Una investigación de El Universal reveló que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene abiertas cuatro investigaciones internas contra altos mandos por los delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta, iniciadas desde 2024 y aún vigentes.
Dos de los implicados ya fueron sancionados: uno fungía como director del Ejercicio Presupuestario de la Dirección General Adjunta de Administración (Digadmon) y otro como subdirector de Sistemas Presupuestarios. Sus nombres se mantienen reservados debido a la secrecía del proceso.
La Marina confirmó que además de las sanciones administrativas, las cuatro investigaciones derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), que actualmente da seguimiento a los casos.
Estas indagatorias se suman al proceso penal abierto contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado a proceso y con prisión preventiva justificada por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, en la que también están implicadas otras nueve personas por delincuencia organizada relacionada con hidrocarburos. Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Ocho puertos clave están bajo la lupa por esta red de corrupción: Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán, donde presuntamente se permitió el contrabando de combustible.
El pasado 16 de septiembre, durante el desfile militar por el aniversario de la Independencia, el actual titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente el involucramiento de mandos navales en la red de huachicol fiscal, operación que —afirmó— fue combatida por la propia institución. “Dimos el golpe de timón y pusimos ante la ley actos reprobables, se trate de quien se trate”, declaró.
La información obtenida vía transparencia indica que la Digadmon —dependencia implicada— es responsable del manejo presupuestal de la Semar, así como de la administración de bienes, infraestructura naval y terrestre, y mantenimiento de vehículos y equipos.
Además, en el último año la Secretaría realizó 27 evaluaciones internas para detectar áreas de riesgo de corrupción. No obstante, los resultados están clasificados por cinco años, bajo el argumento de que su publicación podría comprometer la seguridad nacional al exponer estrategias operativas y personal clave.
Entre las áreas evaluadas se encuentran la Unidad de Protección Civil, el Estado Mayor General de la Armada, la Unidad Jurídica, la Dirección General de Obras y Dragado y la Dirección de Recursos Humanos, donde se detectaron riesgos de integridad y fallas en los controles, aunque se reconoció que aún hay áreas de mejora.
