El cultivo de limón en Michoacán atraviesa su peor crisis en una década. Siete organizaciones criminales, extorsiones sistemáticas, asesinatos de productores y amenazas constantes han convertido a la región de Tierra Caliente en un territorio de riesgo para quienes viven del campo.
Según informes del gabinete de seguridad nacional y documentos filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, siete grupos delictivos tienen identificadas operaciones en la zona citrícola de Michoacán, principalmente en el Valle de Apatzingán, donde se concentra gran parte de la producción nacional del fruto:
- Los Viagras
- Los Blancos de Troya
- Cártel de Tepalcatepec
- Los Caballeros Templarios
- Cártel de Zicuirán
- Cártel Jalisco Nueva Generación
- Cártel de la Virgen
Estas organizaciones criminales se disputan el control de los cultivos mediante el cobro de “cuotas” a parceleros, productores y transportistas, lo que ha generado un ambiente de violencia y zozobra permanente. En algunos casos, las exigencias económicas obligan a suspender la producción o a encarecer el producto en los mercados nacionales.
A pesar de los operativos conjuntos entre Ejército, Guardia Nacional y policías estatales, las extorsiones continúan, incluso después de que surgieran grupos de autodefensa en 2013 para intentar contener los abusos del crimen organizado. Los agricultores son obligados a pagar por cada kilo de fruta producida, por cada caja transportada y por cada día que se mantiene activa la cosecha.
La situación ha llegado a extremos. En los últimos 13 meses, al menos cuatro líderes citricultores han sido asesinados en la región de Tierra Caliente, tras haber denunciado cobros de piso o intentado organizarse para resistir las extorsiones.
El más reciente fue Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores en México. Su cuerpo fue localizado el pasado 19 de octubre con señales de tortura y un disparo en la cabeza, tras haber convocado días antes a una reunión de productores para protestar contra los bajos precios pagados por el limón.
Otros casos documentados incluyen el de José Luis Aguinaga, ejecutado en septiembre de 2024; Rogelio Escobedo, asesinado en noviembre del mismo año; y Ramón Paz Salinas, quien murió en enero de 2025 tras la explosión de un artefacto tipo mina en su camioneta.
La producción limonera es uno de los motores económicos de Michoacán, y cualquier alteración en su cadena impacta directamente en el precio al consumidor. En 2024, el gobierno federal reconoció que la violencia en el campo había provocado un aumento significativo en el costo del limón. “Hay quienes hablan de 26 pesos por kilo”, declaró entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, al justificar la intervención del Ejército en la zona.
Sin embargo, la problemática no solo persiste, sino que se ha intensificado. Las células criminales, que en su mayoría son remanentes de cárteles supuestamente desmantelados, se han reorganizado en alianzas locales para controlar el negocio agrícola, imponer sus reglas y castigar con violencia cualquier resistencia.
Mientras tanto, productores continúan operando bajo amenazas, los precios del limón siguen siendo manipulados por factores ajenos al mercado, y la presencia de fuerzas federales no ha logrado restablecer la seguridad en el corazón agrícola de Tierra Caliente.