El asesinato del abogado David Cohen Sacal frente a la Ciudad Judicial encendió una mecha dentro del sistema judicial que amenaza con detonar una guerra de poder entre dos figuras que hasta hace poco se mostraban como aliadas institucionales: Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y Bertha Alcalde Luján, fiscal general de justicia capitalina.
Desde que Cohen fue abatido a unos metros del edificio donde Guerra despacha, las versiones no oficiales apuntaron a que ambos se habían reunido momentos antes del ataque. El Tribunal lo niega, asegurando que el magistrado se encontraba en otra reunión, pero nadie ha logrado desmentir con certeza que Cohen —litigante influyente, con acceso a despachos de jueces y magistrados— se reunió con él minutos antes de morir. Lo cierto es que en el Tribunal y entre los abogados todos saben que Guerra y Cohen se conocían desde hace años, y que el abogado servía de intermediario en causas donde los intereses políticos y económicos se cruzaban.
La fiscal Bertha Alcalde, recién llegada al cargo y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ordenó una revisión integral de los expedientes en los que Cohen participaba como abogado o asesor. Esa decisión, en apariencia institucional, fue interpretada en los círculos del Tribunal como una declaración de guerra. Revisar los casos de Cohen implica escudriñar los fallos, los jueces y las redes de influencia que durante años han rondado alrededor de Guerra, quien busca reelegirse por tercera ocasión al frente del Poder Judicial de la capital.
En público, ambos personajes guardan las formas. En privado, la tensión es evidente. Alcalde representa la línea de renovación, transparencia y control político que Sheinbaum intenta imprimir en el aparato judicial. Guerra, en cambio, lleva casi una década en el poder, mantiene un control férreo de jueces, contratos, presupuestos y nombramientos, y ha sabido tejer alianzas con personajes del Partido Verde, como el senador Manuel Velasco Coello y los hermanos Jesús y Guillermo Sesma Suárez. Su reelección depende no solo de los votos del Pleno de magistrados, sino de su capacidad de demostrar que el Tribunal sigue siendo una estructura útil para el poder político.
Detrás del poder de Rafael Guerra Álvarez se teje una red que combina intereses judiciales, políticos y empresariales. Ayer revelé que en su círculo más estrecho figuran su secretaria particular y operadora Karen Nalleyli Miranda Reyes, así como los jueces Nelly Ivonne Cortés Silva, José Alfredo Sotelo Llamas, Júpiter López Ruiz y Enrique Saldaña Baranda, todos señalados por vínculos operativos dentro del Tribunal. El grupo se extiende hacia la Fiscalía capitalina, a través del exfiscal interino Ulises Lara López y su operador Octavio Israel Ceballos Orozco, encargados de tareas de investigación y control de expedientes sensibles. Desde el ámbito político, los nexos con el Partido Verde son evidentes: el diputado Jesús Sesma Suárez, su hermano Guillermo Sesma, y el senador Manuel Velasco funcionan como aliados estratégicos y padrinos institucionales. A la red se suman empresarios como Guillermo y Bernardo Voguel Fernández de Castro, ligados al ramo del acero y a contratos públicos con gobiernos locales, así como despachos privados que se han beneficiado de resoluciones judiciales favorables. En los márgenes aparecen figuras políticas como el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y Sandra Cuevas, quienes gravitan en el grupo de Guerra, sin mencionar a múltiples despachos penalistas y civilistas.
El asesinato de Cohen desbarata la narrativa de estabilidad que Guerra ha intentado proyectar en medio de una crisis institucional que ya no puede ocultarse. Detrás de las versiones oficiales comienzan a aparecer patrones inquietantes. No fue el primer atentado en los alrededores de Ciudad Judicial: meses antes, el chofer de un magistrado cercano a Guerra fue baleado en circunstancias similares, también por hombres en motocicleta. En ambos casos, los agresores actuaron con precisión y a plena luz del día, lo que alimenta la hipótesis de que los ataques son mensajes internos, ajustes de cuentas dentro de un poder que se disputa entre ellos mismos.
Mientras la Fiscalía avanza en su investigación y promete hacerlo “con todo rigor”, en el Tribunal cunde el nerviosismo. Guerra ha optado por el silencio, pero ha instruido a su equipo a blindar toda información sobre sus reuniones, visitas o comunicaciones con Cohen. El problema es que la falta de transparencia alimenta las sospechas. En el entorno judicial, hay quienes ven en el homicidio del abogado una advertencia a quienes saben demasiado o han participado en operaciones que hoy podrían salir a la luz.
El choque entre Guerra y Alcalde es una disputa por el control del aparato de justicia más grande del país, que maneja miles de millones de pesos en presupuesto, contratos y sentencias. Alcalde intenta proyectar una Fiscalía autónoma, libre de pactos y de intereses; Guerra encabeza un Tribunal muy cuestionado. Ambos saben que uno no puede fortalecerse sin debilitar al otro. Y el caso Cohen, con sus ramificaciones judiciales y políticas, se ha convertido en el escenario perfecto para medir fuerzas.
