Dicen que el séptimo año es el peor para el presidente que termina su sexenio. El de López Obrador confirma la regla. El expresidente ha tenido su peor año por partida doble.
Ya no hay mediciones sobre su popularidad, que tanto presumía, pero sí los indicadores del cierre de su gobierno. Sus dos aciertos fueron la política salarial y los programas sociales convertidos en transferencias en efectivo que lo transformaron en el gran benefactor. La combinación de ambos explica la reducción de la pobreza. Poco más. Los resultados de crecimiento, inversión, deuda, profesionalización del servicio público, desempeño de empresas del Estado, salud, educación, derechos humanos, oportunidades, violencia y seguridad ciudadana, lo dejan muy mal parado.
En su séptimo año se destapó el robo del siglo. Presumiblemente 600 mil millones de pesos entre el huachicol, el huachicol fiscal y el diésel-huachicol; un desfalco tan grande que alcanzaría para pagar por 10 años el presupuesto de toda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o para poner un maletín lleno con 6 millones de pesos en efectivo en cada uno de los asientos del Estadio Azteca . Los principales protagonistas: integrantes de la élite de Morena -partido y gobierno- ligados al propio expresidente, incluidos sus hijos.
Ya no hay manera de que López Obrador pase a la historia como el gobierno que no robó, no mintió y no traicionó, el gobierno que acabó con la corrupción, que separó el poder político del poder económico o que puso los recursos públicos al servicio del pueblo.
Para Sheinbaum el pasado reciente no podría ser peor. Un país que perdió oportunidades y que incluso retrocedió en la mayoría de las mediciones de prosperidad y competitividad. Un país que desciende en las variables que miden el imperio de la ley. Un país que retrocede en derechos fundamentales. Un país que pasó de ser catalogado como régimen democrático a híbrido. Un mentor y líder moral de un movimiento que, en el camino, perdió todo viso de integridad, honradez y virtud.
A pesar de este legado, Sheinbaum ganó las elecciones con un amplísimo margen y tuvo la fortuna de que las autoridades electorales le regalaran una mayoría artificial en las dos cámaras del Congreso. Con este poderoso instrumento ha podido hacer prácticamente lo que ha deseado. Lo primero, cumplirle a su antecesor concretando las reformas que él propuso aquel 5 de febrero de 2024.
No sé si lo hizo por voluntad y convencimiento o por el contrapeso que todavía ejercía (o ejerce) el expresidente. Tendería a pensar que fue por su libre albedrío ya que pudo detenerlas y no lo hizo. Incluso, ha ido más allá con reformas regresivas como la ley de amparo que está por ser aprobada.
Como he escrito antes, si Sheinbaum ha tenido los arrestos y el margen de maniobra para diferenciarse cuando menos en dos temas centrales -el de la difícil relación con Estados Unidos y el de la estrategia de seguridad- no se explica por qué no ha utilizado su poder para diferenciarse en muchos otros temas que también le habrían rendido frutos.
Pero no miremos hacia atrás. El ejercicio del poder tiene costos en su curva de aprendizaje. Comienza el segundo año y es necesario mirar para adelante. Desde campaña y durante su primer año de gobierno, la promesa más reiterada de la presidenta ha sido la de poner el segundo piso a la transformación.
Los principios de la transformación son deseables. Los comparto. Me parece que cualquiera lo haría. No robar, no mentir y no traicionar, austeridad republicana, prohibido prohibir, primero los pobres, cero asignaciones directas, obras sin sobreprecio, fin de la corrupción e impunidad, no al nepotismo ni al influyentismo, por un Estado de derecho y no de chueco, democracia verdadera, etc.
López Obrador los abandonó en la práctica. Seamos sinceros. No construyó una “verdadera” democracia, sino una autocracia, no fortaleció el Estado de derecho, sino que gobernó en la ilegalidad, no hizo el gobierno más transparente de la historia sino el más opaco, no respetó a la CNDH como instancia para que el ciudadano se pudiera defender de los actos de autoridad, tiró a la basura su ofrecimiento de que el ejecutivo dejaría de ser “el poder de los poderes”, no cumplió tampoco con el propósito de desmilitarizar la seguridad. Todo lo contrario
No hay, pues, segundo piso que poner. Habría, en todo caso, que poner los cimientos de la transformación prometida. La presidenta tiene con qué hacerlo.
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