La cancelación de al menos 50 visas estadounidenses a políticos mexicanos en lo que va de 2025, reportada por la agencia internacional Reuters con base en fuentes del gobierno de Estados Unidos, evidencia una estrategia silenciosa del país vecino para señalar posibles vínculos de funcionarios con el crimen organizado.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la revocación de visas responde al derecho soberano de admisión y no están obligados a justificar los motivos a nadie que no sea el titular del documento. Los nombres de los políticos involucrados no han sido revelados oficialmente, pero se han confirmado varios casos, la mayoría por su cercanía con altos círculos del poder.
Uno de los casos más relevantes fue el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres, a quienes les fue retirada la visa el 11 de agosto de 2025. Otro funcionario afectado fue el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, cuya visa fue revocada el 7 de agosto. También figura la subsecretaria de Gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y su esposo José Miguel Barajas Hernández, detenidos brevemente en la garita de Piedras Negras el 24 de agosto.
Otros casos confirmados incluyen al diputado federal del PVEM, Mario López Hernández “La Borrega”; la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, y su esposo Samuel Guerrero Delgado; así como el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados.
Las investigaciones estadounidenses también se extienden a altos funcionarios y exmandatarios. Según fuentes diplomáticas, entre los gobernadores bajo escrutinio se encuentran Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Samuel García (Nuevo León) y Américo Villarreal (Tamaulipas).
También están bajo investigación el senador Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en la Cámara Alta; el exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, vinculado al caso Caro Quintero; y Mario Delgado, secretario de Educación del gobierno federal.
Destaca el caso del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien fue fotografiado con líderes criminales del estado, como Homero Figueroa Meza “La Tripa” y Raymundo Isidro Castro Santiago “El Ray”, lo que lo colocó bajo la lupa de agencias estadounidenses.
En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, es señalada por haber recibido presunto financiamiento del narcotráfico a través del diputado federal José Narro Céspedes y Teodoro Vázquez Barrera, “El Gert”, operador del Cártel del Noreste.
En el mismo estado, la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue grabada reuniéndose con Celso Ortega Jiménez, líder del Cártel de Los Ardillos, grupo presuntamente vinculado con el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre los empresarios y exfuncionarios en la lista se encuentra Alfonso Romo Garza, exasesor económico presidencial y accionista mayoritario de Vector Casa de Bolsa. La Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) acusó a dicha entidad de facilitar transacciones con compañías chinas vinculadas al tráfico de precursores químicos para fentanilo.
Otro nombre mencionado es el de Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel, presidente de CIBanco, institución señalada por haber procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos relacionados con operaciones de trasiego de precursores químicos procedentes de China.
En Zacatecas, Cándido y David Monreal también han sido observados por autoridades estadounidenses, luego de que en 2009 se localizara una bodega con 14.5 toneladas de marihuana en una propiedad de su empresa.
En Oaxaca, el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa y su padre, José Murat Casab, están señalados por presuntas relaciones con el narcoempresario Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, procesado en Estados Unidos por tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de metanfetaminas.
También figuran en el radar del gobierno estadounidense los alcaldes tamaulipecos de Río Bravo, Miguel Ángel Álvarez; de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas; de Ciudad Madero, Erasmo González, y de Altamira, Armando Martínez, además de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, y César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora.
Finalmente, entre los nombres que generan dudas se encuentra Jacobo Rodríguez, presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, quien ha enfrentado señalamientos por presunta opacidad financiera y controversias públicas con medios de comunicación.
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