En el fondo, lo que está en juego es mucho más que una presidencia. Si la Fiscalía logra probar que detrás del asesinato de Cohen hay intereses judiciales o vínculos con jueces y magistrados, la reelección de Guerra quedaría políticamente muerta. Si, por el contrario, el caso se diluye o se cierra sin responsables de alto nivel, el magistrado consolidará su narrativa de víctima de una campaña política y usará el episodio para reforzar su poder interno.
Posdata 1
Pese a que el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, aspira a poder cobrar más de un billón de pesos en créditos fiscales firmes con la nueva Ley de Amparo, la realidad es que buena parte de ese dinero existe solo en el papel. Según datos oficiales, apenas el 58% de esos créditos son factibles de recuperación, el resto se perderá entre empresas quebradas, litigios inconclusos o simples errores administrativos. Lo cierto es que el cambio legal que limita las impugnaciones fiscales ya comenzó a generar un clima de desconfianza empresarial que puede costar mucho más que lo que el gobierno pretende recaudar.
Ayer expuse el caso de Samsung, que enfrenta un litigio millonario con el SAT por la supuesta doble cobranza del IVA en operaciones de importación temporal bajo el esquema IMMEX. El caso, que según fuentes equivale a seis años de utilidades acumuladas, ha encendido alarmas en Corea del Sur, pues el consorcio busca una “resolución constructiva”, aunque no descarta reubicar operaciones si la autoridad fiscal insiste en cobrarle el monto completo. El mensaje para el gobierno de Claudia Sheinbaum no podría ser más claro: la sobrefiscalización o persecución podría espantar inversiones estratégicas.
Posdata 2
En medio de la discusión del Paquete Económico 2026 y del ajuste al IEPS para bebidas azucaradas, Coca-Cola México firmó un acuerdo con la Secretaría de Salud que busca reducir el consumo calórico de sus productos y promover versiones sin azúcar.
El timing no es casual. Hacienda proyecta una recaudación superior a los 40 mil millones de pesos anuales por el IEPS a bebidas azucaradas, al tiempo que la industria de refrescos intenta reposicionarse ante la narrativa gubernamental de salud pública. Coca-Cola propone bajar 30% de las calorías de sus productos y migrar hacia versiones sin azúcar, a cambio de que se mantenga un “impuesto reducido” para bebidas sin calorías, como la línea Coca-Cola Zero, que será su nueva bandera comercial rumbo a 2026.
El documento deja ver la mano de la Secretaría de Salud en una negociación que busca evitar choques con los legisladores que impulsan aumentar el gravamen por litro. La compañía promete reformular el 70% de su portafolio y eliminar la publicidad dirigida a menores, pero también introduce un punto clave: vincular el IEPS a contenido calórico, un modelo de incentivo fiscal que podría abrir la puerta a otros productos ultraprocesados.
Posdata 3
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó su Cuarto Informe de Gobierno. El político de MC impulsa su llamado “Modelo Nuevo León”, en el que presume 90 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en cuatro años, una reducción histórica de la pobreza del 24.3% al 10.6%, y un crecimiento industrial que mantiene al estado como el motor económico del norte.
La seguridad, otrora flanco débil del estado, es ahora una de sus banderas. Bajo la dirección de Gerardo Escamilla, la nueva Fuerza Civil acumula más de mil patrullas, nueve helicópteros y un Black Hawk, con reducciones del 80% en delitos de alto impacto y del 78% en homicidios.
La confrontación con Adrián de la Garza, su viejo rival priista y exalcalde de Monterrey, y Francisco Cienfuegos, no ha cesado desde la elección de 2021, pero se puso en segundo término. De la Garza busca reposicionarse como opción “institucional” frente al estilo irreverente de García, y ya perfila una coalición PAN-PRI para 2027 que intentará capitalizar el desgaste del gobernador. Sin embargo, el termómetro local apunta a que Movimiento Ciudadano conserva fuerza: figuras como Miguel Flores, Javier Navarro y Martha Herrera suenan como posibles cartas de continuidad, mientras Mariana Rodríguez, pese a descartarse públicamente, aparece en todas las encuestas internas como la aspirante natural para sucederlo.
El escenario rumbo a 2027 anticipa una batalla entre dos modelos: el de la vieja política representado por De la Garza —aliado de algunos grupos empresariales tradicionales— y el de García, que apuesta por mantener el control del estado a través de una nueva generación de líderes del llamado partido “naranja”. El nearshoring seguirá siendo el eje del discurso, con los 37 mil 800 millones de dólares en IED sólo en 2025, más de 32 mil empleos generados y una red logística en expansión con el nuevo libramiento Juárez-Pesquería, la carretera Interserrana y la Presa León .
Si Samuel García logra entregar en tiempo las líneas 4 y 6 del metro y consolidar la imagen de Nuevo León como el Silicon Valley industrial de México, el “Modelo NL” podría trascender políticamente.
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