Durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Moreno (Alito), se convirtió en un aliado estratégico de Adán Augusto López, primero como senador y luego como secretario de Gobernación. Fotos de abrazos, reuniones en Palacio Nacional, acuerdos parlamentarios y hasta votaciones del PRI a favor de Morena para sacar reformas que exigían mayoría calificada daban cuenta de esa relación. Fue en ese periodo cuando Alito se ufanaba de ser un factor de equilibrio y, en privado, presumía interlocución directa con el círculo cercano de AMLO.
La alianza PRI-Morena, bautizada con el mote de “Primor”, se sostuvo en los años críticos en que López Obrador perdió la mayoría calificada en San Lázaro. Adán Augusto y Alito encontraron en esto una complicidad muy conveniente para ambos: votos priistas a cambio de protección política y judicial. Incluso el propio López Obrador, en una de sus mañaneras, dejó escapar que a Moreno se le conocía ya como “Amlito”, en alusión a su papel en esa complicidad. El líder tricolor se volvió un operador útil para el régimen.
Pero la caída de Adán Augusto cambió la ecuación. En la sucesión presidencial, su derrota frente a Claudia Sheinbaum significó para Alito la pérdida del manto protector. La “alianza intolerable” se rompió abruptamente. La realidad es que Sheinbaum nunca toleró esa cercanía y, apenas asumió la Presidencia, buscó marcar distancia. Además, tras las elecciones del 2024 el PRI dejó de serle útil al bloque en el poder, pues logró la mayoría calificada. Alito quedó expuesto y sin una red de protección.
El cerco en su contra se ha endurecido en tres frentes. Primero, el político. El proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía de Campeche se remonta a agosto de 2022. Se congeló durante meses en la Cámara de Diputados y volvió a la agenda este año tras las presiones de Sansores y del bloque morenista.
El segundo frente es el judicial. Y aquí la propia Presidenta elevó la temperatura. En su conferencia matutina del miércoles, al hablar de la expropiación de terrenos ligados a Alito por parte de la gobernadora Layda Sansores, Sheinbaum dijo: “lo que entiendo es que son propiedades adquiridas por lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema”. Un día después, al ser cuestionada por la firmeza de sus palabras, matizó pero insistió en el fondo de la acusación: “Yo dije, ‘parece que’, … ‘parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos’.
La Fiscalía de Campeche y también la FGR tienen carpetas abiertas con base en las revelaciones de Sansores y las denuncias, entre estas audios comprometedores que exhiben supuestas extorsiones a empresarios, uso irregular de recursos partidistas y enriquecimiento ilícito. Nadie duda que hay elementos, aunque también está claro que la gobernadora ha convertido la persecución en venganza política personal.
El tercer frente es, precisamente, el patrimonial. El gobierno de Campeche, mediante decretos firmados por Sansores, ya expropió al menos cuatro predios vinculados a la familia y allegados de Moreno. Uno de ellos a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros tres registrados a nombre del arquitecto Juan José Salazar. En total, se trata de terrenos que van desde poco más de mil metros cuadrados hasta más de cinco hectáreas, y que el gobierno estatal declaró de “utilidad pública” para construir una universidad. Alito denunció públicamente que estas expropiaciones son parte de una persecución política en su contra.
Frente a este panorama, Moreno ha buscado auxilio en Estados Unidos, en una especie de operación de rescate internacional en la que se muestra como un perseguido del régimen, víctima de la 4T, pero su supuesta relación con el secretario Marco Rubio parece no ser tan real.
El golpe es definitivo. Palacio Nacional ha enviado mensajes contundentes. La FGR prepara órdenes de aprehensión contra su círculo más cercano, mientras que varios priistas y expriistas observan, entre el miedo y el regocijo, el desmoronamiento de su líder.
Posdata 1
En el enredo de la reforma a la Ley de Amparo apareció un nombre que pocos tenían en el radar: el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena. Fue él quien incluyó la polémica reserva sobre la retroactividad, la misma que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó públicamente con un llamado a respetar la Constitución. Huerta fue delegado del Bienestar en Veracruz, presidente estatal de Morena y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Agricultura en el Senado.
