No sé qué es peor: la corrupción, la desfachatez para ejercerla, el sentimiento de impunidad, de que todo es posible, la intención de ni siquiera ocultarla. La fortuna del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel, es tan insólita como insultante, pero además está exhibida en sus propias declaraciones patrimoniales. Una fortuna notable para alguien que nunca ha trabajado en el sector privado y poco lo ha hecho en el público, siempre a la sombra de su hermano.
José Ramiro López Obrador declaró tener 13 ranchos y otras propiedades a su nombre, según su última declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco. De esos 13 ranchos, 12 son predios y uno es un inmueble con construcción. La extensión total de estos ranchos es de aproximadamente 291.21 hectáreas (alrededor de 600 hectáreas en algunas fuentes no oficiales). Ocho de estas propiedades las adquirió durante el sexenio del presidente López Obrador, con un valor conjunto de alrededor de 6.9 a 8.6 millones de pesos (eso es lo que declara, aunque su valor real es mucho mayor). Todas las compras se hicieron de contado y en efectivo, entre 1992 y 2023, la mayoría adquiridas entre diciembre de 2019 y marzo de 2023.
Adicionalmente, José Ramiro López Obrador posee 694 cabezas de ganado y maquinaria agrícola, que incluyen tractores y una camioneta Toyota Hilux 2021, valorada en 603 mil pesos, dos tractores — uno comprado en 2024 por 1.2 millones de pesos, también pagado en efectivo —, una camioneta Jeep y un Volkswagen Sedán. Algunas de las propiedades son ranchos con extensiones entre cientos de miles de metros cuadrados, con precios entre 190 mil hasta 3 millones de pesos por rancho. No se conoce otra ocupación de José Ramiro más que algunos puestos políticos: fue presidente municipal de Macuspana, dirigente del PRD tabasqueño y, durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, subsecretario de Gobierno, fueron los años del nacimiento y expansión de La Barredora y de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad del estado.
Su salario actual es de 89 mil pesos, en las posiciones anteriores nunca tuvo un salario mayor de 50 mil pesos mensuales. Le alcanzó para comprar 13 ranchos y otras propiedades en efectivo. No hay ninguna investigación abierta o auditorias específicas sobre los manejos financieros de José Ramiro.
¿Esto también es parte de una campaña de “los medios tradicionales”?, ¿cuánto se tardarán en reconocer desde el gobierno federal que hay casos de corrupción indefendibles en el pasado sexenio y que llegan hasta la cima del poder, incluyendo cercanísimos familiares del expresidente? 75 por ciento de la población, según la última encuesta de El Financiero, cree que la lucha contra la corrupción es el capítulo más crítico de esta administración. Las denuncias se suceden dentro y fuera del país. Las presiones sobre el tema de corrupción son incesantes desde la Casa Blanca y se acrecentarán más en la medida en que se aproxime la renegociación del TMEC. Hay casos que ya están perdidos para el gobierno federal ante la opinión pública: no sólo el detenido Hernán Bermúdez o los marinos Farías Laguna, sino también el senador Adán Augusto López, el almirante Rafael Ojeda, los exdirectores de aduanas Horacio Duarte y Ricardo Peralta, los gobernadores surgidos de las elecciones de 2021, los exdirectores de aduanas, los empresarios beneficiados con obras, como Amílcar Olán y otros amigos de los hijos del presidente López Obrador, incluyendo, por supuesto, a sus propios hijos. Personajes como Fernández Noroña. No digo que todos ellos sean responsables de delitos, pero necesariamente deben ser investigados porque las denuncias son muchas y serias, y están basadas en datos duros, no en versiones.
Es poco creíble que ante tal cantidad de denuncias no haya un solo caso judicializado, salvo los Farias Laguna y Bermúdez Requena. Hay cosas que no se pueden ocultar: la riqueza mal habida es una de ellas.
MARÍA CORINA
Tan desconcertante como la parálisis gubernamental para avanzar en estas investigaciones ha sido el silencio presidencial sobre el Nobel de la Paz, otorgado a una de las mujeres más notables de la vida política latinoamericana, la venezolana María Corina Machado, perseguida, clandestina, faro de la oposición democrática a la dictadura de Nicolás Maduro.
No sólo se cobija a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino que se les apoya hasta la complicidad. Resulta risible que el viernes, cuando la presidenta Sheinbaum se negó a hacer comentarios sobre el Nobel a María Corina, argumentando nada más y nada menos que “el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, segundos después haya intervenido directamente en la situación de Perú, pidiendo la liberación del expresidente Pedro Castillo. Las diferencias son notables: María Corina, junto con Edmundo González, ganaron las pasadas elecciones en Venezuela y Maduro los persiguió e ignoró la voluntad popular. Pedro Castillo fue destituido porque intentó dar un golpe de Estado, disolviendo el poder legislativo y el judicial por decreto. Fue denunciado hasta por su propio partido. Aquella vieja política exterior mexicana, la que dio apoyo y refugio a españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, centroamericanos, se ha perdido. Ahora se apoya a los dictadores.
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