La geopolítica moderna se caracteriza a menudo por la diplomacia selectiva, donde la condena de atrocidades se ejerce con fervor en escenarios seleccionados, mientras se ignoran crímenes financiados por los propios patrocinadores.
Este dilema ético se manifiesta de manera cruda en el reciente viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Palestina, una misión para denunciar la guerra en Gaza que fue, según sus propias palabras, costeada por una “invitación oficial” de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU).
La aceptación de este patrocinio, calificado por la oposición como una posible violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, introduce una profunda hipocresía en la postura moral del legislador.
El país del golfo Pérsico, que pone la tribuna para condenar el sufrimiento palestino, es simultáneamente el principal soporte material del grupo paramilitar responsable de un genocidio activo en Sudán. Esta estrategia emiratí es vista como un intento de lavado de imagen diplomático, utilizando la causa de Gaza para desviar la atención de su papel desestabilizador en África.
El centro de la barbarie sudanesa se ubica en Darfur, donde el conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha degenerado en una catástrofe humanitaria con una marcada dimensión étnica. Las RSF son la evolución directa de las infames milicias yanyauid, responsables de masacres que la Corte Penal Internacional ha investigado desde 2003 y que este mismo mes condenó al señor de la guerra Ali Kushayb por 31 cargos de crímenes contra la humanidad, incluyendo violación, tortura y ataques a la población civil.
La reciente captura de Al-Fashir, capital del estado de Darfur del Norte y último bastión de las SAF en la región, fue un punto de inflexión devastador. La ciudad estuvo sitiada por 18 meses, condenando a sus 250 mil habitantes al hambre. Tras la caída, las RSF desataron una campaña de terror, ejecutando sumariamente a más de dos mil civiles, incluyendo mujeres y niños.
La crueldad de estos crímenes está ligada al racismo y a la ideología de la supremacía árabe. Los ataques de las RSF están dirigidos sistemáticamente contra comunidades negras, como los masalit, fur y zaghawa. La inacción global ante la magnitud de estos crímenes es evidente.
La conexión entre las atrocidades en Darfur y Emiratos Árabes Unidos es material y logística. Amnistía Internacional ha establecido que el régimen emiratí es un proveedor esencial de armamento y fondos para las RSF, en violación del embargo de armas vigente para Darfur.
El análisis de la organización identificó armamento chino de última generación que fue reexportado por EAU, país que proporciona a las RSF la capacidad de realizar una limpieza étnica de manera sistemática y precisa. Eso lo convierte en cómplice de crímenes de guerra, como la matanza de civiles en lugares como Al-Fashir.
La causa de la justicia global se desvirtúa cuando el mensajero acepta lujos pagados por un régimen que alimenta la guerra. Durante su gira financiada por EAU, el senador Noroña hizo uso de protocolos de alto nivel, incluyendo el transporte en vehículos BMW como parte del servicio diplomático emiratí.
La contradicción se agudiza al ser captado él y un asistente en un salón VIP del aeropuerto de Dubái antes de abordar su vuelo de regreso a México. El contraste entre el lujo ofrecido a Noroña y el sufrimiento de la población no árabe en Sudán —financiados uno y otro con el mismo dinero— resulta éticamente insostenible.
La denuncia de un genocidio en Gaza pierde toda validez moral cuando se acepta un patrocinio que facilita las masacres y la hambruna en Darfur. La utilización de la causa palestina como escudo para justificar un viaje financiado por un facilitador de la limpieza étnica en Sudán es una hipocresía que mancha el activismo y deshonra la exigencia de justicia. El cheque emiratí para denunciar el genocidio en Oriente Medio está cubierto con la sangre derramada en Al-Fashir.
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