Empresas presuntamente vinculadas a la producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa, recientemente sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, han sido proveedoras de instituciones públicas en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Según información obtenida por El Universal en la Plataforma Nacional de Transparencia, al menos siete de estas compañías recibieron 630 contratos por adjudicación directa entre 2018 y el primer semestre de 2025, con un valor total de 35.7 millones de pesos.
El pasado lunes 6 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 12 empresas y ocho personas físicas por suministrar precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo a la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las empresas señaladas como proveedoras del sector público son: Comercial Viosma del Noroeste SA de CV, Storelab SA de CV, Favelab SA de CV, Importaciones y Nacional Marcerlab SA de CV, Favela Pro SA de CV, Quilab SA de CV y Sumilab SA de CV.
Estas compañías han entregado insumos a universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Sonora (Unison), Universidad Estatal de Sonora (UES), Instituto Tecnológico de Sonora, así como al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Universidad Politécnica de Sinaloa y la Universidad Politécnica del Valle del Évora.
También realizaron entregas a centros de investigación científica como el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con sede en Mazatlán, que otorgó 70 contratos por 6.1 millones de pesos a Storelab y Sumilab entre 2021 y 2024. Según la OFAC, Storelab es filial de Sumilab, incluida en su lista desde 2023.
Entre las dependencias federales que contrataron a estas empresas se encuentra la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A nivel estatal, el gobierno de Sinaloa adjudicó contratos mediante su Secretaría de Administración y Finanzas, Instituto de Infraestructura Física y Educativa, Centro de Ciencias de Sinaloa, DIF estatal y otras dependencias. También hubo adquisiciones por parte del Hospital Civil de Culiacán.
En Baja California Sur, los contratos se celebraron a través de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud y el Sistema de Agua Potable del municipio de La Paz, que firmó compromisos con Favelab SA de CV.
En mayo de 2023, la OFAC emitió su primera sanción contra Sumilab, propiedad de la familia Favela López, quien posteriormente modificó la razón social y la imagen de sus empresas, pero continuó operando en el sector.
La autoridad estadounidense acusa a esta familia de encabezar una red que provee precursores químicos tanto al Cártel de Sinaloa como a empresas en Estados Unidos, utilizadas en la síntesis de fentanilo y metanfetamina. Según el boletín oficial, “operan bajo la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a operadores afiliados al cártel”.
