ESTE MARTES, LA Comisión de Hacienda y Crédito Público, que encabeza el morenista, Carol Antonio Altamirano, puso sobre la mesa un tema que huele a polémica: el aumento del IEPS de 30 a 50% a los juegos con apuestas y sorteos, incluido el segmento en línea.
La propuesta, enviada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. que lleva Édgar Amador Zamora, forma parte del Paquete Económico 2026 y promete recaudar unos cinco mil millones de pesos adicionales.
En el papel suena razonable: más impuestos a una industria considerada “de lujo”. Pero en la práctica, advierten los expertos, podría salir más caro el remedio que la enfermedad.
El sector recuerda que 60% del juego en línea en México opera fuera del marco legal, lo que implica miles de millones de pesos que no llegan al fisco.
Subir la carga fiscal a quienes sí cumplen con permisos, controles y supervisión de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, sólo ampliaría la brecha entre la legalidad y la informalidad.
Los operadores advierten que la medida no sólo pondría en riesgo más de 60 mil empleos directos y 144 mil indirectos, sino que también alentaría a los jugadores a migrar hacia plataformas ilegales que el Estado no puede fiscalizar ni monitorear.
Además, el argumento comparativo con Europa es endeble: en países como Francia o Reino Unido los gravámenes se aplican sobre bases distintas: ganancias netas, tramos progresivos o topes específicos para el juego digital.
En México, 50% propuesto sería sobre utilidades brutas, sin deducciones, lo que asfixiaría a los permisionarios legales.
La industria sostiene que una tasa de ese nivel haría inviable su operación y, paradójicamente, reduciría la recaudación real.
“A mayor carga impositiva, menor captación fiscal”, repiten como mantra los representantes de este sector que han mantenido constantemente diálogo con Gobernación en busca de una reforma más moderna y coherente.
Cabe recordar que la Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947, y jamás fue pensada para un mercado digital ni para plataformas de iGaming que hoy mueven cerca de tres mil 700 millones de dólares anuales.
En ese sentido, la propia Rosa Icela ha dado pasos importantes: abrió mesas con permisionarios, operadores y legisladores para actualizar el marco normativo, regular el juego en línea y combatir la corrupción.
Pero si el Congreso aprueba el nuevo IEPS sin una ley actualizada, el golpe recaerá, precisamente, en los que sí cumplen.
Ojalá que diputados como los morenistas Rocío Abreu y Alfonso Ramírez Cuéllar; Federico Döring del PAN, Yerico Abramo del PRI o la emecista Patricia Flores ponderen el impacto económico real antes de levantar la mano.
Y es que en materia de apuestas, ya se sabe, cuando la casa juega sin reglas, siempre pierde el jugador.
RAFAEL MARÍN MOLLINEDO, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), calificó de avance histórico la Ley Aduanera impulsada por Claudia Sheinbaum y que fue aprobada por la Cámara de Diputados. La iniciativa modernizará los procesos aduaneros y tiene tres ejes clave: la modernización de procesos mediante tecnologías avanzadas y la digitalización de trámites, el expediente electrónico para agilizar operaciones y reducir tiempos de almacenamiento; el fortalecimiento de la seguridad y transparencia a partir de controles más estrictos para combatir la evasión, el contrabando y la corrupción; así como el impulso a la competitividad facilitando condiciones equitativas para las empresas mexicanas y promoviendo un comercio exterior más dinámico y eficiente. Con un nuevo marco jurídico robusto se avanza en la modernización del sistema aduanal en México, con el impacto a favor que representa para el comercio y la economía del país.
LE CONTAMOS EN este espacio que desde el mes de septiembre debían estar concluidos los trabajos de demolición de edificios abandonados y en mal estado pertenecientes a Banobras, que lleva Jorge Mendoza, labores para los que se destinaron 146 millones de pesos a la empresa Tordec. De acuerdo con el concurso LO-06-G1C-006G1C997-N-9-2024, la compañía que lleva Julio Torres debía hacerse cargo del derrumbe controlado de cuatro edificios en la avenida Juárez, así como del que se encuentra en el número 13 de avenida Paseo de la Reforma. No obstante, los inmuebles en cuestión siguen en pie. Para cubrir con la experiencia que requería la convocatoria para las tareas de demolición, Tordec aseguró mantener una alianza con la firma REM Reingeniería Ecológica, de Rubén Román. Sin embargo, en este punto existen dudas sobre la veracidad de ese acuerdo, por lo que está por detonarse una investigación de parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que maneja Raquel Buenrostro.
EL POSIBLE DESFALCO en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, a cargo en el sexenio pasado de María Elena Álvarez-Buylla, podría rebasar los 410 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. A pesar de que con la promulgación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se evitaría el desvío de recursos. Según la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, habría al menos 27 procesos de contratación y adquisiciones realizadas con observaciones por falta de documentación que justifique las transacciones. Se habla de la contratación del comedor institucional, pagos indebidos en el Programa de Becas de Posgrado y duplicidad en los padrones de beneficiarios. También en tiempos de Andrés Manuel López Obrador se ordenó una investigación en la FGR contra 31 científicos del Conacyt por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por un monto de 244 millones de pesos.
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