El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de la estrategia de seguridad del presidente Donald Trump enfocada en presuntos vínculos con cárteles de la droga, informaron a Reuters dos funcionarios mexicanos.
Aunque algunos casos ya se habían hecho públicos, el nuevo reporte revela que las cancelaciones han sido mucho más amplias de lo que se conocía, afectando principalmente a miembros del partido Morena, actualmente en el poder. También se han reportado revocaciones en otros partidos políticos, según las fuentes, que pidieron el anonimato por la sensibilidad del tema.
Entre los pocos nombres confirmados está la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha rechazado tajantemente cualquier relación con el crimen organizado. Estados Unidos no está obligado a justificar estas decisiones, ya que el umbral para revocar una visa es más bajo que el requerido para imponer sanciones o iniciar un proceso judicial, indicaron las fuentes.
Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense declaró que las visas pueden ser canceladas cuando se detectan “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. Agregó que la administración Trump ha mantenido una “buena relación de trabajo” con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y expresó su intención de mantener una colaboración bilateral.
Christopher Landau, exembajador en México y exfuncionario del Departamento de Estado, se ha referido a sí mismo como “El Quitavisas”, mientras que otros diplomáticos como Roberta Jacobson y Earl Anthony Wayne señalaron que esta escala en revocaciones no tiene precedentes y refleja un uso político de las herramientas diplomáticas por parte del gobierno de Trump.
Las revocaciones también se han extendido a otros países de América Latina. En Colombia, el presidente Gustavo Petro perdió su visa tras criticar a Trump en una manifestación. En Brasil, más de 20 funcionarios han sido afectados, mientras que en Costa Rica, incluso el expresidente Óscar Arias fue incluido, sin explicación oficial.
En México, la medida ha causado preocupación entre políticos que viajan regularmente a Estados Unidos. Según una fuente con conocimiento del tema, la información de inteligencia de la DEA tiene cada vez más peso en estas decisiones, especialmente desde que la administración Trump ha considerado designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas.
El Departamento de Estado no publica datos sobre cuántas visas han sido canceladas a funcionarios extranjeros. Sin embargo, exdiplomáticos como John Feeley, exembajador en Panamá, advierten que la estrategia podría ser contraproducente, ya que pone en riesgo la cooperación en materia de seguridad con el gobierno mexicano.
