La ya larga tolerancia de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México a los actos violentos del llamado Bloque Negro —un grupo de vándalos encapuchados que se hacen llamar anarquistas— ha resultado en un crecimiento alarmante de su capacidad destructiva.
Su aparición en el contexto de manifestaciones como las del 2 de octubre y el 10 de junio, entre otras, tiene el sello de la impunidad que corroe el orden público.
El punto álgido de esta permisividad se dio en la marcha del 2 de octubre de 2025. Como han hecho otras veces, los integrantes del Bloque Negro se infiltraron en la movilización por el 57 aniversario de la masacre de Tlatelolco, desvirtuando la protesta pacífica y el recuerdo legítimo de aquellos hechos, cometiendo actos de violencia que incluyeron saqueos a joyerías y otros negocios en el Centro Histórico, y lesiones a decenas de personas.
Estos actos delictivos dejaron pérdidas millonarias a los comerciantes. Sin embargo, dicha violencia no es nueva. Entre los antecedentes se recuerda el saqueo de una tienda Adidas en junio de 2020, así como los destrozos en una cafetería Starbucks de la colonia Condesa durante las recientes protestas contra la gentrificación.
La estrategia de la autoridad capitalina, que prioriza la “contención” para que no se le acuse de “represora”, ha dado lugar a una patente de corso para el grupo, generando una peligrosa impunidad que lo ha fortalecido.
El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, declaró que la violencia del 2 de octubre de 2025 fue una “gran provocación” y señaló que la infiltración fue de aproximadamente 350 encapuchados, un número que calificó de inusitado. Sin embargo, el que la presencia violenta sea cada año mayor y más organizada es el resultado de años de dejar actuar a estos delincuentes sin consecuencias.
La violencia suscitada el jueves pasado fue grave: 94 policías y 29 civiles resultaron lesionados (incluidos periodistas y transeúntes), con 16 policías que requirieron hospitalización por golpes y quemaduras, tres de ellos en estado delicado. La inacción no sólo daña a los negocios, en momentos de estancamiento económico, sino que además pone en riesgo la vida de los elementos policiales y la población en general.
Atacar con bombas molotov a policías que van desarmados debiera ser considerado un intento de asesinato y perseguido como tal. Pero en lugar de condenar tajantemente esa violencia, el gobierno capitalino se congratuló de que su policía no había actuado “como la de Díaz Ordaz”.
Esta impunidad tiene raíces históricas vinculadas con personajes que ahora son parte del partido en el poder. Tras los graves disturbios del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, los entonces diputados federales del PRD —partido del que provienen muchos de los líderes de Morena en la Ciudad de México— Roberto López Suárez y José Luis Muñoz cubrieron las fianzas de los 14 detenidos por los actos vandálicos.
El Bloque Negro es, irónicamente, un Frankenstein creado por la tolerancia e inacción de sucesivos gobiernos capitalinos, surgidos primero del PRD y luego de Morena. La única manera de asegurar que el próximo 2 de octubre o en cualquier otra manifestación no se repitan los destrozos, las lesiones y el robo es que la autoridad de la Ciudad de México actúe con firmeza y sin cálculos políticos: se debe proceder penalmente de manera contundente contra los responsables que lesionaron a policías y civiles, y robaron negocios el jueves pasado.
Sería increíble que, en una ciudad con una amplia red de cámaras como ésta, no hubiera capacidad para identificar rápidamente a los autores y someterlos a proceso por sus actos.
La justicia para las personas heridas y los comerciantes saqueados es el único camino para desmantelar a este grupo y su cultura de impunidad.
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Catón lo dice bien claro: ¨Hoy Escriben – Catón
“. El bloque negro causó daños en el desfile del 2 de octubre.”.
Para que el espacio rinda
diré sin prisa ni pausa
que mayores daños causa
el bloque de color guinda.¨