La operación anti-Salinas Pliego

En la 4T el enojo contra Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en una auténtica obsesión. Lo que comenzó como una disputa pública entre el expresidente López Obrador y el magnate ha escalado hasta niveles inéditos. Hoy existe, según fuentes de primer nivel en el gobierno federal, un grupo intersecretarial creado expresamente para investigar y, si es posible, destruir al dueño de TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay.

La instrucción provino directamente de Palacio Nacional y es ejecutada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien coordina lo que internamente se conoce como el “grupo anti-Salinas”. En él participan también la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Consejería Jurídica de la Presidencia, además de algunas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El mandato es configurar todos los posibles delitos contra Salinas Pliego y sus compañías, empezando por los temas fiscales, además de delinear un plan para tomar sus negocios. Las dependencias involucradas revisan simultáneamente auditorías fiscales, regulatorias y administrativas contra las empresas de Grupo Salinas, mientras los servicios de inteligencia financiera rastrean movimientos personales y corporativos. Se trata de una estrategia de desgaste total, una cacería de brujas.

Sin embargo, dentro del propio gobierno el plan ha generado cierto malestar. Varios funcionarios, obligados a ejecutar las órdenes, temen las consecuencias legales de participar en lo que consideran un abuso de poder. Algunos lo ven como un gran error, el de usar la maquinaria del Estado para intentar silenciar y desaparecer a uno de los principales empresarios del país.

Hasta ahora, las auditorías no han arrojado irregularidades de fondo; los reportes financieros no han encontrado pruebas sólidas para sostener una acusación penal. Ante ese vacío, la orden se ha endurecido.

En los últimos días, Salinas Pliego ha declarado públicamente su interés de sentarse con el gobierno a buscar un acuerdo justo para resolver los litigios fiscales de Grupo Salinas. Se trata del primer gesto de distensión después de meses de enfrentamientos. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias matutinas que la deuda fiscal en del empresario, al menos en los casos que están por llegar ante la SCJN, asciende a 48 mil millones de pesos.

Asimismo insistió en que, con apego a la ley, si Salinas Pliego decidiera pagar los impuestos que debe podría tener descuentos en multa y otros recargos, como cualquier deudor. Una frase que en política suena a dos cosas: apertura al diálogo y advertencia.

Ese intercambio de declaraciones ha abierto el escenario de la negociación. Salinas sabe que el acoso institucional tiene un costo y que el capital político que acumuló durante décadas, gracias a su influencia mediática y financiera, podría no alcanzarle para ganarle al Estado. También entiende que el gobierno no puede darse el lujo de un enfrentamiento prolongado con uno de los empresarios más mediáticos del país, especialmente en tiempos de cambios en materia fiscal y la próxima renegociación del TMEC, que requiere de enviar mensajes de certidumbre. En ese equilibrio frágil, el “grupo anti-Salinas” sigue activo, con instrucciones de mantener vivas las investigaciones y la presión mediática, esta última aceitada por Jesús Ramírez Cuevas, quien desde la coordinación de asesores de la Presidencia alienta los ataques desde la mañanera cada vez que el empresario lanza una provocación en redes.

Salinas Pliego representa, a su manera, al empresariado que no se arrodilla ante el gobierno, mientras el régimen busca escarmentar a quien ose desafiarlo. Pero perseguirlo con recursos públicos y con la complicidad de instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho marca un precedente peligroso. Por ahora, el empresario parece dispuesto a jugar dos cartas: mostrarse desafiante con una mano, y extender la otra para negociar. El gobierno, en cambio, parece decidido a mantener la presión hasta que ceda.

Este fin de semana, Salinas Pliego cumplió 70 años y lo celebró a lo grande. Anunció su festejo en la Arena Ciudad de México, convocando a miles de personas y con presencia de figuras del entretenimiento, la política y los negocios, entre. La celebración busca ser un mensaje de fuerza en pleno asedio. Un recordatorio de que sigue siendo un actor central del poder económico en México, pese a la ofensiva en su contra.

Posdata 1

El anuncio de “renovación” del PAN este fin de semana marcó el inicio formal de una nueva etapa en la oposición mexicana. Después de años de cargar con el lastre político del PRI, una alianza que le restaba más de lo que le sumaba, los panistas decidieron soltar amarras y relanzarse como una fuerza que busca “recuperar su identidad” y reagrupar el voto opositor en torno a una agenda más moderna y menos contaminada por el pasado. La decisión fue celebrada por buena parte de la militancia y, sobre todo, por los legisladores y gobernadores azules, que desde hace meses pedían autonomía frente a los acuerdos nacionales con el tricolor.

