pensar ni un segundo en la geografía de su territorio— deciden cancelar los seguros y dejar a los municipios algarete, tal como hizo Rocío Nahle. ¿Eso no es prueba de su estulticia… y de su dejadez? No se me ocurre mejor evidencia.

Sí, queremos pruebas de que Adán Augusto no continuará blindándose con su fuero de senador para evadir los señalamientos que tiene pendientes. (Jajajaja… bueno, sí, esa prueba suena imposible hasta para usted.)

Y ya que hablamos de “revelar las corruptelas del Fonden”, revele también las del sexenio pasado, con morenistas incluidos. Empezando por Octavio Romero Oropeza, el ingeniero que desfondó a Pemex y ahora va rumbo a hacer lo mismo con el Infonavit.

Revele también los nombres de los 50 funcionarios y políticos mexicanos a los que Estados Unidos les ha retirado la visa por vínculos con el crimen organizado. No pedimos que los exponga, basta con que aquí se les investigue igual que lo hacen nuestros vecinos estadounidenses. (Aunque sabemos que esa “prueba” también se archivará en la carpeta de los milagros).

Hablando de presuntos delincuentes, ciertamente queremos pruebas de que se sigue investigando a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y que el caso no quede sepultado bajo losas de impunidad, como casi todo lo demás que hacen ustedes los cuatroteros.

Queremos pruebas de que los nuevos “neoliberales de la 4T” no saldrán impunes. Gerardo Fernández Noroña y su casa de 12 millones de pesos, José López Obrador —el hermano ganadero— con sus 13 ranchos y sus 10 millones de pesos en reses… Etcétera, etcétera y etcétera (al infinito y más allá).

Y de favorcito, una última prueba, presidenta. Digo, si no es mucha molestia: prueba fehaciente de que usará la mañanera para informar, no para manipular la conversación. Que servirá para que escuchemos a la científica —cada día más desdibujada— y no a la defensora de las y los indefendibles.

Ahora que, lo que sea de cada quien, ¡qué “prueba” tan, pero tan difícil debe de ser justificar todos los días a una caterva de corruptos, cínicos y rateros con credencial de la 4T!

Primero los pobres… pero con más impuestos y menos azúcar

¡Qué neoliberales nos resultó el segundo piso! El gobierno de Peña Nieto, en enero de 2014, fue el primero en implementar un impuesto a las bebidas azucaradas con el pretexto de combatir la obesidad y, de paso, llenar la caja de Hacienda. Diez años después, la cuarta “transformación” repite la receta neoliberal con el mismo discurso saludable y el mismo objetivo recaudatorio. Ni siquiera se tomaron la molestia de cambiarle el eslogan.

En aquellos tiempos, Gerardo Fernández Noroña se negó a pagar el impuesto de su Boing porque era una injusticia contra el pueblo… Todavía en 2021 protestaba por el incremento. Pero ahora, ya en versión institucional, guarda un silencio burbujeante. Seguro cambió el Boing por Perrier.

México sigue encabezando el ranking mundial de consumidores de refresco: 163 litros por persona al año, según la OMS y el Instituto Nacional de Salud Pública. Eso no se discute. Para ponerlo en contexto, el estadounidense promedio bebe unos 118 litros.

Al mismo tiempo somos también el octavo productor de azúcar del planeta, con una agroindustria que en 2023 generó más de medio millón de empleos directos y 2.4 millones indirectos en quince estados. Tampoco se debate. El azúcar representa el 2.5% del PIB agropecuario y un valor de producción superior a 60 mil millones de pesos (Inegi, 2023).

Pero eso no importa. En este país de contrastes, se castiga la caña que da empleo y se premia el edulcorante sintético que da gastritis. Todo sea por la salud del pueblo… y del fisco.

La discusión se ha vuelto surrealista: ¿qué daña más, el azúcar o los edulcorantes? Los expertos no se ponen de acuerdo, pero coinciden en algo: abusar de cualquiera de los dos es malo. El azúcar genera picos de glucosa; los edulcorantes alteran la microbiota intestinal. Y sin embargo, la industria refresquera —Coca-Cola a la cabeza— ya anunció que reducirá el azúcar y aumentará los edulcorantes.

Cambiamos un problema por otro, pero con el sello oficial de “nutrición responsable”. Todo resultado de la presión gubernamental. La Cámara de Diputados, tan saludable como recaudatoria, aprobó 3.8 pesos por litro a las bebidas con azúcar y 1.5 pesos a las endulzadas con edulcorantes. Un doble golpe al bolsillo: uno por el azúcar y otro por la simulación. Porque si esto fuera realmente por la salud, el gobierno invertiría esos ingresos en educación alimentaria, agua potable o programas comunitarios. Pero no. El dinero se va a la misma licuadora de siempre.

Lo más absurdo es que el impuesto también se aplica a bebidas diseñadas para personas con diabetes o de la tercera edad: productos con carbohidratos de lenta digestión que ayudan a controlar el azúcar en sangre. Encarecer eso no es política pública, es crueldad fiscal.

Y, de paso, volvieron a subir los impuestos al tabaco. Ojalá no termine en el clásico “huachicol fiscal” de cigarros extranjeros cruzando aduanas sin pagar impuestos. Ya sabemos: se combate el vicio… pero se protege el contrabando.

No es que esté mal gravar lo dañino, pero conviene decirlo sin rodeos: quienes más consumen refrescos son los más pobres. Es decir, el nuevo impuesto no

castiga al vicio, sino a la pobreza. Así que el eslogan presidencial debería actualizarse: Primero los pobres… sí, pero primero para cobrarles el impuesto. Porque en esta 4T de moral endulzada y discurso light, hasta el populismo viene con gas.