El gobierno de Donald Trump está aprovechando la información que le proporcionan sus servicios de seguridad e inteligencia, pero también los 55 jefes de cárteles de la droga enviados por el gobierno mexicano, muchos de los cuales han buscado ya acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses, para dar una serie de golpes notables, tanto contra el cártel de Sinaloa como contra el de Jalisco, en su país y en otras naciones, sin intervenir hasta ahora directamente en México.
El negocio del tráfico de drogas es global. Tanto el Cártel de Sinaloa en sus diferentes vertientes, como el CJNG, operan, según fuentes oficiales, en unos 40 países y, por supuesto, tienen redes que van desde Polonia a Sudáfrica, de Malasia a Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Argentina, España, Italia y varias naciones africanas, con lazos importantes en China e India para comprar precursores y lavar dinero. Por eso son tan importantes los operativos simultáneos que han realizado las autoridades estadunidenses.
Entre el 25 y 29 de agosto pasados, la DEA y otras agencias de la Unión Americana ejecutaron un operativo simultáneo en siete países contra el Cártel de Sinaloa, con la participación de 23 divisiones de la DEA dentro de Estados Unidos y otras agencias nacionales, que resultó en 617 detenidos y más de 10 toneladas de drogas incautadas, incluyendo fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína. También se decomisaron millones de dólares en efectivo, armas y otros bienes ligados al cártel.
Entre el 22 y 26 de septiembre de 2025, la DEA lideró otro operativo internacional similar contra el CJNG, que terminó con 670 detenidos y la incautación de 22 toneladas de cocaína, fentanilo, metanfetaminas, heroína, armas y más de 48 millones de dólares en efectivo y activos. Ambos operativos se hicieron en forma simultánea en Estados Unidos y en varios países, para romper las redes de distribución y estructuras de los cárteles. El impacto en México de estos operativos, no se percibe aún con claridad, porque no están realizados en forma simultánea con las autoridades de nuestro país, pero afectan a las estructuras delincuenciales, especialmente en el ámbito financiero y de distribución de drogas, aunque el efecto a largo plazo en la reducción de la violencia en México es difícil de medir debido a la complejidad del fenómeno.
En la última semana, el departamento del tesoro sancionó a ocho personas y 12 empresas propiedad de Víctor Andrés Favela López, exbeisbolista y gerente deportivo de los Saraperos de Saltillo y sus hermanos. Los identifica como operadores de una extensa red de lavado de dinero para Los Chapitos. Al mismo tiempo, el 25 de septiembre pasado en una acción poco difundida en México, un gran jurado condenó a 26 integrantes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, también de Los Chapitos, que operaban en EU. Las detenciones en México se dan de otra forma. Apenas en las últimas horas hubo muchas y muy importantes. Fueron detenidos personajes clave del mundo criminal: en Durango cayó un sujeto apodado Don José, uno de los jefes de los Cabrera Sarabia. En la CDMX fue detenido el fin de semana el líder del cártel venezolano del Tren de Aragua, Nelson Echezuría. En Mérida fue detenido el jefe de plaza de Chiapas del Cártel de Sinaloa, apodado La Fresa. Antes había sido detenido, del lado guatemalteco, el líder en la región del CJNG y de lo que se hace llamar el Cártel Chiapas-Guatemala.
No subestimo de ninguna forma esas detenciones, pero en México no se suelen hacer operativos tan extendidos que rompan simultáneamente las redes criminales, lo que en muchas ocasiones les permite reagruparse y reemplazar a los detenidos. Las razones pueden ser muchas, pero creo que se basan, sobre todo, en la desconfianza que existe entre y con muchas autoridades, porque para ese tipo de operativos amplios, simultáneos, se debe colaborar con distintos estamentos gubernamentales y es más difícil mantener el secreto. Algunos se han intentado con éxito en diferentes regiones, como los del Estado de México, pero incluso el último desarrollado en torno a Valle de Bravo no terminó teniendo el éxito que se esperaba, porque por alguna razón de última hora no se llegó a todos los objetivos propuestos. Hay quienes dicen que lo impidieron intereses políticos locales, relacionados en ese caso con Morena. Pero si eso ocurre en un ámbito regional, local, imaginemos lo que implicaría hacerlo en un espacio regional o nacional, mucho más amplio.
Pero si se pudiera operar de esa forma lo beneficios podrían ser mayores. La pregunta es si tenemos los instrumentos, incluyendo la inteligencia, y la estructura ministerial como para procesar todas esas órdenes de aprehensión simultáneas sin que se filtren para poder dar ese tipo de golpes. Eso y mucho más es lo que tenemos que ir construyendo en el ámbito de la seguridad. El problema es institucional y quedan en ese sentido muchas piezas por mover, muchos círculos por cerrar, muchas complicidades por romper.
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