Este lunes 20 de octubre, el contraalmirante Fernando Farías Laguna comparece por primera vez ante la justicia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en relación con su presunta participación en una red de contrabando de combustible que operaba en las aduanas mexicanas, considerada la mayor trama de corrupción del sexenio.
La audiencia se produce tras varios intentos por aplazar el proceso, con el argumento de falta de acceso completo a la investigación. La causa penal lo señala como uno de los líderes, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, de una estructura dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos y al lavado de dinero.
De acuerdo con documentos judiciales, los hermanos Farías Laguna utilizaban su rango militar y vínculos dentro de la Secretaría de Marina para tomar el control de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). Bajo el apodo de Los Primos, supuestamente designaban marinos en puestos estratégicos para operar la red. Fuentes militares los identifican como protegidos del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, a quien se menciona como respaldo clave en su ascenso.
Los delitos por los que se les acusa incluyen delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De ser encontrados culpables, los hermanos enfrentarían penas de hasta 40 años de prisión.
La investigación, iniciada en marzo de 2025, se intensificó tras la detención de un barco cargado con millones de litros de gasolina ilegal. En septiembre, se anunció la aprehensión de 14 personas más relacionadas con la red. Según las autoridades, esta operación representa el mayor golpe a la corrupción durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El esquema de contrabando, conocido como huachicol fiscal, consistía en ingresar combustible al país sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ocultándolo como mercancía exenta de gravamen. Las autoridades detectaron un desajuste millonario entre los ingresos declarados por los hermanos y su nivel de vida. En el caso de Fernando Farías, con ingresos oficiales de 15 millones de pesos desde 2016, se identificaron gastos por 65 millones, invertidos en inmuebles, vehículos y seguros de vida.
La investigación destaca que ambos adquirieron propiedades de lujo y realizaron pagos millonarios en seguros médicos y de vida, método utilizado, según los peritos financieros, para blanquear dinero ilícito mediante cancelaciones anticipadas y reembolsos “limpios” en el sistema bancario.
El caso es llevado por la juez Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien también condujo el proceso de la llamada Estafa Maestra. El impacto económico estimado del contrabando de combustible es de 177 mil millones de pesos anuales para la hacienda pública.
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