Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), denunció haber recibido amenazas luego de solicitar una investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández por presuntas irregularidades patrimoniales, conflictos de interés, tráfico de influencias y situación fiscal.
Las amenazas comenzaron tras la entrega del oficio a la Mesa Directiva del Senado el pasado 20 de octubre de 2025, de acuerdo con declaraciones retomadas por el medio Latinus.
“Que me está pagando la derecha, que me paga el PRI, que me paga Ricardo Salinas, y que además pues que me las voy a ver con la gente de ‘La Barredora’…”, reveló Pérez Morales al señalar el riesgo que enfrenta tras evidenciar al senador.
Adán Augusto ha sido señalado por su crecimiento patrimonial durante sus encargos como gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación y actualmente como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Además, se le vincula con Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, a quien impulsó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco.
La titular del SNA hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al ente fiscalizador de Tabasco y a la Auditoría Superior de la Federación, para que revisen el patrimonio del legislador de manera retroactiva.
Además, acusó a integrantes del propio Sistema Nacional Anticorrupción de ejercer presión en su contra, particularmente a los consejeros Patricia Talavera y Rafael Martínez Puón, este último también director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Talavera exigió que se eliminara la solicitud presentada ante el Senado y que se retirara de las redes sociales del organismo, lo que generó cuestionamientos internos sobre sus posibles vínculos o intereses con el legislador.
A pesar de las presiones, Pérez Morales sostuvo que todo servidor público debe estar sujeto a escrutinio, sin importar su afiliación política o cargo: “la declaración patrimonial puede dar indicios de conflicto de interés… y si eventualmente estos otros negocios están implicados en temas de corrupción, también que se les aperture investigaciones”, puntualizó.
