Una iniciativa del diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, busca castigar con hasta seis años de prisión la difusión de memes, stickers, deepfakes y otros contenidos digitales que ridiculicen o dañen la reputación de personas, incluidos servidores públicos, lo que ha generado un fuerte rechazo social y mediático.
Conocida como “Ley Anti-Memes” o “Ley Anti-Stickers”, la propuesta fue presentada en septiembre y plantea reformas al Código Penal Federal para sancionar la creación y distribución de imágenes alteradas, audios o videos generados con inteligencia artificial sin consentimiento de la persona involucrada, con agravantes si se trata de funcionarios.
Corona Arvizu argumenta que la medida busca combatir el ciberacoso, basándose en datos del INEGI sobre violencia digital, y proteger tanto a ciudadanos como a figuras públicas. Sin embargo, críticos y usuarios de redes sociales han calificado la iniciativa como un intento de censura que pone en riesgo la libertad de expresión y el humor político en México.
La reacción fue inmediata. Usuarios de X (antes Twitter), Instagram y otras plataformas ironizaron la propuesta con memes dirigidos al propio legislador, acusándolo de autoritario y comparándolo con regímenes como el chavista. Frases como “Se acabó la libertad en México” y “Más peligroso un memero que un huachicolero” se viralizaron con miles de interacciones.
Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente de la iniciativa, asegurando que no representa la postura oficial del Gobierno federal ni del partido Morena. Medios como Infobae, El Financiero y Animal Político señalaron que este tipo de propuestas ya habían sido intentadas en el pasado por otros partidos, sin éxito, debido a la presión social.
La cuenta de redes sociales del diputado Corona Arvizu fue puesta en modo privado, tras recibir una avalancha de críticas y burlas, lo que provocó aún más contenido humorístico sobre su reacción.
Actualmente, la iniciativa sigue en comisiones sin avance legislativo, mientras organizaciones civiles, defensores de derechos digitales y usuarios llaman a rechazarla, argumentando que México requiere leyes contra la violencia real, no contra la sátira.
A pesar de la controversia, los memes continúan circulando, lo que refuerza la resistencia social a los intentos de regular el humor digital en el país.
