Los desastres de septiembre de 2025 en México, con las inundaciones en el Valle de México y el apagón masivo en la península de Yucatán, no fueron incidentes aislados, sino la consecuencia directa de una política de gasto público cortoplacista.
El país ha sacrificado su infraestructura productiva para mantener un modelo fiscal rígido, dominado por el servicio de la deuda y las transferencias. Se está comprando la estabilidad social al precio de la ruina material del Estado, con efectos políticos y económicos ya visibles.
En el Valle de México, una precipitación récord desbordó los sistemas de drenaje, afectando miles de viviendas en Nezahualcóyotl, Estado de México, e Iztapalapa, Ciudad de México. Simultáneamente, una falla en una línea de transmisión dejó sin electricidad a más de 2.2 millones de usuarios en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Las respuestas gubernamentales han atribuido los problemas a lluvias “atípicas” o hundimientos diferenciales. Sin embargo, la infraestructura hídrica nacional tiene décadas de antigüedad, construida mayormente entre los años 40 y 60. Cuando un sistema no ha sido renovado ni ampliado conforme al crecimiento urbano, el problema no es sólo la lluvia; es que el margen de seguridad técnica se ha agotado. El deterioro crónico transforma lo “atípico” en una catástrofe social y económica predecible.
La vulnerabilidad en el sureste es un ejemplo claro de decisiones estratégicas fallidas. La península de Yucatán consume más energía de la que produce, dependiendo críticamente de una línea troncal de transmisión. El sexenio pasado, la Comisión Federal de Electricidad canceló el tendido de una línea alterna y, con ello, eliminó una redundancia vital, sacrificando la resiliencia energética nacional por la austeridad presupuestaria inmediata.
Frente a la crisis hídrica, el gobierno optó por el presentismo político: en lugar de invertir en la mejora del drenaje y la renovación de la infraestructura hídrica (gasto invisible y preventivo), se anunciaron apoyos de ocho mil pesos a las familias damnificadas para enseres y limpieza (gasto visible y reactivo). Así, el Estado socializa el riesgo de sus propias negligencias de inversión, convirtiendo los fallos técnicos en un costo fiscal recurrente.
El verdadero obstáculo para la renovación de la infraestructura es la insostenible presión sobre las finanzas públicas. El análisis fiscal de los primeros ocho meses del año muestra una caída real de 33.7% en el gasto en inversión pública, para cubrir el servicio de la deuda y los programas sociales.
El país destina una parte creciente de su riqueza a pagar a sus acreedores y a mantener la paz social mediante transferencias, y lo hace a costa de la formación de capital fijo que impulsa el crecimiento productivo. Al descuidar la inversión en infraestructura, especialmente la hídrica y sanitaria, se perpetúa la vulnerabilidad de los más pobres.
Cuando el drenaje colapsa en Iztapalapa o el servicio eléctrico se interrumpe en Cancún, los fallos dejan de ser técnicos y se convierten en problemas de gobernabilidad. Demuestran que el Estado carece de la capacidad fiscal y material para garantizar los servicios básicos, lo cual mina la legitimidad de cualquier administración. La rigidez del gasto público, impulsada por una deuda creciente y la inamovilidad de los programas sociales, está condenando a la nueva administración a operar con un presupuesto de inversión crónicamente debilitado.
El problema es que así, sin inversión física suficiente, el país no va a poder crecer de forma sostenida. Y si no crece no va a tener los recursos fiscales para cubrir los gastos que se ha echado encima. Sin crecimiento, la única alternativa será una reforma fiscal y ya sabemos que ésa nunca llega sin generar malestar en las calles.
El país debe dejar de gestionar las crisis e invertir en prevenirlas. El costo social y político de esta negligencia es la hipoteca más onerosa que México enfrenta, transfiriendo una infraestructura obsoleta y peligrosamente frágil a las futuras generaciones.
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