La terca realidad se empeña en opacar el discurso triunfalista del gobierno sobre la disminución de la violencia. Día con día, los sicarios contradicen al oficialismo.
Ayer le tocó a un sacerdote y a una excandidata del PT. Ambos fueron asesinados. Ya no respetan sexo, religión, edad, actividad. ¿Mañana a quién?
El cuerpo de Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de la iglesia de San Cristóbal, ubicada en la población de Mezcala, Guerrero, fue encontrado sin vida en el municipio de Eduardo Neri de esa entidad. Tenía 58 años.
Fue reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre. La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.
La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, iglesia de San Cristóbal, hizo público un comunicado en el que informa a la comunidad parroquial, “con profundo dolor”, que Bertoldo Pantaleón Estrada “ha partido a encontrarse con nuestro Señor”.
Y pide a los fieles que encomienden sus oraciones por su alma “y para que la paz esté en nuestro estado”.
*Simultáneamente se dio a conocer que Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata del PT a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando se dirigía en su camioneta a recoger a su hija en una escuela de la comunidad de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac.
Las crónicas dicen que, luego de ser atacada por hombres armados, el vehículo de la excandidata se estrelló contra la barda de la primaria Benito Juárez de esa localidad.
Agentes de distintas corporaciones desplegaron un operativo en carreteras que comunican Atoyac con las regiones de Yanga y Paso del Macho sin que pudieran ser ubicados y detenidos los responsables.
La dirigencia del PT, aliado de Morena, condenó el asesinato de su excandidata, a quien describió como “joven política entusiasta, madre de familia y abogada que se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos”.
Y exigió a las autoridades correspondientes que efectúen las investigaciones necesarias y lleguen al fondo del asunto, que consideró como “penoso”, para que no haya impunidad.
* Por fin llegó la minuta de la Ley de Amparo a la Cámara de Diputados, aprobada en el Senado el pasado 2 de octubre. Incluye el transitorio que viola el artículo 14 de la Constitución sobre no retroactividad de las leyes. Nadie ha reclamado la paternidad de ese transitorio, que fue rechazado por la presidenta Sheinbaum al día siguiente de su aprobación.
Sólo se sabe que lo presentó el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara por órdenes de quién sabe quién.
Hay versiones en el sentido de que el Senado retuvo la minuta durante días porque la mayoría intentó enmendarla después del pronunciamiento de la mandataria.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, celebró qué haya prevalecido la “prudencia” en el Senado al mandar la minuta a San Lázaro tal como la aprobó. Lo contrario habría sido ilegal.
Es un hecho que el transitorio será eliminado en San Lázaro y que la minuta regresará a la Cámara alta para completar el proceso legislativo.
Sobre la Ley de Amparo, la organización México Evalúa, centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, recomienda a los diputados analizarla con cuidado.
Reconoce que la digitalización y agilización de plazos son avances positivos, pero advierte que los cambios propuestos en aspectos clave disminuyen la eficacia del amparo como herramienta de defensa de derechos.
“Las restricciones a la suspensión, al interés legítimo y a la responsabilidad de las autoridades representan un retroceso en la protección de derechos y afectan desproporcionadamente a los grupos más vulnerables”, puntualiza.
Y dice que es alentador que desde la Presidencia de la República se haya manifestado la postura de retomar el artículo transitorio original que evita la retroactividad de la ley, un principio jurídico fundamental.
* Anahí Torres, periodista potosina, denunció en la mañanera de ayer que cuatro hombres con armas largas la interceptaron fuera de su oficina e hicieron amenazas directas hacia su persona y dos periodistas más: Omar Niño y Carlos Domínguez.
“Este ataque ocurrió tras la publicación de notas periodísticas que documentaron una presunta red de espionaje en el estado, mismas que, por su alcance en redes sociales, incomodaron visiblemente al gobernador del estado, Ricardo Gallardo”, acusó la periodista.
Preguntó a la Presidenta: ¿Podría su gobierno revisar la actuación del gobernador respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas de San Luis Potosí?
En respuesta, Sheinbaum le pidió a Torres que, al terminar la mañanera, buscara a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, a fin de revisar lo denunciado “tanto para apoyo de protección como una revisión de por qué se está dando esta situación”.
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