El periodista Luis Chaparro reveló que actualmente vive bajo un esquema de protección federal en México debido a las amenazas que ha recibido por su labor investigativa relacionada con el narcotráfico y la política. Durante una entrevista con el youtuber Gusgri, aseguró que ya no puede desplazarse por el país sin escoltas armados y vehículos blindados, situación que comenzó a agravarse desde el año pasado.
Chaparro relató que tras publicar información sobre 17 familiares de Ovidio Guzmán que fueron ingresados a Estados Unidos, recibió represalias, no solo de personajes vinculados al narcotráfico, sino también del propio FBI. Según su testimonio, la publicación provocó una investigación interna en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que buscaba identificar a los agentes estadounidenses que le habían filtrado información, lo que llevó a que algunos de ellos fueran sancionados y enfrentaran posibles consecuencias legales.
En la entrevista, Chaparro indicó que los abogados de los Chapitos y del Mayo Zambada rompieron comunicación con él tras la publicación, acusándolo de mentiroso. Sin embargo, aseguró contar con evidencia documental y fotográfica que respalda su reportaje, incluyendo imágenes de francotiradores y maletas con dinero que acompañaron a los familiares de Ovidio durante su entrada al país vecino.
Además, denunció la existencia de una red de narcopolíticos en México, y explicó que, junto con el periodista Óscar Balderas y la organización civil Defensores, ha emprendido la creación de un catálogo público de funcionarios vinculados con el crimen organizado. Al abordar el tema de los narcopolíticos, Chaparro puso como ejemplo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y afirmó haber recibido información filtrada por agencias de inteligencia estadounidenses donde presuntamente aparece como “sospechoso de terrorismo”. Aunque Durazo no figura en el catálogo de funcionarios ligados al narcotráfico que el periodista construye junto con Óscar Balderas y la organización civil Defensores, Chaparro expuso su caso para ilustrar el tipo de perfiles que, asegura, deben ser documentados públicamente. Según explicó, el objetivo del proyecto es recopilar y exponer los vínculos entre figuras políticas mexicanas y grupos del crimen organizado, como parte de un esfuerzo por evitar que estos personajes sigan ocupando cargos públicos.
También habló sobre el caso de la revocación de visas a figuras políticas como Sandra Cuevas y Marina del Pilar Ávila, aunque aclaró que en el caso de la gobernadora de Baja California no existen elementos para clasificarla como narcopolítica.
Chaparro detalló que la entrada a Estados Unidos de familiares de Ovidio Guzmán se dio a través de un permiso especial conocido como “parol”, en un acuerdo negociado con las autoridades norteamericanas. Esta figura también habría sido utilizada por el gobernador Durazo para cruzar la frontera después de que se le revocara la visa, según el periodista.
Durante la conversación, Chaparro también habló sobre la muerte de Camilo Ochoa, un personaje que se volvió popular en redes sociales tras salir de prisión. El periodista reveló que recibió audios con información detallada sobre los movimientos diarios de Ochoa, incluyendo los nombres de sus hijos y colegios, y que esa información pudo haber contribuido al ataque armado en su contra. Según relató, la publicación de esos datos lo colocó nuevamente en una situación de riesgo, ya que varias personas lo señalaron como responsable de la filtración.
La entrevista completa fue publicada en el canal de YouTube “Doble G”.
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