A inicios de mes, desde las oficinas centrales del SAT en la Ciudad de México convocaron a los administradores de las oficinas estatales a una reunión por videoconferencia. Dividieron al país por regiones para hacerlo más dinámico. Al frente del encuentro virtual estaba Amalia Guadalupe de León Ortega, administradora general de auditoría fiscal. Ella llegó al cargo en lugar de la fallecida Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto y esposa del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón.
Amalia Guadalupe le preguntó a los administradores estatales cómo sentían los ánimos en sus oficinas y si consideraban que las amenazas de paro podían convertirse en realidad porque desde días atrás los empleados del SAT estaban inconformes debido a que la administración de la presidenta Sheinbaum no iba a entregar el aumento anual de 4 por ciento que les llegaba cada octubre y retroactivo desde que López Obrador asumió el poder. Esa maniobra fue un maquillaje para compensar los miles de despidos que ordenó en 2018.
Las respuestas desde las oficinas estatales para Amalia Guadalupe y su mano derecha, Fernando Sierra, administrador central de operación de fiscalización, fueron variadas. En unas, no veían que los ánimos se calentaran y en otras apuntaban a una escalada en cuestión de horas. El reporte llegó a la oficina del jefe del SAT que al mismo tiempo es uno de los hombres más cercanos a Andy López Beltrán, el cansado. Antonio Martínez Dagnino lo ignoró hasta que el lunes 13 la bomba explotó.
Con el inicio de esta semana, miles de trabajadores del SAT en todo el país echaron a andar el plan de protesta a nivel nacional para el martes 14, lo que marcaría un precedente histórico. En cada oficina desconcentrada, como las llaman técnicamente, había un grupo de WhatsApp. En los pasillos se corría la convocatoria a vestirse de negro. Pero de pronto, comenzaron a sonar los teléfonos de las oficinas estatales. Detrás de la línea estaban los mismos enviados desde las oficinas centrales para lanzar las amenazas.
De inmediato, los administradores de todo el país comenzaron a pasar el recado a sus subordinados. Tuve acceso a uno que circuló por al menos siete oficinas del país que dice: “mañana estará personal de Gobernación para tomar fotografías y videos a las personas que se manifiesten en los edificios y cualquier persona que porte ropa negra y roja en señal de protesta será arrestada y se le levantará un acta administrativa”. Si bien funcionarios entrevistados para esta columna coincidieron en que se les hizo ridícula y excesiva la amenaza, también reconocieron que generó un gran desincentivo a la protesta que de cualquier manera no pasó desapercibida.
Pero el regaño sólo desmotivó de inicio. Según los mismos funcionarios consultados, los ánimos hoy están más encendidos. Ya hay un grupo de WhatsApp a nivel nacional donde se está convocando a una movilización en la Ciudad de México si no hay una respuesta favorable del gobierno federal en los próximos días.
Si ya sonaba la salida del Amigo de Andy, esto la puede acelerar.
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