No vayan a salir con que se trató de otro accidente. No lo fue. Dos disparos en la cabeza no son un accidente: son un homicidio calificado. Y cuando la víctima es una mujer de 20 años, cadete de la Guardia Nacional, que antes había denunciado sufría acoso dentro de esas institución, el crimen debe llamarse por su nombre: feminicidio.
No fue la única en denunciar; varias compañeras confirmaron su testimonio. Quienquiera que intentara encubrir el asesinato con la versión de un “accidente en práctica de tiro” no es solo una mentira: es complicidad. Quisieron proteger a un asesino que, para colmo, era agente de la ley. Un hombre que juró defender a México y terminó asesinando a su compañera de armas. Pero el crimen no lo cometió solo quien apretó el gatillo. También lo cometieron quienes, sabiendo que Stephany estaba siendo acosada, prefirieron mirar hacia otro lado.
El principal sospechoso es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a compañía de la Guardia Nacional. Él recién detenido. Y sí, se trata de un crimen cometido dentro de una corporación armada del Estado mexicano.
En la Guardia Nacional, como en el Ejército, existen reglamentos y una cadena de mando. Y hay responsabilidades que no se pueden esconder detrás del fuero militar. El feminicidio tiene una pena mayor que el homicidio calificado -de 40 a 60 años de prisión frente a 20 a 40- porque implica un móvil de género, de odio, de dominio. Negarlo es minimizar el crimen.
¿En serio, Guardia Nacional? ¿En serio, Fiscalía del Estado de Guerrero? ¿Ni siquiera porque la gobernadora de esa entidad es mujer pueden reconocer que se trata de un feminicidio? Es vergonzoso. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que ambas fiscalías (la de Puebla, siendo oriunda de esa entidad) investigan el asesinato de Stephany. ¿Y la gobernadora guerrerense? Silencio. Mucho dice ese silencio del “feminismo de la 4T”.
Más entereza mostró el presidente municipal de Ajalpan, Puebla -de donde era originaria Stephany-, quien pidió públicamente una investigación a fondo. No es opositor, es de la 4T. Pero entiende que la justicia no tiene ideología.
En un país donde se registran 1.8 feminicidios al día, según el SESNSP, no se puede permitir otro caso más. Y menos cuando ocurre dentro de las propias instituciones que deberían protegernos. Stephany fue asesinada por dos balas, sí, pero también por la indiferencia. Por la omisión de quienes debían cuidarla y no lo hicieron.
Stephany temía represalias por denunciar. Nadie la cambió de unidad. Nadie la protegió. La dejaron sola.
La presidenta -con “A”- tiene la obligación de actuar. No puede permitir que este crimen se clasifique como homicidio calificado. Debe exigir que se investigue y castigue como feminicidio. Que se erradique el acoso dentro de la Guardia Nacional, el Ejército y cualquier otra corporación.
No llegamos todas. No llegó Stephany. No llegaron las miles de mujeres asesinadas por ser mujeres. En la Guardia Nacional hay culpables por omisión. Pero no podemos serlo todos por guardar silencio ante otro feminicidio más. Es momento de exigir justicia.
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