EL CONTEXTO DEL acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y el sector asegurador es relevante, sentará un precedente y servirá de base para dar certidumbre a otras industrias.
Como se informó aquí, desde tiempos de Raquel Buenrostro, el SAT emprendió una política inflexible y desproporcionada de recaudación en todos los segmentos de la economía.
Se iniciaron auditorías transversalmente a los grandes contribuyentes, y a la vez el SAT modificó repentinamente criterios normativos para ampliar explosivamente la recaudación.
El gobierno de la 4T se fue contra FEMSA, de José Antonio Fernández Carbajal, Walmart, que preside Cristian Barrientos, IBM, que lleva Mauricio Torres, América Móvil, de Carlos Slim, BBVA que comanda Eduardo Osuna, entre otros corporativos.
En el caso de las aseguradoras, el inexplicable criterio de considerar que el IVA que pagan al cubrir siniestros y reembolsar a sus asegurados, no podía ser acreditado contra el IVA que cobran al obtener ingresos por las primas de los seguros, sorprendió por absurdo y desmedido.
HOY, DESPUÉS DE años de litigio y negociaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum finalmente cedió a su pretensión de cobrar retroactivamente este IVA y decidió blindar a los funcionarios del SAT a través de una reforma legislativa.
Y es que el acuerdo se hizo constar en transitorios de una reforma a la Ley del IVA, como parte de la Miscelánea Fiscal para el próximo año.
Este paquete de reformas fiscales ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y será materia de análisis en el Senado en los próximos días.
El texto de la reforma a la Ley del IVA, por una parte, establece en el artículo 25, fracción XIV, que el IVA pagado por aseguradoras no podrá acreditarse (es decir, compensarse o disminuirse) del IVA cobrado por las primas.
Esto implicará un incremento en el precio de los seguros, pues el IVA que pagan las aseguradoras se convertirá en un costo directo para la compañía de seguros y repercutirá directamente en los modelos actuariales que establecen el monto de las primas.
Es decir, que el IVA lo acabaremos pagando los asegurados, no tanto las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que lidera Pedro Pacheco.
Por otra parte, en los transitorios de esta reforma se establece que las aseguradoras podrán acreditar el IVA pagado al cubrir siniestros hasta el 31 de diciembre de 2014.
Y que aquellas que ya tengan abiertas auditorías o litigios, tendrán derecho a un estímulo fiscal por el monto total de los adeudos que se les hubieran determinado por este concepto, incluyendo recargos.
En pocas palabras, se elimina el cobro retroactivo del criterio de Buenrostro y que por más de seis años sostuvo también su relevo, Antonio Martínez Dagnino.
EL ASUNTO DEJA varias lecciones. La primera es que las decisiones fiscales agresivas del SAT invariablemente generan costos para la población. Inventar o duplicar impuestos genera flujo en el corto plazo para Hacienda, pero le costará a la gente en el bolsillo y tendrá efectos inflacionarios en el mediano y largo plazos.
La segunda es que el gobierno tendrá que ser cauteloso con la agresividad del SAT, que puede resultar en quiebras de empresas críticas para la economía, desincentivar inversiones y generar contingencias muy importantes para el país en arbitrajes de inversión.
Y más aún ahora, cuando la 4T ha consumado un golpe fatal a la independencia del Poder Judicial federal, donde ya ningún contribuyente tiene posibilidades reales de ganarle al fisco un litigio importante.
Ni hablar de las reformas a la Ley de Amparo que limitan las defensas fiscales y que se aplicarán de inmediato a juicios en curso.
Y es que, a últimas fechas, la principal preocupación de inversionistas extranjeros ya no son la inseguridad y el crimen organizado, sino la incertidumbre fiscal que genera el SAT.
Esto no pasa desapercibido en las oficinas de Hacienda, de Édgar Amador, la Subsecretaría de Ingresos, a cargo de Carlos Lerma, ni tampoco en Economía, de Marcelo Ebrard, o en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, a cargo de Altagracia Gómez.
EN EL SAT, su principal elemento de generación de efectivo, el gobierno podría tener también una espada de Damocles, y el gran culpable de torpedear las negociaciones del nuevo T-MEC y de alejar inversiones productivas.
En el sector empresarial se espera que el modelo, de acuerdo con lo inaugurado con el sector asegurador, pueda ser un referente para la negociación de más acuerdos fiscales, que permitan optimizar la recaudación.
Pero sin quebrar empresas ni ahuyentar inversiones, a la vez de resolver arbitrajes de inversión que podrían costarle al país miles de millones de dólares.
En la agenda de conflictos fiscales de alto impacto anote la controversia en materia de IVA en operaciones de comercio exterior en la industria maquiladora que está actualmente en la Suprema Corte, que preside Hugo Aguilar, y que involucra miles de millones de pesos y amenaza la permanencia de empresas emblemáticas en el sector maquilador, como Samsung, que dirige Thomas Yun.
También los litigios fiscales de mineras canadienses por los precios de transferencia; los conflictos fiscales de empresas de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas; el litigio por más de cuatro mil 500 millones de pesos de Telefónica, que capitanea Camilo Aya, entre otros.
LO QUE PARECERÍA sensato, dado que los tribunales dejarán de ser una ventana efectiva de control a los excesos del SAT, sería privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Ahí están las herramientas de negociación, como el acuerdo conclusivo con participación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a cargo de Gilberto Camacho, y también los nuevos mecanismos que prevé la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Lo que queda claro es que la política fiscal no puede ser recaudatoria a ciegas, sin consideración a alguna de las consecuencias e impactos económicos y financieros que puede tener un SAT desbocado y sin límites.
Las aseguradoras podrían ser el primer paso en la dirección de una política fiscal sólida que sí genere mayores ingresos públicos, pero no a costa de quebrar empresas, ahuyentar inversiones y meter a México en litigios internacionales.