Una mujer identificada como Ana Lucía ‘N’, de 43 años de edad, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión, luego de que, presuntamente, despojó a una familia de su vivienda y la vendió por 700 mil pesos en el municipio de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2024, cuando la imputada intimidó a la víctima, Carlos Alberto ‘N’, de 42 años, para obligarlo a entregar las escrituras de su casa, ubicada en la colonia Nuevo Nogales. Posteriormente, el 28 de julio, lo contactó nuevamente por teléfono para insistir en la entrega de los documentos, los cuales fueron entregados en una sucursal bancaria de la ciudad.
Según las investigaciones, el 5 de septiembre, Ana Lucía ‘N’, en compañía de un hombre no identificado, vendió la propiedad a una tercera persona. El inmueble fue adquirido por 700 mil pesos, de acuerdo con los registros del caso.
Durante la audiencia judicial, el agente del Ministerio Público presentó pruebas contenidas en la carpeta de investigación, mismas que fueron consideradas suficientes por el juez para dictar auto de vinculación a proceso.
El juez también determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Las autoridades indicaron que los hechos podrían enmarcarse en extorsión con despojo de vivienda, en un contexto de violencia económica.
No se ha revelado la identidad del hombre que acompañó a la imputada, ni de la persona que adquirió la vivienda. Según la carpeta, la víctima había habitado previamente el inmueble, pero lo abandonó bajo presión tras las amenazas recibidas.
El caso se inscribe en una serie de denuncias recientes por apropiación irregular de inmuebles en Sonora, donde se han detectado patrones similares mediante falsificación de documentos o coerción.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, el delito de extorsión puede castigarse con penas de seis meses a diez años de prisión, mientras que el despojo de inmueble también está sancionado. En lo que va de 2024, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora ha recibido 363 denuncias por despojo, con un bajo índice de sentencias.
La fiscalía analizará si también podría configurarse el delito de fraude o simulación de actos jurídicos, aunque hasta ahora no se han presentado cargos adicionales.
