Consummatum est. No es que me ponga bíblica: es que la tragedia está consumada. Con la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado con 76 votos a favor y 39 en contra, la figura de suspensión contra actos de autoridad queda hecha trizas.

Lo que antes era un muro de contención contra el abuso del poder, ahora es papel de baño legislativo. De hecho, deberían tener la decencia de renombrarla: ya no es Ley de Amparo, es la Ley de Desamparo.

No sorprendió que ignoraran consultas ciudadanas, opiniones de juristas y advertencias de especialistas. Lo único que hizo la mayoría oficialista fue fingir que escuchaba, para después votar al vapor, en la noche y de espaldas a los ciudadanos. Es decir, como siempre.

Y qué curioso: justo antes un juez de la 4T había concedido un amparo a un marino acusado de participar en huachicol fiscal. Un amparo que, según las pruebas, huele más a blindaje político que a justicia. Los memoriosos recuerdan también aquel amparo a favor de Andy López Beltrán, que ni se ha anulado ni el propio beneficiado ha tenido el pudor de declinar.

Lo grave no es solo la maniobra: es el silencio sepulcral de jueces y ministros —los del acordeón— que deberían defender el orden constitucional. Ahora ya no hay instrumentos reales de defensa contra abusos del Estado. Le abrieron pista libre al autoritarismo: sin obstáculos, sin árbitros y sin controles.

El eufemismo es insultante: llaman a esta reforma “por seguridad nacional”. Traducción: por seguridad de las autoridades en turno, que ahora pueden atropellar derechos sin que el ciudadano tenga un resquicio legal para frenarlos.

La diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, anunció que garantizará un proceso legislativo “ordenado y transparente” y prometió votar en contra si la reforma llega en los mismos términos. Buen discurso, lástima que en la práctica poco o nada valga: con la aplanadora de la 4T en San Lázaro, la ratificación es inminente. Y ella lo sabe.

Un senador oficialista incluso se atrevió a presentar una reserva de retroactividad en la Ley de Amparo. Eso equivale a dinamitar un principio básico del derecho: ninguna ley puede ser retroactiva si daña a las personas, solo si las beneficia. O son ignorantes, o peor, desprecian abiertamente a quienes dicen representar.

Así se desmorona la democracia: a golpes legislativos. Cada reforma erosiona lo poco que queda de instituciones. El Amparo era la última defensa del ciudadano frente al poder; ahora lo desdibujaron para que la corrupción campee, el clientelismo someta y el nepotismo sea la marca registrada de las “famiglias” de la 4T.

Mientras medio país está tomado por el crimen organizado, la otra mitad queda en la indefensión. El ciudadano pierde escudos contra monopolios, abusos burocráticos y arbitrariedades del poder. Y la ironía final: las leyes, en vez de protegerlo, lo criminalizan.

¿Efectos colaterales? La inversión extranjera directa (IED) no es ciega ni ingenua: medirá con lupa si vale la pena arriesgar capital en un país que liquida garantías jurídicas. Otro clavo al ataúd del empleo y la estabilidad.

Consummatum est. Justo a tiempo le dieron el amparo al criminal, y al resto de los mexicanos nos dejaron en el desamparo total.

La Ley de Amparo y la ley de los payasos

Entre lo serio y lo chusco parlotean nuestros legisladores. Porque francamente, el trabajo que realizan solo ha logrado convertir ambas cámaras en un circo de dos pistas.

En la discusión sobre la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, la propuesta de retroactividad resultaba abiertamente inconstitucional. El artículo transitorio de la llamada “reforma cuatrotera” no solo violaba principios básicos del derecho, sino que creó un problema que luego intentaron “solucionar” eliminando aquello que ellos mismos habían aprobado.

Y ahora quieren hacernos creer que, con borrar ese pedazo, la reforma ya quedó “limpia” y constitucional. Nada más falso.

El despropósito es de tal magnitud que habría que rebautizarla como Ley del desamparo.

En este espectáculo tragicómico no podía faltar Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte, quien en su momento intentó también colar un transitorio para alargar su presidencia —aunque no le resultó—. Ahora sale a pedir “respetuosamente” que el Legislativo retire el artículo, como si no supiera de memoria las mañas que él mismo ayudó a institucionalizar.

Aun sin el transitorio, la reforma vacía de contenido al amparo. Le quita su fundamento, y con él desaparece la última defensa de la ciudadanía frente a los abusos de autoridad. Si a eso sumamos el control que el régimen mantiene sobre los tres poderes, los augurios para la democracia, los derechos humanos y la justicia son, por decirlo con elegancia, de pronóstico reservado. Por no decir, francamente, funestos.

Parece que el juego de la 4T consiste en empujar todo lo posible, ver hasta dónde se rompe la cuerda y, luego retirar solo aquello que hace demasiado “ruido”. Lo demás —la inmundicia jurídica, el autoritarismo disfrazado— se queda. Así fue con la reforma al amparo, y así con la siguiente joya legislativa: la Ley de los payasos.

El diputado morenista Armando Corona Arvizu presentó su genial ocurrencia: una iniciativa “antimemes”, ya bautizada en redes como ley anti stickers. Su texto proponía cárcel a quien se burlara de alguien mediante un sticker o un meme, y la pena se duplicaba si el afectado era un político o funcionario. Hasta seis años de prisión por hacer chistes.

La reacción fue inmediata. Las redes ardieron. El diputado reculó, ofreció disculpas y prometió que su iniciativa “ya no aplicará” a servidores públicos. Pero, en este país, hasta no ver, no creer.

Más allá del evidente distractor que es, la propuesta revela algo más preocupante: no toleran la burla. Y eso es un error monumental. Dejar que un pueblo se ría de sus gobernantes es una de las válvulas de escape más baratas y eficaces para cualquier régimen.

Castigar la mofa con prisión es un atentado contra los derechos humanos, en particular, contra la libertad de expresión.

Lo peor: mientras nos entretenían con la “ley anti stickers”, lograron desviar la atención de lo realmente grave: la mutilación del amparo, el huachicol fiscal, la barredora de Adán Augusto, la casita de Fernández Noroña y, una vez más, el viejo experimento de este gobierno: estirar la liga hasta que reviente.

Entre la reforma a la ley de amparo y la ley de los payasos, este país —y su gente— se queda sin derechos y sin defensa.

Giro de la Perinola

Saldo de la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México: 94 policías y 29 civiles heridos, 7,500 negocios vandalizados, más de 23 millones de pesos en pérdidas y solo un detenido.

Por lo visto, el apoyo a la policía por parte del gobierno capitalino es nulo, el respeto a la ley inexistente y la protección a la ciudadanía… una broma cruel.