El proyecto de construcción de nuevas presas en Sonora, incluido en el Plan Hídrico Nacional, ha sido cuestionado por su falta de sustento técnico y ha provocado denuncias de amenazas contra mujeres defensoras del agua y el territorio.
Nicolás Pineda Pablos, investigador y miembro de la Mesa de Análisis del Agua de la organización “Hermosillo, ¿Cómo Vamos?”, advirtió que el plan carece de estudios técnicos y documentos públicos que sustenten sus costos, beneficios y riesgos, antes de ser sometido a consulta ciudadana. Señaló que realizar una consulta sin información detallada equivale a firmar un “cheque en blanco”.
El especialista enfatizó que es necesario que la población conozca detalles como el tipo de presa, su capacidad de almacenamiento, el tamaño de la cortina, la extensión del vaso y el área de inundación, para poder tomar decisiones informadas. Además, alertó que el almacenamiento de agua no garantiza disponibilidad permanente y puede generar impactos negativos si no se consideran los flujos ecológicos y los riesgos aguas abajo.
También subrayó la importancia de evaluar los costos ambientales y sociales, así como los mecanismos de operación en condiciones extremas de sequía o lluvias intensas.
En relación con el anuncio del Gobierno estatal sobre declarar Área Natural Protegida (ANP) la zona de la presa Abelardo L. Rodríguez, Pineda Pablos consideró que la medida debe ir acompañada de reglas claras y vigilancia efectiva, ya que la declaratoria original de 1994 no ha sido aplicada de forma adecuada.
Paralelamente, dos mujeres activistas que se oponen al proyecto denunciaron amenazas y actos de intimidación. María Auxiliadora Haro Romo, conocida como Mary Haro, y Delia Piña, manifestaron haber sido objeto de hostigamiento por sus posturas públicas contra la construcción de presas en la región del Río Sonora.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Haro recibió amenazas directas, incluyendo la de ser desaparecida, mientras que Piña reportó represalias laborales presuntamente ligadas a su oposición, como la suspensión de su salario en el Ayuntamiento de Ures.
El OCNF solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora para garantizar la seguridad de las activistas. Hasta el momento, no se ha informado si la CEDH ha iniciado alguna investigación.
El sábado pasado se realizó una manifestación pacífica en Ures, donde habitantes reiteraron su rechazo al plan hídrico y a la construcción de presas como la de Puerta del Sol.
Con información de El Sol de Hermosillo
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