Lo que también quedó claro es que este movimiento no ocurre en el vacío, pues hubo guiños a Movimiento Ciudadano. Dirigentes del PAN han comenzado a tender puentes con el partido de Dante Delgado para construir una nueva narrativa opositora, más fresca, ciudadana y con mayor proyección hacia 2027 y 2030. MC, por su parte, juega su propio ajedrez, sabiendo que podría convertirse en el eje de una coalición alternativa, libre del desgaste del “PRIAN”.

En junio, adelanté en esta columna que se cocinaba esa nueva alianza opositora que podría juntar a panistas y emecistas en un frente que busque equilibrar el poder ante Morena y sus aliados. El escenario que parecía lejano hoy toma forma con este distanciamiento oficial del PRI, que enfrenta quizá su hora más crítica y la posibilidad real de quedar políticamente marginado.

La oposición mexicana, en consecuencia, entra en un proceso de reconfiguración profunda. El PRI se apaga, el PAN busca reinventarse y MC mide su momento para saltar al centro del tablero. En esa disputa por el relevo opositor se define buena parte del rumbo político del país para los próximos años.

Posdata 2

Esta semana, Luis Humberto Montaño García, exdiputado federal suplente de Morena y hasta hace poco funcionario de la Secretaría de Gobernación, será presentado oficialmente como nuevo militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La apuesta del Verde es posicionar desde ahora a Montaño como su carta fuerte para competir en 2027 por la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza, uno de los bastiones panistas más estratégicos del corredor metropolitano.

Luis Montaño fue titular del área que coordina al Instituto Belisario Domínguez del Senado, donde consolidó redes de operación política y territorial. Su llegada al PVEM forma parte de una estrategia más amplia del partido —alineada al bloque oficialista de Morena— para fortalecer su presencia en municipios clave del Valle de México, donde busca capitalizar el desgaste del PAN y las pugnas internas en Morena. En los últimos meses, Montaño se ha dejado ver con estructuras locales y operadores de la 4T en Atizapán, encabezando reuniones vecinales y actos públicos.

En el entorno político mexiquense esta jugada se interpreta como un ensayo de reposicionamiento del Verde rumbo a 2027, donde el partido buscará retener presencia propia y negociar candidaturas estratégicas dentro de la alianza con Morena y el PT. Montaño, con discurso moderado y perfil técnico, podría convertirse en un enlace entre el oficialismo federal y los intereses locales, sobre todo en un municipio donde la competencia con el PAN será cerrada y donde las estructuras verdes han crecido discretamente.

En el PVEM Estado de México confían en que la incorporación de Montaño ayude a “oxigenar” el proyecto en Atizapán, sumar cuadros con experiencia legislativa y acercar al partido a un electorado urbano más amplio. Si todo se concreta como está previsto, su presentación se realizará esta semana con la dirigencia estatal del Verde.

Posdata 3

Este fin de semana, la Secretaría de Hacienda finalmente se posicionó sobre un tema que había generado mucha polémica: el intento del cobro retroactivo a las aseguradoras por no enterar el IVA en indemnizaciones donde acreditaban el impuesto directamente a clientes. Un asunto de 175 mil millones de pesos que buscaba el SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino.

La novedad es que la Ley de Ingresos de la Federación 2026 aclara que, para efectos de IVA, no será acreditable el impuesto cuando las compras o servicios tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado. Es un candado explícito a una práctica extendida en la liquidación de siniestros, donde las compañías deducían el impuesto como parte de sus gastos operativos, reduciendo su carga fiscal.

Hacienda formaliza que no aplicará cobros antes de 2025, lo que alivia al sector de deudas pasadas y de un cúmulo de controversias legales. A partir de este año, las aseguradoras deberán pagar el IVA ellas mismas, sin traslado a terceros, ajustando de manera definitiva la normativa fiscal.

La medida, presentada como un acto de “certeza jurídica y piso parejo”, responde en realidad a la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para elevar la recaudación sin subir las tasas. El sector asegurador tendrá que revisar su contabilidad 2025 y absorber el costo del impuesto en sus estados financieros. Es el tipo de movimiento técnico que pasa inadvertido, pero que deja claro que Hacienda busca cerrar cualquier resquicio de interpretación flexible en los grandes contribuyentes.