Se le ubica como cercano al grupo de Adán Augusto López. En Veracruz juega a veces en contra, a veces a favor, de la gobernadora Rocío Nahle, a la que primero criticó y luego respaldó en su propuesta de someterse a la revocación de mandato.
De quien sí es cercano es de Sergio Gutiérrez Luna, otro morenista veracruzano y operador en San Lázaro, que algunos dentro del partido identifican como pieza clave en la trama de la reserva sobre la Ley de Amparo. Todo indica que no fue un simple error técnico, sino una jugada política que buscaba medir fuerzas dentro y fuera del Senado.
Este jueves, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tomó distancia y calificó el artículo transitorio como “inadecuado” y advirtió que será revisado a fondo por la Comisión de Justicia. En palabras llanas, Monreal dejó claro que no habrá vía rápida para convalidar retroactividades que violen la Constitución.
La Presidenta está decidida a poner orden en el Congreso, tras la neutralización de Adán Augusto López. En este caso, soltó un nuevo manotazo en la mesa. La pregunta es si el senador Huerta actuó en solitario o si alguien le dio luz verde para agitar (aún más) el avispero.
Posdata 2
El último año de Cuitláhuac García dejó a Veracruz con un daño patrimonial de más de 2 mil 30 millones de pesos, según el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. La lista de irregularidades recorre 41 entes estatales y 174 municipios, con obras emblemáticas como el estadio Pirata Fuente, el Aquarium y el Nido del Halcón. Este es el mayor boquete financiero de la historia reciente del estado.
En otro episodio de Morena contra Morena, la actual gobernadora, Rocío Nahle, heredera de García, terminó enviando a la ASF y a la Contraloría estatal a auditar a su antecesor. El resultado: observaciones por hasta mil 600 millones de pesos en el sector Salud, contratos inflados en insumos y servicios, y denuncias contra exfuncionarios cercanos al exgobernador. Morena fiscalizando a Morena, en una guerra donde la sucesora busca deslindarse del desastre que encontró. Aunque Nahle arrastra sus propios cadáveres en Dos Bocas, la refinería que prometió operar en 2022 y que hoy acumula sobrecostos que triplicaron la inversión original —de 7 mil a casi 22 mil millones de dólares—, retrasos de más de dos años, fallas técnicas y contratos asignados a discreción.
Mientras tanto, Cuitláhuac sigue despachando como director del CENAGAS, en la administración de Sheinbaum, un premio que se ha convertido en un lastre cada vez más incómodo, porque mientras despacha en ese organismo clave para el sector energético, en Veracruz se multiplican las auditorías y denuncias contra su gobierno.
Posdata 3
Fitch Ratings le dio un nuevo respiro a Pemex al elevar su calificación de “BB” a “BB+”. No es todavía el grado de inversión, pero sí un paso importante en ese camino que, como me adelantó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, en la pasada Convención Bancaria, sería una prioridad. La estrategia central de Pemex es recuperar el acceso a los mercados que perdió en 2020.
La señal es doblemente significativa porque Fitch ha sido la calificadora más dura con Pemex. Fue la primera en retirarle el grado de inversión hace cinco años y la que ha mantenido su evaluación independiente en “CCC”, casi chatarra, una especie de recordatorio de que debajo del paraguas soberano la compañía sigue enfrentando pérdidas operativas, una deuda que ronda los 99 mil millones de dólares y un modelo de negocio aún atado al apoyo fiscal.
Las tres grandes agencias muestran optimismo, pero no desbordado. Fitch coloca a Pemex en “BB+” con perspectiva estable; Moodys la mantiene en “Ba2” —dos escalones por debajo del grado de inversión— con perspectiva estable; y Standard & Poor’s la ubica en “BBB-”, apenas un escalón arriba del abismo especulativo, también con perspectiva estable. La combinación sugiere que el retorno al grado de inversión no es improbable.
El desafío es sostener con hechos la confianza de las calificadoras e inversionistas con una mayor producción, apertura a inversión privada, disciplina financiera, menos dependencia del gobierno y un plan que convenza a los inversionistas.
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