Matar al abogado David Cohen en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue un acto de poder e impunidad. Lo ejecutaron de un balazo en la cabeza este lunes, en horas de intensidad peatonal, porque es cuando van terminando las comidas en esa zona, corazón del Poder Judicial capitalino, repleta de policías bancarios, auxiliares y judiciales.
Su muerte no puede ser normalizada o minimizada. Cohen era un abogado de alto perfil con importantes conexiones en los tribunales y en la política, cuyo asesinato se inscribe en una incontenible degradación de la vida pública y social que vivimos.
Cohen era un abogado que llevaba asuntos muy delicados y de mucho dinero en juego, reconocido por lo duro que era y por no mostrar nunca miedo. Era querido y odiado, como todos los abogados con casos polémicos, pero hasta donde se sabe, ninguno relacionado con el crimen organizado. Su asesinato produjo temores e incertidumbre en grupos de chats de abogados, donde el sentir de vulnerabilidad fue evidente. ¿Quién fue capaz de ordenar su asesinato? Pero, sobre todo, ¿por qué a esa hora y en ese lugar?
El abogado tenía una muy estrecha relación con Rafael Guerra, el poderoso y controvertido presidente del Tribunal de Justicia, de quien era la llave de la puerta para ver asuntos difíciles que, por alguna razón, se habían atorado en los tribunales. Ejecutarlo en las escalinatas de su sede ¿llevaba un mensaje?, por el modus operandi del atentado, la probabilidad de que así fuera es alta. No tiene la tipología de haber sido un crimen pasional o uno relacionado con la delincuencia organizada. Todo apunta a que fue una acción bien planeada.
Cohen era un visitante asiduo al tribunal, pero no para litigar en la barandilla, sino para acudir a su derecho de audiencia, a cabildear sus casos o aceitar sus relaciones públicas y políticas con los magistrados, como fue este lunes. Por lo mismo, no tenía días específicos para ir y cuando eso sucedía, salvo que fuera a una comida al edificio, tampoco horarios de rutina.
Se puede plantear, como hipótesis de trabajo, que estaban siguiendo al abogado para determinar el momento y lugar ideal del atentado. Una segunda hipótesis presupone que alguien dentro del tribunal avisó a los agresores que iba a estar en el edificio y podrían cazarlo al salir. Haberlo realizado en ese lugar tan lleno de gente y policías, era el mensaje de poder, de fuerza y de impunidad.
La primera declaración del presunto asesino, Héctor Hernández Escartín, fortalece la segunda hipótesis, porque dijo a las autoridades capitalinas que “se lo pusieron”, y sólo tuvo que esperarlo media hora para ejecutarlo. Quien avisó conocía la agenda del abogado y sabía a qué había ido al tribunal. Su presunto asesino, un joven de 18 años, dijo que le ofrecieron 50 mil pesos, pagaderos una vez cumplida la encomienda, lo que también es extraño para este tipo de arreglos, porque normalmente se adelanta la mitad de lo pactado.
No era la primera vez que lo hacía, según el bien informado periodista en estos temas, Carlos Jiménez, quien señaló que ya ha había cometido un asesinato en ese lugar y no tuvo problemas para escapar en el Metro. Si las autoridades corroboran sus dichos, posiblemente se refería al atentado contra el chofer del magistrado en materia penal, Ramón Alejandro Sentíes, quien fue baleado afuera del estacionamiento del mismo tribunal el pasado 10 de abril.
Esa acción tuvo el mismo modus operandi: dos personas se le aproximaron en una motocicleta y Hernández Escartín le disparó tres tiros. El ataque –el chofer sobrevivió– fue resultado de una confusión, porque el objetivo era el magistrado, quien un mes y medio después denunció en la fiscalía capitalina que, a través de un video de personas con pasamontañas, lo habían amenazado de muerte.
Dos atentados de alto impacto en seis meses afuera del tribunal son demasiados. El de Cohen pudo haberse concretado sin detenciones, como el de abril, salvo que el presunto asesino se topó con un policía de investigación que lo capturó, porque los dos escoltas que acompañaban al abogado no hicieron nada. El azar impidió la fuga del presunto atacante, pero su detención difícilmente aportará pruebas que permitan saber quién contrató a quien le dio el arma y ofreció pagarle tras el crimen. Menos aún sabremos el móvil.
Las autoridades, salvo que demuestren lo contrario, no van a esclarecer el caso de manera sólida y convincente, como lo fue con el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, donde la célula que se contrató para ejecutarlo sabía el móvil y de parte de quién –el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación–, lo que no fue sólo una rareza de la investigación, sino un absurdo, porque así no funcionan los bloques de ejecución. Tampoco informarán lo que averigüen, como con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores más cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pese a tener los detalles de quiénes y por qué los ejecutaron, porque políticamente sería un estallido sin control.
Los crímenes políticos o de alto impacto no suelen resolverse en este país, no por falta de capacidad, sino por el enjambre de relaciones y complicidades que se cruzan, que son el galvanizador de la degradación de la vida pública y social que vivimos. Hay un proceso de putrefacción en el que estamos metidos, quizás sin que muchos se den cuenta o alcancen a ver su profundidad, donde el común denominador que lo alimenta es que no se pagan costos.
¿Por qué no hay un punto de retorno en la corrupción institucional? ¿Por qué no hay sanción? ¿Por qué los criminales son dueños de territorios en el país? ¿Por qué los políticos cometen fechorías, delitos públicos y se burlan cuando los exhiben? Se cometen ilegalidades porque todos los incentivos están alineados con esa impunidad que nos atraviesa a todos, que nos va carcomiendo como sociedad y quitándonos la seguridad. El asesinato de Cohen es una nueva prueba de esta realidad. De ahí, los temores y las incertidumbres, la impotencia y la vulnerabilidad, como si fuera el destino manifiesto del México de hoy.
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