José Manuel “N”, de 16 años, desapareció en Irapuato, Guanajuato, el 18 de agosto de 2023. Tenía solo 13 años cuando fue visto por última vez, tras salir rumbo a una fiesta. Desde entonces, su familia lo buscó en más de 30 fosas clandestinas sin éxito.
Fue hasta septiembre de 2025 cuando su madre, Leticia Isabel, dejó de buscarlo. Una vecina le informó que lo había visto en una camioneta con hombres armados sobre la carretera Pénjamo-Abasolo. Después de indagar durante dos semanas, cinco personas en esa zona confirmaron haberlo reconocido por su fotografía.
José Manuel fue identificado por su complexión delgada, piel blanca y corte de cabello rapado. Una persona aseguró haberlo visto cuidando un punto de venta de droga en el centro de Abasolo. Leticia Isabel logró verlo a la distancia, portando un rifle y subiendo a una camioneta. Evitó acercarse por temor a represalias contra su otro hijo, menor que José Manuel.
Según testimonios, el adolescente fue reclutado por el Cártel de Santa Rosa de Lima, uno de los grupos criminales que, al igual que otras organizaciones, integra menores de edad a sus filas de forma forzada.
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que al menos 460 mil menores han sido reclutados en la última década por diversos cárteles. Fuentes vinculadas a los grupos criminales aseguran que todos los cárteles activos utilizan menores, no solo como sicarios, sino también para transporte de drogas, vigilancia y apoyo en laboratorios.
Los menores son preferidos por su docilidad y fidelidad, a diferencia de los adultos, quienes tienden a desertar o a ser ejecutados por desobedecer órdenes. Según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y el Cártel del Noreste son los que más practican el reclutamiento forzado.
Estos grupos utilizan amenazas contra las familias para obligar a los jóvenes a unirse. Los menores son aislados, sin contacto externo, y trabajan bajo condiciones que rayan en la esclavitud. En algunos casos reciben pagos semanales que van de los 400 a los 2 mil 200 pesos, dependiendo de la organización.
No existen cifras oficiales claras sobre el fenómeno. El CNI estima actualmente unos 440 mil menores y jóvenes reclutados, mientras que la Fiscalía General de la República solo reconoce extraoficialmente la participación de alrededor de 100 mil.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las detenciones de menores ligados al crimen han ido en aumento. En 2022 se registraron 18 casos, en 2023 fueron 73, en 2024 aumentaron a 128 y hasta septiembre de 2025 sumaban ya 171 menores detenidos por operar para organizaciones delictivas.
Los menores detenidos han declarado pertenecer principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, los Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo.
